La provincia de Buenos Aires se prepara para un debate que toca fibras sensibles del sistema político bonaerense: la posibilidad de permitir que ciudadanos mayores de 18 años accedan a cargos de representación municipal. Detrás de esta iniciativa está La Libertad Avanza, que apunta a modificar una norma constitucional heredada del siglo XIX para abrir las puertas de los concejos deliberantes a la juventud. La medida se presenta como parte de una estrategia electoral más amplia que mira hacia 2027, pero también como un cuestionamiento a restricciones que la coalición considera anacrónicas en un contexto donde los jóvenes ya votan, trabajan y tributan sin poder ejercer representación en sus distritos.

El proyecto surge en medio de un encuentro de la juventud libertaria en territorio bonaerense, donde intervinieron figuras clave del partido como Sebastián Pareja, encargado de la estructura territorial, los diputados provinciales Pablo Morillo —quien redactó la iniciativa— y Geraldine Calvella, además de los coordinadores nacionales y locales del ala juvenil libertaria. El planteo no es nuevo en la agenda de reforma constitucional bonaerense, pero sí marca un cambio en los actores que lo impulsan y en el timing político que lo rodea. El argumento central es directo: existe una contradicción normativa que carece de justificación en la actualidad. Si un adolescente de 18 años puede ocupar una banca como consejero escolar —cargo que requiere exactamente esa edad mínima— ¿por qué no podría hacer lo propio en su municipio como representante de los vecinos?

Una restricción que viene de lejos

La norma que hoy se cuestiona tiene 135 años de antigüedad. Desde 1889, la Constitución provincial establece que los candidatos a concejales deben cumplir la mayoría de edad de 25 años. Esta exigencia es incluso más rigurosa que la que rige para otros cargos de representación: un diputado provincial puede ser elegido a partir de los 22 años, tres años menos que lo que se demanda para una banca municipal. El contraste genera interrogantes sobre la lógica subyacente en la arquitectura institucional bonaerense. ¿Qué diferencia hay entre la capacidad de deliberar en una legislatura provincial y hacerlo en un concejo municipal? ¿Cuál es el fundamento para imponer exigencias etarias más estrictas en el nivel local que en el provincial?

El proyecto de Morillo apunta a equiparar la edad mínima a 18 años, eliminando así la disparidad con los consejeros escolares y creando un piso único de acceso a cargos electivos para adultos jóvenes. Según datos de la Junta Electoral bonaerense, actualmente existen 135 municipios en la provincia, cada uno con su propio concejo deliberante. Si se aprobara la reforma, todos ellos podrían recibir candidaturas de personas mayores de edad sin otra restricción que la establecida por la ley electoral general. El discurso libertario enfatiza la coherencia democrática: si los ciudadanos de 18 años están obligados a votar —el sufragio es universal y obligatorio en Argentina—, trabajan, generan ingresos y pagan impuestos, resulta paradójico negarles la posibilidad de ser elegidos para servir en sus comunidades.

El camino legal: entre convenciones y plebiscitos

La iniciativa no es un simple cambio de ley. Modificar la edad de acceso a cargos electivos municipales requiere alterar la Carta Magna provincial, lo que implica una reforma constitucional. En Buenos Aires existen dos vías para lograrlo: convocar a una convención reformadora —un proceso largo y políticamente complicado— o sancionar una ley especial que sea ratificada mediante plebiscito en los próximos comicios. La Libertad Avanza ha optado por la segunda ruta, la misma que se intentó hace más de una década sin éxito. En 2013, la legislatura bonaerense sancionó la ley 14.523, que buscaba bajar la edad mínima a 21 años y convocaba a plebiscito. Más de diez años después, esa norma permanece letra muerta: nunca se implementó, nunca se realizó la consulta electoral, y la restricción de 25 años continúa vigente.

Para que el nuevo proyecto tenga viabilidad legislativa, debe superar un obstáculo considerable: requiere dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense. Solo entonces podría avanzarse hacia un plebiscito. Este requisito de supermayoría es significativo: implica buscar consensos amplios que trasciendan las divisiones partidarias. Es aquí donde emerge la incógnita política más profunda. ¿Tienen los libertarios los votos suficientes para lograrlo? ¿Qué posición adopthará el peronismo, tradicional control de la provincia? ¿Habrá gobiernos municipales conservadores o radicales que resistan la medida? El proyecto necesita apoyo multipartidista para avanzar, algo que el contexto político bonaerense de 2024-2025 no garantiza de forma automática.

