El laberinto judicial que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino vuelve a dar un giro inesperado. Una nueva colisión entre magistrados —el juez Diego Amarante, que opera desde tribunales especializados en lo penal económico, y su colega federal Adrián González Charvay, con asiento en Campana— amenaza con prolongar aún más una disputa de competencias que, pasados ocho meses, no ha permitido que ninguna investigación avance de manera definitiva. El próximo 12 de agosto, la Cámara Federal de Casación Penal —el máximo tribunal en materia penal por debajo de la Corte Suprema— volverá a intervenir para zanjar cuál de estos jueces debe quedar a cargo de otra causa vinculada al presunto lavado de dinero en la institución futbolística.
Un sistema de competencias enlodado
La estructura de este conflicto refleja un problema recurrente en el sistema de justicia penal argentino: la superposición de jurisdicciones cuando intervienen múltiples jueces en asuntos complejos que cruzan líneas territoriales y temáticas. En este caso, la confrontación que ahora se ventila tiene raíces en decisiones previas que la propia Cámara Federal de San Martín ya había resuelto a favor de González Charvay, incluso contra la posición de los fiscales que participaban en las causas. El juez de Campana argumenta que en su despacho tramita un caso análogo contra los mismos acusados por delitos similares, por lo que mantener expedientes paralelos violaría el principio de non bis in idem —la prohibición de perseguir dos veces a una persona por los mismos hechos—. Sin embargo, Amarante rechaza esta lectura y sostiene que sus investigaciones se sustentan en hipótesis delictivas distintas y en ámbitos territoriales claramente definidos.
Lo que en principio podría parecer un tecnicismo jurídico revela, en realidad, dinámicas más profundas. La concentración de expedientes en Campana —una jurisdicción federal distante de los tribunales especializados en delitos económicos de la Ciudad de Buenos Aires— genera inequívocamente un cambio en las condiciones bajo las cuales se investiga. Ello sugiere, desde la perspectiva de los fiscales que resisten la transferencia, que existe una estrategia deliberada de las defensas para dispersar las pesquisas lejos de magistrados y juzgados con tradición en materia de criminalidad financiera. El fiscal Juan Andrés Moldes expresó esta preocupación con nitidez: si existe una vinculación real entre los expedientes, la solución no radica en enviar la causa a Campana, sino en conectarla con la investigación más antigua y de mayor envergadura disponible, que es precisamente la relativa a la mansión de Pilar.
Los personajes centrales y las capas de investigación
En el corazón de esta batalla están Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. Ambos fueron objeto de un requerimiento de instrucción formulado originalmente por el fiscal Pedro Simón, quien actuaba en Santiago del Estero y solicitó su detención e inhibición patrimonial por presunta asociación ilícita y lavado de activos. Simón acusó a los funcionarios de valerse de empresas que funcionaban como pantallas y redes societarias vinculadas a Toviggino para desangrar recursos destinados a la AFA. Sin embargo, en aquella provincia desestimaron esos cargos graves antes de reconocer su propia incompetencia territorial.
El caso que sí avanzó hacia un procesamiento —confirmado luego por la Cámara Penal Económico— versa sobre la apropiación de contribuciones previsionales por un monto de 19.000 millones de pesos. En esa investigación participan el juez Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial. El denunciante fue la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que posteriormente amplió su denuncia para incluir presuntas emisiones de facturas sin respaldo. Paralelamente, existe una tercera línea de pesquisa concentrada en una propiedad ubicada en Pilar, tasada en torno a 20 millones de dólares, que figura formalmente a nombre de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos señalados como posibles testaferros. Este expediente recae en el Juzgado Penal Económico N° 10, bajo jurisdicción de la jueza Verónica Straccia.
A estas tres líneas se suma una cuarta, iniciada el 19 de marzo, basada en reportes de prensa que describen un circuito presuntamente delictivo: desvío de fondos desde el exterior hacia empresas intermediarias, ingreso posterior a financieras del microcentro porteño, contabilización en efectivo en un estudio jurídico y finalización del dinero ya sea en la sede de la AFA o en un departamento de Recoleta. Esta última causa es la que ahora genera el nuevo conflicto de competencias entre Amarante y González Charvay.
