La fotografía de un desequilibrio
Un documento de 618 páginas elaborado por peritos especializados de la Corte Suprema y de partes terminó de dibujar un escenario incómodo: durante catorce años, un exintendente de Lomas de Zamora y ex secretario del Poder Ejecutivo bonaerense gastó casi cien millones de pesos de los que apenas pudo justificar ochenta y siete. Esa brecha, de aproximadamente veinte millones, no es un simple error de cálculo ni un capricho contable. Es el punto de partida de una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que ahora escalará hacia nuevas etapas procesales, con la participación de un juez recién designado y con un fiscal que acumula elementos para ampliar la imputación a otros integrantes del grupo familiar.
Lo que hace relevante este hallazgo trasciende los números en sí mismo. Expone un patrón operativo donde las transferencias formales conviven con operaciones en efectivo, donde las declaraciones juradas ante el fisco reportan consumos inferiores a los gastos reales detectados en extractos bancarios y registros migratorios, y donde empresas intermediarias financian desplazamientos internacionales de grupos familiares completos. Se trata de un caso que ilustra cómo la sofisticación en ciertos mecanismos de ocultamiento convive con la dificultad de borrar completamente los rastros documentales en la era de los sistemas de información interconectados.
Los números que no encajan
El análisis pericial reconstruyó ingresos y egresos de manera sistemática. Del lado de los recursos, la documentación oficial registro remuneraciones por desempeño de funciones públicas durante el período estudiado. Del lado de los gastos, los peritos rastrearon movimientos en cuentas bancarias, transacciones con tarjetas de crédito, información de cruces migratorios que evidencian desplazamientos, contratos de alojamiento, facturas comerciales y registros de empresas de transporte aéreo. El resultado fue contundente: al cierre de 2022, la diferencia acumulada entre lo que entró y lo que salió arrojaba un déficit de $19.647.220,14.
Pero hay más. Los peritos observaron algo particularmente relevante: en años específicos, concretamente 2020 y 2022, los montos que fueron declarados como consumo ante la administración tributaria resultaban inferiores a los gastos que quedaron registrados en documentación privada y registros administrativos. En 2022, la discrepancia fue especialmente notoria. Los gastos depurados y verificables llegaron a $22,6 millones, mientras que la cifra de consumo declarada ante el organismo recaudador dejaba un agujero de $16,4 millones en ese único ejercicio. Esto sugiere, según la interpretación pericial, que los niveles de gasto fueron subdeclarados en los instrumentos que se presentan ante la autoridad fiscal.
El informe también consigna un detalle metodológico relevante: los propios peritos reconocen que la documentación disponible es incompleta. Más del 35% de los tramos de vuelo informados por autoridades migratorias no pudieron ser valorizados por falta de respaldo documental. En otras palabras, lo que figura en el peritaje es un piso mínimo de gasto comprobado. Si apareciera la documentación faltante, los desfases se ampliarían aún más. El informe oficial advierte que cualquier diferencia identificada es "susceptible de incrementarse de contarse con la totalidad de la documentación respaldatoria".
El flujo de viajes como indicador de incongruencia
Cuando los peritos enfocaron su lupa específicamente en desplazamientos internacionales, emergió un patrón aún más revelador. Entre 2010 y 2023, el matrimonio investigado gastó $54,7 millones en viajes, mientras que los sueldos devengados por funciones públicas en ese mismo período totalizaron $35,6 millones. Apenas en ese rubro, los gastos superaban los ingresos en casi veinte millones de pesos. Pero la desproporción se hace más evidente cuando se observan años específicos. En 2021, los gastos en viajes representaron el 80,85% de la remuneración anual. En 2022, treparon al 345%. En 2023, alcanzaron el 408,63%. Es decir: en los últimos dos años analizados, el costo de los desplazamientos era entre tres y cuatro veces superior al sueldo percibido.
Los peritos cotejaron estas cifras contra los registros de ingresos formales y concluyeron que a partir de 2021 las erogaciones por viajes "no guardan una razonable correspondencia" con las remuneraciones. La documentación específica que reconstruyó los peritos incluye pasajes aéreos hacia Europa valuados en aproximadamente 257.628 dólares entre 2010 y 2023, procesados directamente. Pero además, una firma llamada Armando J. Ríos SA abonó pasajes por 231.683 dólares solo en 2022, y otra empresa, Zumba, cubrió 18.416 dólares entre 2017 y 2019. El patrón indica que terceras personas u organizaciones financiaban parcialmente los desplazamientos de la familia.
El efectivo como protagonista invisible
Un elemento que atraviesa toda la investigación es la modalidad de pago. Un viaje familiar a Europa en mayo y junio de 2022 permite visualizar cómo operaba este mecanismo. Los pasajes de Air France hacia París y Londres, en clase ejecutiva, costaron 8.216 dólares por persona para tres de los hijos. Las estadías en el hotel De Berri de París superaron 11.000 dólares. Las entradas a un parque temático en la región de Londres costaron 5.395 dólares. Todo fue abonado en efectivo. No se registraron transferencias bancarias, no hay evidencia de tarjetas de crédito utilizadas. El dinero cambió de manos sin dejar un rastro que permitiera seguir su origen.