Una reforma más amplia en el horizonte

La baja de edad para concejales no es un proyecto aislado. Según información disponible, La Libertad Avanza analiza una reforma constitucional más integral para la provincia. Entre las líneas que se barajan internamente están modificaciones destinadas a fortalecer la protección de la propiedad privada, reducir la magnitud del aparato estatal y transformar la estructura del Poder Legislativo. Una propuesta que circula es el cambio hacia un sistema unicameral, eliminando una de las dos cámaras legislativas. Este modelo ya funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde existe solo una legislatura sin senado. Implementarlo en provincia alteraría de forma radical la geografía política bonaerense: significaría menos bancas disponibles, mayor concentración de poder legislativo y una menor representación territorial de zonas menos pobladas.

El timing de estas iniciativas es crucial para entender su lógica. Con comicios presidenciales y legislativos previstos para 2025, y la mira puesta en las elecciones de 2027 que renovarán gobernadores y legisladores provinciales, La Libertad Avanza busca posicionarse en territorio bonaerense con propuestas que apelen a nuevas audiencias. La apelación a los jóvenes, permitiéndoles acceso a cargos electivos, forma parte de una estrategia de renovación generacional dentro del espacio libertario. Durante el encuentro de juventud, Pareja enfatizó la intención de abandonar lo que denominó una lógica "verticalista" que "les habla a los jóvenes desde arriba". La meta, según la retórica oficial, es transformar a la población joven de votantes pasivos a actores políticos con poder de decisión real en sus distritos, fuera de los circuitos estudiantiles convencionales.

La Constitución bonaerense permite que la reforma sea impulsada por ley más plebiscito siempre que el proyecto especifique cuál alternativa se adopta. La Libertad Avanza ha optado claramente por el camino del plebiscito, heredando una estrategia que ya se intentó sin éxito años atrás. Esto plantea interrogantes sobre por qué falló el intento anterior y qué variables han cambiado para que esta vez tenga mejor suerte. La ley 14.523 de 2013 propuso bajar a 21, no a 18; la resistencia pudo venir de sectores que veían con desconfianza abrir aún más las puertas a candidatos jóvenes. Ahora, la propuesta es más audaz: equiparar con consejeros escolares directamente en 18 años, eliminando el escalón intermedio de 21.

Desde una perspectiva más amplia, el proyecto invita a reflexionar sobre las edades mínimas en democracia. Argentina permite votar a partir de los 16 años, una de las edades más bajas del mundo. La obligatoriedad del voto comienza a los 18 años. Permitir candidaturas desde los 18 crearía consistencia con este marco, aunque también inauguraría una categoría política nueva: personas que pueden ser elegidas pero aún no pueden votar obligatoriamente (los 16 y 17 años). Este vacío normativo es otra de las aristas que la reforma tendría que resolver si avanza.

Perspectivas y posibles consecuencias del cambio

Si la reforma constitucional prospera, sus impactos podrían materializarse de múltiples formas. Por un lado, potencialmente ampliaría el pool de candidatos para municipios, particularmente en distritos más pequeños donde el reclutamiento político es más limitado. Jóvenes con trayectorias académicas sólidas, emprendedores o dirigentes comunitarios podrían acceder a espacios de decisión sin esperar a los 25 años. Esto podría acelerar la renovación generacional en gobiernos locales que a veces permanecen bajo estructuras envejecidas. Por otro, existe el riesgo de que la medida sea marginal en su impacto real: la historia política argentina muestra que pocas personas muy jóvenes llegan a ocupar cargos electivos, incluso cuando legalmente pueden hacerlo. La barrera de acceso no es solo la edad, sino el financiamiento, la estructura partidaria, el conocimiento político y el capital social.

Desde perspectivas críticas, algunos podrían señalar que bajar la edad mínima no resuelve problemas estructurales de participación política juvenil: la desafiliación de jóvenes de partidos políticos, la desconfianza en instituciones representativas y la fragmentación del tejido político en espacios digitales. Otros podrían argumentar que es un paso necesario hacia la inclusión política genuina, coherente con el reconocimiento de derechos cívicos a partir de los 18 años. Hay quienes ven en la reforma un mecanismo para que La Libertad Avanza amplifique su presencia territorial mediante candidatos jóvenes afines a su proyecto, mientras que otros podrían interpretarla como una oportunidad democratizadora sin tinte partidario. Lo cierto es que el debate que eventualmente se abra en la legislatura bonaerense tocará cuestiones profundas sobre quién puede representar, cuándo, y bajo qué condiciones. El resultado de esas discusiones, y la eventual decisión de los bonaerenses en un hipotético plebiscito, configurarán el perfil de la democracia local para las décadas venideras.