La estrategia de mano firme que caracteriza la gestión del jefe de gobierno porteño chocó esta semana contra un obstáculo inesperado: una orden judicial que paraliza temporalmente uno de sus programas estrella. Un magistrado ordenó detener los operativos de recuperación de inmuebles que la administración viene ejecutando desde hace meses, una decisión que generó una reacción inmediata desde la sede gubernamental, con promesas de continuar adelante y críticas dirigidas tanto al tribunal como a figuras políticas de la oposición. Este enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial no solo tiene implicancias legales, sino que también refleja tensiones más profundas sobre cómo gestionar la ocupación irregular de propiedades en una ciudad donde la crisis habitacional es una realidad cada vez más visible.
La medida cautelar que frenó los desalojos
El pasado martes, el juez Roberto Gallardo, quien conduce un juzgado de primera instancia especializado en asuntos contencioso-administrativos, emitió una resolución que ordena al gobierno porteño abstenerse de ejecutar cualquier tipo de operativo destinado a desocupar viviendas. La medida, que reviste carácter colectivo, no permite que se realicen tapiados, clausuras, restricciones de acceso ni ninguna acción material tendiente a recuperar inmuebles ocupados irregularmente. El caso que originó esta intervención judicial comenzó de forma modesta: una demanda individual vinculada a un desalojo en la calle Montes de Oca al 1700. Sin embargo, la presentación se transformó en algo de mayor magnitud cuando diputados porteños del espacio Fuerza por Buenos Aires —Victoria Freire y Alejandro "Pitu" Salvatierra— así como la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, solicitaron que el amparo adquiriera alcance colectivo y se declarara la ilegalidad de toda la política de desalojos impulsada desde Casa de Gobierno.
El fallo del magistrado Gallardo estableció límites específicos para cualquier intervención futura. En caso de que exista riesgo edilicio inminente que ponga en peligro la vida de los ocupantes, el gobierno podrá actuar, pero con requisitos estrictos: deberá notificar previamente al tribunal, presentar un informe técnico detallado que especifique qué sectores del edificio presentan problemas estructurales y cuál es la justificación de la evacuación. Además, debe realizarse un relevamiento socio-habitacional individualizado y, cuando haya menores de edad involucrados, el Ministerio Público Tutelar debe participar en el proceso. Estos protocolos, según la perspectiva del gobierno, trasforman a la Justicia en una especie de auditor permanente de las decisiones administrativas.
La ofensiva del gobierno y sus críticas al fallo
Apenas conocida la decisión judicial, desde la Procuración General de la Ciudad se presentó un recurso de nulidad absoluta cuestionando la validez de la resolución. La administración macrista argumenta que el fallo es arbitrario y viola principios constitucionales y de orden público, particularmente el derecho a la propiedad privada. El jefe de gobierno no dudó en expresar su posición públicamente, recurriendo a redes sociales para dirigirse tanto al magistrado como a los legisladores que impulsaron la medida colectiva. "Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada", escribió, utilizando un apodo derogatorio para referirse a Salvatierra. Luego añadió una advertencia dirigida a quienes creyeran que este fallo detendría su política: "Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película".
Desde la Casa de Gobierno también cuestionaron la legitimidad del proceso judicial en sí mismo. Sostienen que la conversión de un amparo individual en una acción colectiva se realizó de manera irregular, particularmente porque permitió la incorporación de agrupaciones civiles y legisladores vinculados al kirchnerismo. Según la perspectiva de la administración, esto transformó una reclamación específica en un reclamo abstracto sobre la práctica general de desalojos. Macri enfatizó en sus declaraciones que no le importa qué juez apoye estas ocupaciones: lo que le interesa es recuperar propiedades que pertenecen a privados y que han sido tomadas irregularmente. Como dato de gestión, el gobierno informó haber recuperado 840 inmuebles desde que asumió en diciembre de 2023, una cifra que considera un logro dentro de su agenda de "ley y orden".