Un patrón similar se observa en vuelos privados contratados para fin de año 2019-2020 hacia un balneario de Uruguay. Dos charters de una misma aeronave fueron solicitados mediante una aplicación de mensajería instantánea a través de un intermediario. El costo fue de 4.700 dólares por vuelo. El pago, nuevamente, en efectivo. La empresa contratada informó posteriormente que los fondos fueron entregados de esa manera. El viaje a la costa española en septiembre de 2023, que involucró a una tercera persona cuya conexión con los investigados está siendo analizada, siguió el mismo patrón: más de 34.000 dólares en gastos hoteleros pagados en efectivo, alquiler de una embarcación por casi 13.000 euros, servicios complementarios en euros, y accesorios de lujo por más de 2.000 euros. En Buenos Aires, el peritaje también registró operaciones más convencionales: alquileres de departamentos en zona de primera categoría, cuotas de colegios privados, medicina prepaga, expensas de propiedades.
La particularidad del efectivo es que deja menos rastros. Los bancos registran transferencias, las tarjetas generan resúmenes, los comercios emiten facturas. El dinero en billete, una vez entregado, es difícil de rastrear. Los peritos encontraron documentación que probaba que el grupo operaba habitualmente de esta manera. Una agencia de viajes, identificada por sus registros comerciales, procesaba reservaciones que luego eran canceladas en efectivo a través de intermediarios específicos. El peritaje reconstruyó estos movimientos mediante cruces de información: facturas de la agencia, registros de migraciones que confirmaban que los viajes se realizaron, registros de hoteles y empresas prestadoras de servicios que certificaban que se hospedaron y utilizaron esos servicios.
La exesposa y las erogaciones no justificadas
La investigación también incluyó el análisis de los movimientos financieros de la expareja del investigado principal. Los peritos determinaron que en cinco ejercicios específicos —2014, 2017, 2018, 2019 y 2023— las erogaciones de esta persona excedieron los recursos disponibles al cierre de esos períodos. En otras palabras, gastó más de lo que tenía, según la documentación oficial. Este hallazgo plantea interrogantes sobre la procedencia de esos fondos. La documentación analizada sugiere que operaba frecuentemente con dinero en efectivo, lo que dificulta establecer un rastreo completo. El peritaje acotó que, si se recuperara documentación faltante, el desfase entre recursos y gastos podría aumentar.
Un tercer actor cobró relevancia en el análisis. Se trata de una acompañante en uno de los viajes al extranjero en 2023. Los peritos buscaron determinar si recibió transferencias de fondos del investigado principal, específicamente 569.911 dólares que fueron hallados en su domicilio. El análisis no encontró comprobación documental de tal transferencia. Tampoco halló evidencia de que esta persona fuera quien adquiriera artículos de lujo vinculados a los gastos investigados. Sin embargo, el peritaje sí documentó gastos a su nombre en el contexto del viaje en cuestión: servicios en el destino, la embarcación facturada a su nombre pero pagada por una agencia. El defensor de esta persona ha señalado públicamente su intención de solicitar el sobreseimiento basándose en la ausencia de prueba directa de transferencia de fondos del investigado hacia ella, aunque los gastos vinculados al viaje quedan documentados en los registros de terceros que participaron en la operación.
Los próximos pasos procesales
El fiscal a cargo del expediente analiza los resultados del peritaje con la intención de formular nuevas imputaciones. El equipo de la acusación pública considera la información disponible como incompleta en ciertos aspectos, razón por la cual busca sumar elementos adicionales. Entre los objetivos figura obtener una nueva indagatoria de los investigados principales, así como de otros miembros del grupo familiar que, según la teoría del caso, podrían haber actuado como intermediarios o facilitadores en algunas de las operaciones financieras. El fiscal también analiza la incorporación de ciertos fondos valuados en dólares que aparecieron en registros visuales de eventos privados, con el propósito de vincularlos formalmente a la acusación por lavado de dinero.
La causa cambió de conducción judicial recientemente. El juez que ordenó el peritaje, que funcionaba de manera interina, será reemplazado por un nuevo magistrado que asume con experiencia previa en investigaciones complejas. Según los datos disponibles, este nuevo juez tiene antecedentes en investigaciones de delitos sofisticados y fue colaborador de otro magistrado federal. El fiscal tiene previsto presentar un escrito durante el período de receso judicial, para que sea considerado apenas el nuevo juez complete su proceso de asunción formal tras los trámites administrativos de designación.
Los desenlaces posibles de esta investigación pueden orientarse en distintas direcciones. Una línea sugiere que si la documentación faltante (más del 35% de los registros migratorios sin valorizar) se recupera, los desfases entre ingresos y gastos podrían incrementarse significativamente, reforzando la teoría acusatoria. Otra perspectiva considera que ciertos gastos podrían ser explicados mediante canales alternativos no detectados hasta ahora o mediante prestaciones de terceros de carácter gratuito. Un tercer escenario plantea que algunos de los investigados puedan demostrar que ciertos gastos corresponden a terceras personas que coincidieron en los viajes. Lo que permanece constante es que los números, tal como están documentados en el peritaje, presentan discordancias significativas que requieren explicación.
