Hace apenas tres meses, el 15 de octubre pasado, tuvo lugar una de las decisiones más trascendentes en la historia administrativa reciente de la AFA, aunque prácticamente nadie en el fútbol argentino se enteró. Claudio Tapia decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2030 el contrato que vincula a la entidad con TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Miami que desde hace cuatro años maneja los fondos que la confederación percibe desde el exterior. La operación, realizada catorce meses antes del vencimiento pactado originalmente para diciembre de este año, no fue comunicada en las instancias formales de la institución. No figura en las actas del comité ejecutivo ni en los temas de la asamblea ordinaria celebrada ese mismo mes. Recién ahora, tras el trabajo de investigadores judiciales y fiscales, se conoce el alcance real de esta maniobra y sus implicancias.

Lo que otorgó relevancia especial a esta prórroga fue la expansión significativa de las atribuciones que se le confirieron a la sociedad mercantil. En el acuerdo original de 2021, TourProdEnter operaba como "agente comercial y de cobro", un rol relativamente acotado. La extensión de octubre de 2025 transformó su naturaleza: ahora posee facultades amplificadas para administrar la operatoria de pagos de la AFA, lo que le permite una injerencia mucho más profunda en la circulación de dineros. Simultáneamente, la comisión que percibe se mantuvo en 30% de todos los ingresos que captura desde patrocinadores de la selección, derechos televisivos e ingresos por encuentros amistosos. Los documentos que la justicia secuestró evidencian estas transformaciones contractuales que jamás fueron difundidas mediante los canales de comunicación institucionales habituales.

El primer contrato y el volumen de dinero movilizado

Para dimensionar la magnitud de esta operación, es necesario retroceder al acto fundacional. El 9 de diciembre de 2021, apenas veinticuatro horas después de que la pareja Javier Faroni y Erica Gillette presentara una propuesta comercial dirigida a la confederación, se suscribió el documento inicial. Lo rubricaron Claudio Tapia y Pablo Toviggino, entonces presidente y secretario ejecutivo respectivamente. Desde ese momento hasta que se destapó el escándalo años después, la firma de Faroni obtuvo acceso a aproximadamente US$300 millones en movimientos financieros provenientes de las tres principales fuentes de ingresos de la entidad futbolística. Durante casi cuatro años operó con una comisión del treinta por ciento más un diez por ciento adicional por conceptos de logística, bajo la justificación de que su sede en Miami facilitaba transacciones en moneda dura y en jurisdicciones externas.

El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff, quien intervino a raíz de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, realizó un análisis exhaustivo de los balances presentados ante la Inspección General de Justicia durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Sus conclusiones constituyen un documento de más de cien páginas que detalla cada movimiento cuestionable. En el dictamen, elevado esta semana, Guerberoff observó que los estados contables de la AFA nunca reflejaron adecuadamente la existencia ni la magnitud de las operaciones ejecutadas por la empresa de Faroni. Únicamente en junio de 2024 aparece una mención tangencial a TourProdEnter, donde figura como deudora de la confederación por aproximadamente US$14,5 millones, cifra que contrasta dramáticamente con el volumen real de fondos que administraba. Esta omisión sistemática en la documentación oficial, sostuvo el fiscal, buscaba "impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos que debieron integrar el patrimonio de la AFA".

La prórroga sigilosa y sus características irregulares

La extensión contratada en octubre pasado exhibe anomalías que no existían en el acuerdo precedente. En lugar de la firma de Toviggino, que había rúbricado el contrato original, esta vez aparece la de Cristian Malaspina, secretario general de la AFA y procesado en otra causa por evasión fiscal. Además, el nuevo documento autoriza a TourProdEnter a efectuar pagos a la confederación en dólares estadounidenses o incluso mediante "la entrega de valores cotizados, incluidos bonos de deuda soberana argentina, en mercados de capitales argentinos o extranjeros". Una disposición que abre la puerta a operatorias financieras complejas y potencialmente opacas. También permitió, por primera vez, que la empresa transfiera sus funciones a sociedades afiliadas o vinculadas en cualquier jurisdicción, mecanismo ausente en la versión de 2021.

El domicilio declarado en el nuevo contrato corresponde a la suite 804 del Aventura ParkSquare, un complejo de Miami que combina departamentos de lujo, espacios de oficinas y locales comerciales. Sin embargo, cuando investigadores visitaron ese lugar semanas atrás, descubrieron que el espacio ahora es ocupado por una empresa de comidas rápidas. El único vestigio de Faroni y su esposa era un cartel discreto con el nombre de RentalToureneter, la sociedad que utilizaron para adquirir esos inmuebles en 2022. Esta situación, en palabras del fiscal Guerberoff, denota "un posible apuro por blindar y perpetuar legalmente la estructura de posibles desvíos de fondos". La precipitación en modificar el acuerdo un año antes de su vencimiento original sugiere una estrategia deliberada de consolidar arreglos que, de otra manera, hubieran quedado expuestos a cuestionamientos.

Las empresas fantasma y la desaparición del dinero

Paralelo a estos hallazgos contractuales, la investigación reveló un sistema de derivación de fondos mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Miami con características que las hacen prácticamente irreales. Diez empresas fantasma, registradas todas en direcciones idénticas o muy próximas, absorbieron aproximadamente US$57 millones de los recursos que administraba TourProdEnter. Cuatro de estas LLC fueron creadas por cuatro personas naturales procedentes de Bariloche, ciudadanos que nunca han sido citados a prestar declaración en ningún proceso judicial. Los registros muestran movimientos como Marmasch LLC, que ejecutó sesenta y dos operaciones por casi quince millones de dólares; Soagu Services, con cincuenta y cuatro transferencias; Velp, con veintitrés movimientos por poco menos de cuatro millones; y el dúo gemelo de Delker y Servica INC, creadas el mismo día en la misma dirección. El patrón de estas operaciones, analizado por Guerberoff, evidencia una concentración deliberada de fondos en un círculo reducido de destinatarios durante un período extendido, con múltiples denominaciones empresariales que funcionan como canales de dispersión.

