El panorama político nacional atraviesa un momento de turbulencia donde los comportamientos tradicionales de los actores políticos resurgen con particular intensidad. En el contexto de un gobierno que enfrenta múltiples presiones —desde cuestiones de personal clave en la administración hasta indicadores económicos que generan preocupación— sectores opositores han incrementado su actividad de movilización. Sin embargo, el análisis de estas manifestaciones revela un fenómeno que trasciende lo que aparenta: la utilización de demandas genuinas sobre educación superior como plataforma para objetivos político-electorales de alcance mayor. Lo que importa aquí es comprender cómo se entrelazan las legítimas preocupaciones de la comunidad universitaria con estrategias de confrontación diseñadas para recuperar espacios de poder perdidos hace menos de tres años.

Un gobierno bajo presión y una oposición que huele debilidad

Dentro de la Casa Rosada los ánimos se encuentran tensos. Las reuniones de gabinete han adquirido un tono que refleja fracturas internas y diferencias en la forma de procesar las crisis simultáneas que afectan la gestión. El presidente ha tomado posiciones firmes en defensa de su equipo, señalando que no cederá ante presiones mediáticas ni políticas para remover funcionarios que considera íntegros. Estos roces internos, naturales en cualquier administración que atraviesa dificultades, son captados rápidamente por la oposición como señales de vulnerabilidad. Y es en momentos así cuando ciertos sectores políticos aceleran sus movimientos. El paralelismo biológico es sugerente: así como los predadores detectan cuando una presa está herida y decide atacar, la estrategia opositora amplifica su presencia en la calle cuando percibe que el adversario tambalea.

La economía sigue siendo un punto crítico. La inflación se resiste a descender por debajo de ciertos umbrales, generando ansiedad en sectores diversos de la población. Esta combinación de factores —crisis interna de gobierno, indicadores económicos cuestionables y convocatorias de movilización— crea el caldo de cultivo perfecto para una ofensiva política de recuperación. Quienes gobernaron entre 2003 y 2023 detectan este contexto y avanzan con renovada energía sobre territorios que consideran propios: las banderas de reclamo social, las causas progresistas, la defensa de lo público.

La apropiación de banderas que antes ignoraban

A lo largo de su período de gobierno, ciertos sectores políticos construyeron legitimidad apropiándose de iniciativas que, aunque surgieron desde la sociedad civil o desde otros espacios, fueron capitalizadas institucionalmente. Derechos de grupos minoritarios, políticas de transferencia de ingresos, leyes de protección especial, programas culturales: todas estas iniciativas fueron presentadas como propias, como logros de una gestión. Ahora, cuando se encuentran fuera del poder, recurren a la misma estrategia pero en reverso: adoptan causas que, curiosamente, no priorizaron cuando tenían capacidad de decisión ejecutiva.

El caso de la educación universitaria es paradigmático. En diciembre de 2023, cuando la administración anterior entregaba el poder, los docentes de nivel superior percibían compensaciones económicas muy por debajo de estándares internacionales. Un docente en categoría inicial con dedicación parcial recibía aproximadamente 300 dólares mensuales. Alguien en categoría intermedia rondaba los 360 dólares. En la máxima categoría de dedicación parcial, la cifra alcanzaba apenas 480 dólares. Estos números hablan por sí solos de una realidad que fue sistemáticamente ignorada. No hubo marchas masivas convocadas por las principales organizaciones gremiales. No hubo activación de las juventudes políticas de los partidos con representación parlamentaria. No hubo discursos de alerta desde las dirigencias que hoy claman por la defensa de la universidad pública. La pregunta es directa: ¿quién está legitimado para presentarse como defensor de la educación pública cuando, teniendo responsabilidades ejecutivas, permitió la degradación permanente de los salarios docentes?

Existe además una contradicción notable en los reclamos actuales. Hace apenas dos años, durante la pandemia mundial, algunos de estos mismos actores políticos respaldaron decisiones que mantuvieron cerrados los establecimientos educativos durante períodos extendidos. Esta elección tuvo consecuencias profundas. La brecha de aprendizajes se amplió. Los estudiantes de familias con recursos pudieron continuar sus estudios a través de plataformas virtuales, mientras que los de sectores vulnerables quedaron rezagados. Incluso funcionarios públicos que ocupaban posiciones relevantes en esa época reconocieron posteriormente que estas medidas fueron cuestionables. El daño acumulado en dos años de cierre escolar fue substantial y sus efectos persisten hasta hoy.