Los argumentos en pugna: una cuestión de interpretación legal
Amarante defiende su competencia sosteniendo que la hipótesis delictiva que permanece vigente en su juzgado es una presunta defraudación en perjuicio de la AFA. Señala que en Santiago del Estero descartaron los cargos por lavado de activos y asociación ilícita antes de declararse incompetentes. Por consiguiente, el planteo que ahora formula González Charvay "prescinde de aquel límite" y afirma una identidad de objeto con la causa porteña que "no se deriva de las constancias procesales", según los términos empleados por el magistrado. Además, Amarante insiste en que la competencia territorial debe definirse por el lugar de comisión de los hechos investigados, y esos hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la AFA cambió nominalmente su domicilio social al partido de Pilar —maniobra que el juez interpreta como un intento de evadir controles de la Inspección General de Justicia (IGJ)—, la actividad central de la institución prosiguió desarrollándose en la Capital Federal. Finalmente, Amarante sostiene que una defraudación cometida en perjuicio de una asociación civil constituye un delito de competencia ordinaria, no federal.
González Charvay, por su parte, presentó su incidente de competencia el 3 de julio y argumentó que en ambos expedientes se investiga "el presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas sin contraprestación", lo que configuraba una identidad sustancial entre las causas. El fiscal Moldes respondió el 17 de julio con un dictamen en contra de la inhibición solicitada por el magistrado de Campana. En ese pronunciamiento, Moldes advirtió que si existe una verdadera vinculación entre los expedientes, la solución no consistía en trasladar la causa, sino en unificarla con la investigación más amplia y antigua: el caso de la mansión de Pilar. En esa causa, subrayó el fiscal, intervienen las mismas personas físicas y jurídicas que aparecen en los otros legajos, lo que impone evitar la dispersión de investigaciones que descansan sobre una misma plataforma de hechos.
El factor tiempo y la estrategia defensiva
Uno de los aspectos más relevantes de este conflicto es que ya ha transcurrido más de medio año sin que se logre definir jurisdicción alguna de manera estable. Esta demora no es meramente procesal: implica que las líneas de investigación avanzan de manera errática, con períodos de parálisis, cambios de rumbo y decisiones que deben revisarse cada vez que un tribunal superior las impugna. Los expedientes han adquirido una dinámica propia, casi autónoma, donde la resolución de cuestiones jurisdiccionales prima sobre el avance sustantivo de las pesquisas.
La estrategia de las defensas, como señalaron los fiscales, apunta explícitamente a unificar todos los legajos en Campana, lejos de los juzgados especializados en delitos económicos de la capital. Esta maniobra táctica no es trivial: los tribunales económicos cuentan con equipos especializados, experiencia acumulada en este tipo de causas y una mayor resistencia a las presiones que suelen ejercerse en materia de criminalidad financiera. Trasladar los expedientes a una jurisdicción federal más distante, aunque sea legalmente permisible, altera las condiciones de investigación. La decisión que tome la Cámara Federal de Casación el próximo 12 de agosto no solo zanjará un conflicto de competencias: definirá también el carácter institucional que tendrá la investigación en los meses venideros.
El trasfondo: poder, intereses y fragmentación de la persecución penal
Este conflicto entre magistrados encarna un fenómeno más amplio que trasciende el caso particular de la AFA. La fragmentación de las investigaciones penales en múltiples jurisdicciones, cuando se trata de actores poderosos o de delitos complejos que involucran redes de personas y empresas, genera condiciones que favorecen la dilación. No por incompetencia de los magistrados, sino porque el sistema mismo permite que cada juez defienda su territorio y que las defensas se valgan de esas fracturas para obstruir el avance. Los fiscales que participan en las causas parecen conscientes de esta dinámica: cuando Moldes insistió en la necesidad de unificar las investigaciones en torno a la causa más antigua y amplia, buscaba precisamente evitar esa fragmentación.
El hecho de que la única causa que avanzó hasta el procesamiento sea la relativa a la apropiación de aportes previsionales por Amarante y Navas Rial, confirmada luego por la Cámara, sugiere que existe un modelo de investigación que funciona: la especialización, la continuidad y el trabajo coordinado entre magistrados y fiscales. Las otras líneas de pesquisa, en cambio, permanecen en un limbo jurisdiccional. La decisión de la Cámara Federal de Casación tendrá implicaciones que se proyectarán más allá de este caso. Podría reforzar la autoridad de los tribunales especializados en delitos económicos, consolidar un modelo de investigación unificada y cerrar la puerta a fragmentaciones que dilatan procedimientos. O podría, inversamente, ampliar las facultades de las jurisdicciones federales territoriales y abrir la posibilidad de que en el futuro otros casos complejos sean dispersados entre múltiples juzgados. Las consecuencias de ambos escenarios incidirán no solo sobre Tapia, Toviggino y demás imputados en el expediente de la AFA, sino sobre la viabilidad futura de investigaciones penales en materia de corrupción institucional y criminalidad financiera.