La respuesta de la oposición y el debate sobre los límites del poder
El cruce no tardó en escalarse cuando Salvatierra respondió los cuestionamientos del jefe de gobierno. El legislador cuestionó la interpretación macrista del fallo, señalando que lo que la Justicia estableció es simplemente que el Ejecutivo no puede actuar unilateralmente como juez para desalojar a familias, utilizando como justificación supuestos riesgos estructurales. Según Salvatierra, si hay peligro edilicio real, el gobierno debe presentar informes técnicos y protocolos que lo avalen. Si lo que existe es un conflicto sobre la tenencia o posesión de un inmueble, entonces corresponde que sea la Justicia quien resuelva, no la policía. En su respuesta pública, el diputado fue más allá y cuestionó la concentración de poder que, a su criterio, representa la política del jefe de gobierno. "Usted no es un Emperador, es un jefe de gobierno y debe respetar la división de poderes. Ley y orden es que en democracia cada funcionario cumpla su rol", expresó.
Este intercambio refleja un debate más amplio sobre dónde están los límites entre la necesidad de garantizar la propiedad privada y la obligación estatal de seguir procedimientos legales cuando se vulneran derechos habitacionales. La posición del gobierno enfatiza la recuperación de bienes privados y la lucha contra la ocupación irregular. La posición de los críticos subraya que, aunque la propiedad privada sea un derecho protegido, su recuperación no puede realizarse de manera discrecional, sino que debe pasar por canales judiciales que garanticen el debido proceso y protejan a las personas que habitan esos inmuebles, particularmente si hay menores de edad o situaciones de vulnerabilidad involucradas. Salvatierra también realizó un comentario político más frontal, aludiendo a asuntos legales que involucran a miembros de la familia Macri, sugiriendo inconsistencias en el discurso sobre la legalidad.
Un conflicto que trasciende lo judicial
El enfrentamiento entre el gobierno porteño y la Justicia ocurre en un contexto donde la recuperación de propiedades se ha convertido en un elemento central de la narrativa política de la administración. La política de desalojos forma parte de la marca de gestión que se promociona públicamente, especialmente pensando en el horizonte electoral de 2027, cuando Macri buscará su reelección. De esta forma, cada decisión judicial que limita estos operativos no es vista únicamente como un obstáculo legal, sino como una amenaza a una de las políticas que el gobierno considera más emblemáticas y que utiliza para proyectar una imagen de autoridad y control del territorio urbano. Esta conexión entre la política de desalojos y la estrategia electoral explica, en parte, el tono confrontacional de las respuestas oficiales.
Mientras tanto, la medida cautelar permanece vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva o una nueva resolución judicial la modifique. El gobierno podrá seguir actuando solo en aquellos casos donde exista peligro edilicio inminente que requiera evacuación inmediata, pero todo lo demás está suspendido. Esta situación dejará en suspenso temporal los operativos de recuperación de propiedades, aunque la administración ha manifestado su intención de continuar apelando la decisión y buscando caminos legales para revertirla. La batalla que comenzó con un desalojo en una calle porteña se ha transformado en un choque de visiones sobre cómo debe funcionar el Estado, quién tiene la autoridad para tomar decisiones sobre propiedades y qué grado de flexibilidad o rigidez debe existir en la aplicación de políticas públicas cuando entran en tensión derechos constitucionales distintos.
Las próximas semanas determinarán cómo evoluciona este conflicto. Si el recurso de nulidad que presentó la Procuración prospera, los desalojos podrían reanudarse sin restricciones. Si, por el contrario, la cautelar se mantiene y eventualmente se confirma en una sentencia, la política de recuperación de propiedades tendría que reformularse de acuerdo con los protocolos establecidos por la Justicia. En cualquier escenario, queda en evidencia que en una ciudad donde la cuestión habitacional es compleja y multifacética, las decisiones sobre ocupación de propiedades no son únicamente un asunto administrativo, sino que involucran consideraciones legales, derechos sociales y equilibrios de poder que requieren negociación y revisión constante entre distintos actores institucionales.