Las cifras que cuentan la historia real

Los indicadores educativos actuales son preocupantes, pero su origen temporal es complejo. Según estudios técnicos, solamente 10 de cada 100 estudiantes logran completar la educación secundaria dentro de los plazos regulares. Evaluaciones internacionales de competencias matemáticas muestran que más del 70% de los estudiantes no puede resolver problemas cotidianos simples relacionados con números. En cuanto al sobre-envejecimiento escolar, las estadísticas indican que 1 de cada 3 adolescentes que cursa educación secundaria presenta edad superior a la esperada para su año. La asistencia a clases también es un indicador de deterioro: reportes de instituciones especializadas señalan que el 43% de los estudiantes de nivel primario falta más de 20 días anuales. En poblaciones más vulnerables, la realidad es aún más severa: 1 de cada 2 menores de hogares de bajos ingresos no posee libros en su hogar.

Ahora bien, ¿se produjo toda esta degradación en los dos años de administración actual? La respuesta es negativa. La destrucción de los sistemas educativos, de la formación docente, de la cultura del esfuerzo y del trabajo, fue un proceso que se extendió por años. Los problemas de aprendizaje no son nuevos. La desigualdad en acceso a materiales educativos no comenzó hace veinticuatro meses. El cierre de escuelas fue una decisión que se tomó cuando otros gobernaban. La pregunta que merece respuesta es: ¿por qué no se evidenció la misma preocupación hace tres años, cuando estos problemas se estaban incubando bajo otras administraciones?

La débil convocatoria revela el verdadero trasfondo

Un dato que pasa desapercibido pero que es fundamental para entender la dinámica política es la evolución de las convocatorias de movilización. En abril de 2024, una marcha universitaria concentró aproximadamente 430.000 personas en las calles de Buenos Aires. Seis meses después, en octubre del mismo año, la cifra se redujo a 270.000. Para mayo de 2026, la asistencia disminuyó nuevamente a alrededor de 120.000 personas. Esto representa una caída de aproximadamente 300.000 manifestantes respecto a la primera movilización, lo que equivale a un descenso relativo del 72% en la convocatoria inicial.

Este patrón decreciente es elocuente. La ciudadanía no es ingenua. Posee la capacidad de discernir entre reclamos genuinos y movimientos que buscan capturar demandas reales para propósitos que exceden las causas invocadas. Cuando la convocatoria inicial fue masiva, probablemente había genuina preocupación por la situación universitaria. Pero a medida que la dinámica de la movilización se tornó más claramente politizada, más vinculada a estrategias de recuperación del poder que a soluciones concretas para la educación superior, los números hablan de desencanto. Las personas se retiran cuando comprenden que están siendo utilizadas.

El discurso que delata las intenciones reales

En un acto público, funcionarios con responsabilidades ejecutivas en gobiernos locales pronunciaron discursos que merecen especial atención. Aunque los términos utilizados fueron cautelosos, el contenido implícito fue revelador. Las palabras pronunciadas parecían codificar un mensaje más profundo: no se puede mencionar explícitamente la intención de otorgar indultos presidenciales porque eso ahuyentaría al electorado durante campañas electorales, pero una vez retomado el poder, las medidas necesarias se implementarían. Esta interpretación no es especulativa; fue el propio contenido del discurso el que sugirió esta lectura.

Existe una diferencia crucial entre los objetivos declarados y los objetivos reales de una campaña política. Los objetivos declarados —mejorar educación, defender la universidad pública, proteger a los estudiantes— son legítimos y comprensibles. Pero los objetivos reales, aquellos que se persiguen con mayor intensidad cuando se alcanza nuevamente el poder, incluyen recuperar espacios de decisión, acceso a presupuestos y recursos, y especialmente, la capacidad de modificar el estatus legal de funcionarios públicos que enfrentan procesos judiciales. Esta brecha entre el discurso público y la agenda oculta es lo que genera la fatiga política en amplios sectores de la población.

Las consecuencias de esta dinámica política

El escenario que emerge de este análisis presenta múltiples posibilidades de desarrollo. Por un lado, si la estrategia de recuperación del poder a través de la utilización de banderas sociales tiene éxito electoral, es probable que la prioridad en educación universitaria sea secundaria respecto a objetivos de política judicial y de recuperación de recursos fiscales. Esto significaría que la comunidad universitaria vería limitadas las mejoras concretas en sus condiciones de trabajo y estudio, a pesar de que fueron la base de movilización para tal retorno al poder. Por otro lado, si los ciudadanos perciben claramente esta instrumentalización y castigan electoralmente este tipo de estrategias, podría generarse un espacio para que futuras administraciones y nuevos liderazgos construyan propuestas menos dependientes de la manipulación de causas legítimas. También existe la posibilidad de que se produzca una polarización mayor en torno a estas cuestiones, consolidando la fragmentación política que ya caracteriza al país. Finalmente, la educación superior argentina podría continuar deteriorándose independientemente de quién gobierne, si no se producen cambios estructurales profundos en el financiamiento y la valorización de la actividad docente, algo que trasciende los ciclos electorales y requiere consensos de largo plazo que aún no se vislumbran en el horizonte político.