La posibilidad de que 80 de los 135 intendentes que actualmente administran distritos en la provincia de Buenos Aires queden inhabilitados para disputar nuevamente sus cargos en 2027 generó una movida institucional que expone tensiones dentro del peronismo bonaerense. El gobernador Axel Kicillof se convirtió en los últimos meses en el principal impulsor de una reforma legal que elimine las restricciones vigentes para la reelección indefinida de autoridades municipales, argumentando que la actual normativa cercena derechos políticos tanto de candidatos como de ciudadanos. La discusión, que trasciende lo meramente técnico, revela grietas en la coalición oficialista y dificultades para avanzar con cambios legislativos en un contexto de fragmentación política.
El origen de la restricción y sus implicancias actuales
Todo se remonta a 2016, cuando durante la administración de María Eugenia Vidal se sancionó una ley que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Esa decisión, que parecía una barrera definitiva contra la perpetuación en el poder local, fue modificada años más tarde. En 2021, la propia Legislatura bonaerense introdujo un cambio en la norma: para el caso específico de los intendentes, el período a contabilizar comenzaría desde el ciclo iniciado en 2019. Esa reforma permitió a muchos jefes comunales presentarse nuevamente en 2023, pero congeló el escenario que enfrenta hoy la provincia.
Quienes fueron reelectos hace dos años —especialmente aquellos alineados con el gobernador— ahora se encuentran con la imposibilidad de competir en 2027 si el régimen no vuelve a modificarse. Del total de intendentes limitados, 51 responden a Unión por la Patria, lo que explica en buena medida por qué la presión por eliminar estas restricciones proviene principalmente del oficialismo. 16 corresponden a la Unión Cívica Radical, mientras que 7 integran las filas del PRO y el resto se distribuye entre otros espacios. Esta distribución no es un detalle menor: concentra el problema de la inhabilitación principalmente en el peronismo provincial, lo que justifica la insistencia de Kicillof en avanzar con una reforma.
El argumento del derecho a elegir y sus limitaciones prácticas
Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes pasado en el barrio porteño de Alvear, Kicillof expuso públicamente su posición sobre el tema. Según el mandatario, resulta poco frecuente en contextos democráticos que a nivel municipal se impida que todos los candidatos disponibles se presenten para que el electorado vote. Expresó además que "muchos sectores ya se han manifestado a favor de permitir que exista la posibilidad de elegir a cualquiera, sin prohibir a ninguno". El razonamiento del gobernador pivotea sobre la idea de que la restricción limita la soberanía popular y contradice el principio de que los ciudadanos deben tener potestad para decidir quiénes los representan.
Este argumento se refleja también en el proyecto presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán, que ingresó al Senado provincial el 19 de mayo de 2025 y actualmente permanece en estudio en la Comisión de Legislación General. El texto de la iniciativa propone derogar todas las leyes que establecieron límites a la cantidad de mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. En sus fundamentos, la legisladora sostiene que la Constitución bonaerense únicamente fija expresamente un límite de reelecciones para el cargo de gobernador, por lo que cualquier otra restricción debería emanar necesariamente del propio texto constitucional y no de una ley ordinaria. La iniciativa también cita tratados internacionales sobre derechos políticos para reforzar su fundamentación jurídica.
El proyecto enfatiza que permitir la reelección indefinida no equivale a garantizar la permanencia automática de un funcionario en su puesto: cada continuidad seguiría supeditada a la voluntad de los electores. Desde esta perspectiva, prohibir nuevas candidaturas reduce artificialmente la oferta electoral y menoscaba la capacidad del pueblo para elegir libremente a sus autoridades. Como argumento comparativo, el texto señala que más de la mitad de las jurisdicciones del país ya permiten la reelección sin límite de intendentes u otros cargos municipales, situando a Buenos Aires entre las provincias con mayores restricciones en esta materia.
Las complejidades políticas de una reforma controversial
A pesar del respaldo del gobernador y de la existencia formal de un proyecto legislativo, las posibilidades reales de avanzar con esta reforma parecen, por ahora, limitadas. Fuentes parlamentarias consultadas indicaron que "todo indica que no hay chances, a nivel cero" de conseguir los votos necesarios para aprobar la modificación. Esta evaluación pesimista tiene raíces profundas: la oposición no presenta un bloque unificado a favor del cambio. El PRO rechaza la posibilidad de extender indefinidamente los mandatos, al igual que La Libertad Avanza. En el radicalismo, aunque existen posiciones internas más permisivas respecto a la reforma, no hay un impulso público desde la dirigencia para modificar la legislación.
El obstáculo más significativo, sin embargo, radica en las disputas internas del propio peronismo bonaerense. Un intendente de la oposición admitió que "hay gente que está tratando de darle la vuelta a esa modificación", señalando la existencia de negociaciones detrás de escenas. Un jefe comunal peronista sin alineación directa con el gobernador subrayó que "depende del Gobernador", pero también observó que "conmigo no hablan", evidenciando fragmentación en la coalición. Sin embargo, este mismo funcionario reconoció que "todos los intendentes quieren la reelección", lo que subraya la paradoja: aunque hay consenso respecto al objetivo final, las disputas por poder y reconocimiento dentro del peronismo impiden convertir ese objetivo en realidad legislativa.
El contexto más amplio de las restricciones a mandatos
La cuestión de los límites de reelección ha sido materia de debate democrático en toda América Latina durante las últimas décadas. Algunos países y provincias han optado por restricciones estrictas como salvaguarda contra la concentración de poder, mientras que otros han confiado en los mecanismos electorales como reguladores suficientes. Buenos Aires, bajo la presidencia de Vidal hace casi una década, se alineó con la primera postura, imponiendo barreras temporales. Lo que resulta paradójico es que el cambio de 2021 ya había erosionado esa postura, permitiendo reelecciones que bajo la norma original hubieran sido imposibles. Ahora, el movimiento hacia una reelección indefinida representaría un giro completo respecto de la intención original de 2016.
Desde el punto de vista internacional, la provincia se ubica actualmente en una posición más restrictiva que el promedio nacional. Jurisdicciones como Córdoba, Mendoza y otros distritos ya han adoptado esquemas de reelección sin límite, particularmente a nivel municipal. Este precedente es esgrimido constantemente por quienes impulsan la reforma bonaerense, argumentando que la armonización con criterios más flexibles responde a una lógica de equiparación federal y respeto por la autonomía local.
Perspectivas y escenarios posibles hacia adelante
La reforma legislativa propuesta transita un camino incierto que dependerá de múltiples variables. Si eventualmente llegara a sancionarse, otorgaría a decenas de intendentes la posibilidad de competir en 2027 que de otro modo tendrían vedada. Esta ampliación de candidatos disponibles podría enriquecer la competencia electoral en términos de opciones, pero también podría profundizar la ventaja incumbente en municipios donde los actuales administradores cuenten con recursos y estructura consolidados. Por otra parte, la imposibilidad de avanzar con la reforma mantendría vigente la restricción actual, forzando recambios de candidatos en docenas de municipios y potencialmente abriendo oportunidades para figuras emergentes o para intendentes de espacios opositores. Parlamentarios y funcionarios municipales mantienen dinámicas de negociación que podrían llevar a sorpresas, aunque las señales públicas sugieren que el proyecto seguirá en suspenso mientras persistan las divisiones internas del oficialismo.
