El Gobierno enfrenta una encrucijada política que expone las grietas de su coalición de poder. En las próximas horas, la Corte Suprema podría definir el destino de una de las medidas económicas más controvertidas del régimen libertario: los límites a la adquisición de tierras por extranjeros. Simultáneamente, en la Cámara de Diputados se teje una maniobra de último momento para desactivar una sesión opositora convocada para el 15 de octubre que amenaza con rechazar el DNU 70/23, el megadecreto que modificó reglas sobre propiedad privada. Lo que comenzó como un debate sobre soberanía territorial se transformó en un pulso entre poderes, entre bloques legislativos y entre la propia coalición gobernante que descubre sus límites.
La carrera contra el reloj en el Congreso
Hace apenas días, el máximo tribunal convocó a una audiencia para este viernes a las 9 de la mañana. El propósito: analizar un pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambientalista que busca restablecer las restricciones sobre la venta de campos a personas extranjeras. Este es el detalle que transforma el tablero político. Si la Corte accede al planteo, se reabriría un capítulo que el Gobierno creía cerrado tras destrabar los votos en el Senado hace pocas semanas, cuando debió ceder a las presiones y eliminar los artículos sobre extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La urgencia del calendario legislativo libertario no es casual. Conocedores de que la Corte podría pronunciarse en menos de 24 horas —tras abreviar los plazos legales—, los dirigentes de La Libertad Avanza movilizaron todos los recursos disponibles. Convocaron para el próximo miércoles 14 a una comisión parlamentaria para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, anticipándose a la sesión opositora del jueves 15. La táctica es clara: si logran que las comisiones se expidan antes de que la Corte resuelva, pueden incorporar un capítulo o disposición específica sobre la Ley de Tierras como parte del proyecto de mayor envergadura. De este modo, el resultado sería una especie de victoria política: aparentarían reaccionar ante el reclamo de sus aliados sin necesidad de admitir un retroceso explícito.
Los aliados que no terminan de serlo
El problema radica en que los propios socios del Gobierno dentro del Congreso no están del todo alineados. El PRO, Provincias Unidas y el MID mantienen posiciones heterogéneas respecto a los límites para la compra de tierras por extranjeros. Durante una reunión convocada originalmente para discutir el Presupuesto —pero que derivó en una conversación mucho más tensa—, estos bloques exigieron respuestas inmediatas. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, debió escuchar reclamos que evidenciaban la fragilidad de la coalición: si el Gobierno no ofrecía algo concreto sobre el tema de tierras, varios legisladores de estos espacios podrían terminar brindando quórum a la sesión opositora. Algunos diputados mantenían incluso abierta esa posibilidad, tentados por la presión política que genera el tratamiento de otros temas sensibles como discapacidad y morosidad.
Lo que el Gobierno no puede ofrecer es algo sustancialmente distinto de lo ya rechazado en el Senado. La propuesta libertaria original contemplaba elevar el límite máximo de compra de tierras por extranjeros del 15% al 25%. Esa cifra no prosperó en la Cámara alta debido a las resistencias de senadores preocupados por la soberanía territorial y sensibles al clima de nacionalismo que permeó el debate tras el episodio de la bandera de Malvinas durante el Mundial de Fútbol de 2022. Reintentar la misma fórmula hoy resultaría políticamente suicida, dado que no cuenta con los votos necesarios. Y cualquier propuesta intermedia —menor al 25% pero mayor al 15% vigente— sería difícil de vender como una "concesión" significativa.
La Corte como actor decisivo
Aquí emerge el rol del Poder Judicial como agente determinante. Semanas atrás, la Corte Suprema anuló el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, cuestionando la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para promover acciones colectivas. Esa decisión pareció sellar el destino de las restricciones a la venta de tierras: de prosperar el criterio adoptado, la medida del Ejecutivo quedaba blindada. Sin embargo, esta semana el tribunal dio señales que podrían revertir ese panorama. Convocó a dos camaristas —Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para tratar el planteo de Árbol de Pie, que sostiene una argumentación distinta a la del Centro de Excombatientes. La ONG ambiental reclama precisamente que su amparo no sea equiparado al de los excombatientes, sino que se reconozca su propia legitimación para actuar.
Esta diferenciación jurídica podría ser la llave que reabra la puerta a las restricciones territoriales. Una decisión favorable significaría que los límites a la adquisición de tierras por extranjeros se restablecerían sin que el Gobierno tuviera que admitir un cambio de posición. Desde la perspectiva del oficialismo, sería el escenario ideal: culpar al tribunal, evitar el costo político interno de la negociación legislativa, y mantener una postura de firmeza ante sus bases. Desde la perspectiva de la oposición, representaría una validación judicial de sus argumentos sobre soberanía y protección del patrimonio nacional.
La sesión opositora que persiste
Pese a los esfuerzos gubernamentales por neutralizar la convocatoria legislativa del 15 de octubre, los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas ratificaron públicamente que bajarán al recinto para insistir con el debate sobre el DNU 70/23. Sus voceros fueron enfáticos: "No podemos, no debemos bajarnos". Aunque los números todavía están lejos de los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión y rechazar el megadecreto, el escenario se complica con la coincidencia de otros temas candentes ese mismo día. Está prevista una marcha universitaria en reclamo de mayor presupuesto para las universidades públicas, y paralelamente se intentaría tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la problemática de la morosidad. Esta acumulación de presiones políticas podría tender puentes hacia diputados indecisos o con dudas respecto a la posición que deben mantener.
Lo paradójico es que incluso si la oposición no alcanzara los votos para rechazar el DNU en su totalidad, podría lograr objetivos parciales. El tratamiento de discapacidad y morosidad, por ejemplo, encuentra receptividad en sectores de la oposición y genera incomodidad en el Gobierno. La resistencia de los gobernadores a dar marcha atrás con otras disposiciones del megadecreto —más allá de la cuestión de tierras— hace casi imposible un retroceso legislativo completo. Pero los reveses parciales generan sus propias consecuencias políticas, amplificadas por la cobertura mediática y la reacción de grupos de presión organizados.
Contexto y consecuencias de la batalla política
Detrás de esta maniobra parlamentaria late un debate de fondo sobre modelos de desarrollo económico y relación con el capital extranjero. La desregulación de tierras forma parte de una estrategia más amplia de apertura económica impulsada por el Gobierno, que busca atraer inversión internacional y flexibilizar restricciones legales heredadas de gobiernos anteriores. Sin embargo, el nacionalismo económico y la defensa de la soberanía territorial mantienen vigencia en el imaginario político argentino, especialmente en contextos como el actual, donde la cuestión de Malvinas permanece activa en la agenda nacional y genera sensibilidad colectiva.
Los resultados de estos conflictos entrecruzados —la decisión de la Corte, la resolución en comisiones, el comportamiento en la sesión opositora— definirán no solo la suerte de la Ley de Tierras, sino también la capacidad del Gobierno para mantener su coalición legislativa y la fortaleza relativa de cada poder en el sistema institucional. Una victoria judicial del Ejecutivo podría fortalecer su posición sin necesidad de gastar capital político en negociaciones legislativas. Una decisión contraria reabriría debates que el oficialismo preferiría cerrados. Y en cualquier caso, la fragmentación de sus aliados quedará expuesta, alimentando tensiones que trascienden esta disputa particular.