La conclusión del fiscal es contundente: la ausencia de estos movimientos en los balances presentados por la AFA obedecía al propósito de evitar la "trazabilidad del dinero y posibles desvíos". Mientras tanto, las cuentas bancarias de TourProdEnter siguen operando desde al menos cinco instituciones financieras estadounidenses. El dinero continuó fluyendo incluso después de que estalló el escándalo público. Los balances de 2025, presentados por la confederación cuando ya se encontraba bajo escrutinio, declararon ingresos totales por más de 275 mil millones de pesos, pero nuevamente omitieron cualquier mención a la sociedad de Faroni y el movimiento de sus fondos. Esa ausencia persistente, en un contexto donde la investigación contaba con pruebas de transferencias millonarias, constituye por sí sola evidencia de lo que fiscales y jueces califican como una maniobra coordinada para ocultar información financiera.

Las complicidades institucionales y el silencio oficial

En diciembre pasado, cuando se conocieron públicamente los primeros detalles del contrato original tras un allanamiento judicial, la AFA emitió un comunicado rechazando lo que catalogó como "informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento". Sin embargo, en ese mismo comunicado no realizó mención alguna sobre la existencia de la prórroga. Simplemente se refirió a un vínculo "vigente" con la empresa, sin precisar sus términos. Este silencio selectivo marca una diferencia sustancial: mientras algunas irregularidades fueron negadas públicamente, otras fueron directamente ocultadas. Tapia y los demás integrantes de la plana mayor de la confederación conocían exactamente qué había sido acordado y con quién, porque los documentos eran firmados por ellos mismos. La decisión de no informar sobre la extensión a los cuerpos de gobierno, ni siquiera mediante un punto de orden o una comunicación posterior, sugiere una intención deliberada de evitar escrutinio.

Llama la atención que esta estrategia de opacidad haya prevalecido durante meses. Los estados contables no revelaban a TourProdEnter salvo una breve mención tardía en 2024; las reuniones de comité ejecutivo y asambleas ordinarias no incluían estos temas en sus órdenes del día; y los comunicados públicos negaban de forma categórica las investigaciones sin explicar qué realmente sucedía con los fondos. Solo cuando fiscales federales comenzaron a trabajar sobre el material, y cuando investigadores estadounidenses iniciaron sus propias indagaciones, emergió la verdadera dimensión de la red contractual. Para entonces, ya habían transcurrido años en los cuales la confederación pudo haber tomado correctivos, pero eligió mantener el secreto.

Las investigaciones paralelas y el destino de las causas

La maniobra enfrentó un punto de inflexión cuando tres fiscales estadounidenses —dos del Distrito de Columbia y uno del estado de Florida— iniciaron investigaciones sobre los movimientos bancarios de Faroni y su pareja. Esa documentación, que ya llegó a manos de autoridades argentinas, revela "la magnitud de la defraudación, con impacto directo en los clubes argentinos". Estos son los eslabones finales: si TourProdEnter administraba los fondos de patrocinadores y derechos televisivos de la selección nacional, y esos recursos fluyeron hacia empresas fantasma que luego se disolvieron o nunca ejecutaron servicios reales, la merma efectiva afectó la disponibilidad de dinero que las instituciones asociadas —los clubes— hubieran podido recibir por concepto de participación en operaciones de la confederación.

Actualmente, existe una disputa jurisdiccional sobre dónde concentrar todas las investigaciones. Los jerarcas de la AFA pretenden que las causas se reúnan en el juzgado federal de Campana, pero hay indicios de que podrían regresar a los tribunales de la avenida Inmigrantes, en cuyo caso recaerían bajo la competencia de la jueza María Verónica Straccia. La Cámara en lo Penal Económico debe definir esta cuestión, y sus decisiones podrían tomarse durante el desarrollo del próximo Mundial de Fútbol. El fiscal Guerberoff propuso que todo el material —incluyendo los datos de balances, las maniobras contractuales y los desvíos de fondos detectados— sea investigado bajo una única carátula, para evitar fragmentación procesal que favorezca dilaciones. Mientras tanto, Tapia y Toviggino permanecen atentos a cada movimiento de la justicia estadounidense, conscientes de que los registros bancarios y las comunicaciones pueden revelar aspectos aún no explorados del esquema.

Las consecuencias potenciales de estos hallazgos trascienden el ámbito deportivo. Si se confirma la defraudación a través del sistema de empresas fantasma, tendría repercusiones en múltiples dimensiones: la patrimonial directa de la AFA y los clubes que financiaba; la responsabilidad penal de los implicados; la credibilidad institucional de la confederación frente a socios comerciales internacionales; y la confianza de los organismos de control como la Inspección General de Justicia que recibió balances incompletos. Desde otro ángulo, una dilucidación completa del caso podría fortalecer los mecanismos de control interno en entidades deportivas de gran envergadura. O bien, si las investigaciones resultan en sentencias condenatorias pero las estructuras administrativas permanecen intactas, evidenciaría que el sistema de vigilancia institucional requiere transformaciones más profundas. Lo cierto es que el 15 de octubre de 2025, cuando se extendió silenciosamente ese contrato hasta 2030, nadie imaginaba que menos de un año después estaría en el centro de una tormenta judicial que podría redefinir el gobierno corporativo del fútbol profesional argentino.