Pasadas las 22.40 de la noche, cuando la tensión política había alcanzado su punto máximo, la sesión plenaria del Senado arribó a su conclusión. La corporación legislativa de la república había consumido horas de debate parlamentario intenso, marcado por acusaciones cruzadas, referencias históricas y una votación que terminó respaldando la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional respecto a la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, el resultado no fue lo suficientemente sólido como para incluir todas las modificaciones que originalmente acompañaban el proyecto remitido desde Casa de Gobierno. Los números ajustados obligaron a los impulsores a hacer renuncias públicas sobre el camino legislativo. Mientras tanto, fuera de las paredes del Palacio parlamentario, la seguridad desplegada en el perímetro debía contener manifestaciones que derivaron en incidentes, daños materiales y detenciones.
Una votación con cifras ceñidas y reformulaciones sobre la marcha
El conteo final favoreció al bloque en el Gobierno: 37 votos afirmativos contra 33 negativos y cero abstenciones. Con este resultado, la iniciativa obtuvo lo que en la jerga parlamentaria se conoce como media sanción, lo que implica que deberá transitar nuevamente el proceso legislativo en la otra cámara. Empero, esos números en apariencia cómodos no reflejaban la realidad de lo que ocurría puertas adentro durante la sesión. El oficialismo libertario había llegado con márgenes tan reducidos que resultó imposible mantener la estructura completa del proyecto tal y como había sido enviado por el Poder Ejecutivo a fines del mes de marzo pasado. Antes de que se abriera la votación en general, ya había tomado una decisión crucial: retirar de la discusión el capítulo destinado a modificar la Ley de Manejo al Fuego. Los legisladores libertarios habían previamente abandonado también los cambios propuestos a la normativa sobre tierras para compras de extranjeros. Estas renuncias tácticas buscaban preservar lo que sí podía aprobarse.
El retiro de artículos completos representaba un reconocimiento implícito de que el Senado no estaba dispuesto a acompañar la agenda del Poder Ejecutivo en su totalidad. Algunos senadores opositores, durante sus intervenciones, ya habían anticipado que ciertos capítulos no tenían sustento numérico. La predicción resultó acertada: durante el tratamiento en particular de la iniciativa, los números se comportarían de manera tan estricta que nuevamente se caería la disposición sobre manejo del fuego, que venía siendo el tercero de los capítulos que desaparecerían del texto original. Lo que finalmente quedaba en pie era sustancialmente más reducido: una regulación para agilizar procesos de desalojo en el territorio porteño y modificaciones en los trámites necesarios para que el Estado Nacional pudiera expropiar bienes particulares.
Las palabras que definen las posiciones irreconciliables
Minutos antes de que se consumara la votación, Patricia Bullrich, legisladora libertaria que representa a la ciudad de Buenos Aires en la Cámara Alta, pronunció el discurso de cierre de la sesión. Su intervención combinó referencias al pasado reciente, ataques velados hacia el kirchnerismo y una defensa visceral del derecho a la propiedad privada como símbolo de estabilidad institucional. Bullrich desarrolló un argumento que buscaba conectar la protección de bienes privados con la seguridad de pobladores de barrios populares: sostuvo que cuando organizaciones delictivas despojan de sus viviendas a personas humildes, corresponde al Estado y al sistema judicial restituir certeza y garantía. En paralelo, realizó críticas a lo que denominó como un rechazo histórico del sector opositor hacia el concepto mismo de propiedad privada, sugiriendo que tal actitud resultaba incompatible con el desarrollo nacional.
Del lado de la oposición, las voces se organizaron en torno a dos ejes principales: por un lado, cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las disposiciones; por otro, alertas sobre la entrega de recursos o capacidades a inversores extranjeros. José Mayans, legislador justicialista de Formosa, fue categórico al afirmar que la normativa violentaba la Constitución Nacional y que el Presidente le estaba otorgando ventajas comerciales a Estados Unidos. Carolina Moisés, senadora de Jujuy que responde a Convicción Federal, sostuvo que los abuelos extranjeros que poblaron el norte del país —italianos, árabes, sirios— fueron recibidos con apertura por la nación, pero que la preocupación radicaba en extranjeros que buscaban ejercer poder político o control territorial. La senadora cordobesa Alejandra Vigoso fue quizás la más dura: calificó al proyecto que se discutía como un "mamarracho", un término que subraya cómo la iniciativa se había desmoronado y transformado mediante las concesiones que el bloque gobernante hubo de hacer durante su trámite. Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero y senador provincial, advirtió que el modelo representado por estas políticas conducía hacia un país fragmentado, sumido en un estado permanente de confrontación.
