La transformación institucional del Poder Judicial nacional entra en una fase acelerada. El Ejecutivo nacional desplegó una estrategia de renovación de magistrados sin precedentes en los últimos años, concentrándose especialmente en los tribunales de apelación que supervisan los expedientes de mayor sensibilidad política. En los últimos cuatro meses, la Administración remitió al Senado un volumen de candidaturas que triplicó la inmovilidad característica de los primeros veinticuatro meses de gobierno: 175 pliegos en total, una cifra que marca un antes y después en la composición de las cortes porteñas y federales.
La urgencia por modificar la estructura tribunalicia se intensificó tras las decisiones de la Corte Suprema, que ordenó concursar dos cargos estratégicos en la Sala I de la Cámara Federal. Este tribunal es el responsable de revisar las decisiones tomadas en primera instancia en causas de corrupción de alto perfil. Los elegidos por el Ejecutivo para ocupar esos asientos fueron Pablo Bertuzzi, quien ya estaba en la Cámara y se presentó al concurso para retener su propio cargo, y Pablo Yadarola, magistrado especializado en delitos económicos. Ambas designaciones requieren aprobación legislativa, proceso que todas las fuentes consultadas dan por descontado que ocurrirá. La estructura futura de ese tribunal incluiría además a Mariano Llorens, Roberto Boico, Eduardo Farah e Irurzun, aunque este último podría jubilarse en cuestión de días.
Los nombres y los trasfondos: hacia una Cámara rediseñada
La figura de Yadarola presenta aspectos que merecen atención pública. El magistrado mantiene vínculos cercanos con Juan Bautista Mahiques, titular de la cartera de Justicia desde hace cuatro meses. Ambos participaron en un viaje a Lago Escondido junto con directivos de un importante grupo empresario de comunicaciones. Ese desplazamiento fue objeto de investigación en los juzgados de Bariloche por presuntos delitos, pero los imputados obtuvieron sobreseimiento cuando la causa fue remitida a Comodoro Py. El dato adquiere relevancia considerando que la Sala I, donde Yadarola se integraría, es precisamente la que interviene en la causa $LIBRA, expediente que investiga al Presidente y a su hermana Karina respecto de sus bienes personales.
El procesamiento de magistrados no es un asunto menor. Desde la asunción de Mahiques en su cargo el 6 de marzo último, la máquina burocrática de la cartera remitió cifras impresionantes de candidaturas. La primera remesa comprendió 62 pliegos hacia finales de marzo y principios de abril. En mayo se agregaron 46 más, número que creció a 45 adicionales tras negociaciones con gobernadores dialoguistas. Durante junio se sumaron otros 21 pliegos. Este despliegue contrasta radicalmente con los primeros veinticuatro meses de administración, cuando ningún candidato fue enviado a la Cámara Alta. El Senado ya votó 76 cargos, con expectativas de aprobar aproximadamente cien más en sesión prevista para este jueves, según informes circundantes.
La carrera por el tercio judicial: 300 magistrados antes de diciembre
La meta declarada del Ejecutivo es llegar a 300 nombramientos de jueces, fiscales y defensores antes de que concluya el año. Se trata de ocupar puestos que permanecen vacantes en la estructura nacional y federal, lo que equivale aproximadamente a un tercio de todo el sistema. Hasta el presente, el Poder Ejecutivo ya designó por decreto a 55 magistrados, número que se incrementaría sustancialmente con las aprobaciones senatoriales inminentes. Sin embargo, no todos los pliegos aprobados legislativamente fueron suscritos por el Presidente. Al menos cuatro candidatos respaldados por el Senado no recibieron firma presidencial: la jueza María Verónica Michelli, cuya vinculación familiar con un periodista fue cuestionada públicamente; Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa, sin especificaciones públicas sobre los motivos; además de Ana María Cristina Juan, designada para el juzgado federal de Hurlingham. Este patrón sugiere criterios selectivos operando más allá de la aprobación legislativa.
Otros candidatos fueron remitidos para integrar tribunales orales federales. Valeria Alejandra Rico, actual jueza de menores en la Capital, fue postulada para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 tras quedar en la segunda terna del concurso. Santiago Juan Schiopetto, secretario de la fiscalía federal, fue designado candidato para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6, con una trayectoria que incluye participación activa en imputaciones recientes de relevancia pública. Otro caso peculiar corresponde a Ramiro Velasco, propuesto para la misma sala federal 6: figuraba en la lista complementaria de candidatos del artículo 48, clasificado en el puesto 34 del orden de mérito con 120,20 puntos, quedando por debajo de otros postulantes como Tomás Cisneros, con 120,45 puntos. La justificación formal apunta a que seis de los dieciocho ternados ya habían sido seleccionados para otros cargos en 2026, lo que habilitó legalmente el recurso a la lista complementaria. Sergio Buitrago fue propuesto para el Juzgado Civil 26 de la Capital Federal.
Calendarios judiciales y presiones administrativas
Una variable temporal incide directamente en los equilibrios de poder. El juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio próximo, fecha que activa automáticamente la jubilación compulsiva según la legislación vigente. El Ejecutivo aún no remitió su pliego de candidato sucesor al Senado. Si la vacante se produce, el Consejo de la Magistratura deberá convocar a concurso público para elegir reemplazo. Mientras tanto, sus responsabilidades serían asumidas por colegas de Cámara mediante sorteos rotatorios. Irurzun presentó un recurso ante la justicia buscando mantenerse en funciones después de los 75 años, pero fue rechazado en instancia inferior y también en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Su última oportunidad reside en que la Corte Suprema de Justicia examine el caso antes del viernes, probabilidad que expertos califican como remota. Este panorama deja abierta una oportunidad adicional para el Ejecutivo de intervenir en la composición de la Sala I de la Cámara Federal.
Diversos casos de corrupción transitarán por estos tribunales una vez integrados con los nuevos magistrados. Las causas por sobreprecios y cartelización en la adquisición de medicamentos por la Agencia Nacional de Discapacidad, donde aparece procesado Diego Spagnuolo, serán revisadas por la Sala II. La investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete será asignada a una sala aún no determinada. Todos estos expedientes pasarán bajo supervisión de una estructura judicial sustancialmente modificada en su composición. Los tribunales deben ser habilitados por la Corte Suprema de Justicia antes de ejercer plenamente sus funciones, trámite que representa un paso adicional en la implementación de estos cambios.
La magnitud de este redespliegue institucional plantea interrogantes sobre múltiples frentes. Por un lado, la aceleración en los nombramientos podría interpretarse como necesaria para cubrir vacantes históricas que debilitan la capacidad operativa del sistema judicial. Por otro lado, la concentración temporal de designaciones, la remisión de candidatos desde listas complementarias cuando existen postulantes mejor clasificados, y la vinculación de algunos magistrados con funcionarios actuales genera dinámicas que distintos actores políticos y jurídicos evalúan de manera divergente. La estructura final de los tribunales federales, particularmente aquellos que intervendrán en causas sensibles para la Administración, será significativamente distinta en pocos meses. Las consecuencias de estos cambios se desplegarán en los fallos que esos magistrados dictarán sobre asuntos que van desde corrupción administrativa hasta investigaciones sobre patrimonio de funcionarios públicos, con potencial impacto en dinámicas políticas futuras.