En un momento particularmente tenso, el senador peronista por Chaco, Jorge Capitanich, invocó una cuestión de privilegio para expresar que se sentía agraviado por expresiones de una legisladora libertaria. Su intervención combinó queja formal con un tono que subrayaba la dureza del enfrentamiento: señaló que a lo largo de su trayectoria política había soportado innumerables "operaciones" pero que quería dejar constancia de la ofensa. Por su parte, Ezequiel Atauche, diputado libertario por Jujuy, cerró su participación con un mensaje de cierre de ciclo: afirmó que el peronismo estaba en extinción, que representaba el pasado y que sus días como fuerza política estaban contados. El legislador sostuvo que sin intermediarios la realidad era distinta, que la población estaba cambiando su predisposición hacia el establishment político tradicional.
Conflictividad en las calles y respuestas de seguridad
Mientras dentro del recinto legislativo se desplegaba este drama parlamentario, en el exterior la situación escalaba hacia formas de expresión más violentas. Manifestantes que se oponían a la normativa se congregaron en los alrededores del Congreso Nacional. Las concentraciones comenzaron durante las horas de la tarde y se prolongaron bien entrada la noche. Los servicios de seguridad reportaron incidentes significativos: contenedores de basura fueron quemados, veredas fueron dañadas, vidrios de unidades policiales fueron rotos. Los focos de conflictividad se registraron en múltiples puntos del perímetro parlamentario, específicamente en las intersecciones de avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y avenida de Mayo con 9 de Julio. Las fuerzas del orden emplearon municiones de goma para dispersar a grupos que estaban sobre vehículos particulares y de transporte público que intentaban circular por las arterias principales. La Policía de la Ciudad aprehendió a nueve personas, mientras que la Policía Federal realizó tres capturas adicionales.
Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió públicamente a estos sucesos a través de un comunicado en redes sociales. Macri describió la actuación policial como respuesta necesaria para hacer cumplir la ley y defender el territorio urbano frente a quienes buscan "destruirlo". Enumeró los daños cometidos: incendios de contenedores, roturas de pavimento, destrozos en patrulleros y agresiones directas contra efectivos de seguridad. Su mensaje incluyó una distinción categórica entre el debate político legítimo, que debe ocurrir dentro del Congreso o en manifestaciones pacíficas, y la conducta de quienes alteran el orden mediante violencia. Clasificó a estos últimos como "delincuentes anarquistas" y "enemigos de nuestro estilo de vida". Pasadas las 22.30, cuando ya la sesión estaba próxima a cerrarse, personal de la Gendarmería Nacional dispersó a un grupo reducido de manifestantes que lanzaba piedras contra efectivos que resguardaban la puerta de entrada al Senado.
Grietas internas y perspectivas futuras del proyecto
Durante la sesión también tomó la palabra Edith Terenzi, senadora del partido Despierta Chubut, quien realzó aspectos procedimentales y el clima de respeto que había predominado durante los debates, a pesar de las profundas discrepancias políticas. Terenzi apuntó que es posible estar en desacuerdo y mantener disidencias sin perder la capacidad de trabajo colaborativo. Fernando Salino, legislador de San Luis del partido Justicia Social Federal, también cuestionó los procedimientos legislativos, señalando la dificultad que generaba no tener coincidencias sobre artículos comunes y pidiendo que en futuras iniciativas se respetara más el protocolo parlamentario. Ambas intervenciones reflejaban cierta fatiga con respecto a cómo se estaban tramitando los proyectos en esta gestión, caracterizada por un enfoque que se presenta como de "todo o nada".
La aprobación de la media sanción, aunque obtenida, deja la iniciativa en una posición delicada de cara a su próximo trámite legislativo. Ha perdido artículos en el camino, ha generado una profunda movilización de sectores sociales contrarios, y ha revelado tensiones dentro de la propia coalición gobernante. El Senado ha actuado como un filtro que ha modificado la arquitectura original de la normativa. Diputados nacionales deberán ahora decidir si respaldan el texto ya modificado o si intentan introducir nuevas variaciones. Las perspectivas son variadas: desde el Gobierno Nacional, es probable que se vea la media sanción como un triunfo legislativo a pesar de los recortes; desde la oposición, se interpretará como un rechazo parlamentario a la agenda libertaria en su formato integral; y desde algunos sectores del oficialismo, podría leerse como una señal de que los márgenes políticos disponibles son más estrechos de lo deseado. Los incidentes callejeros, por su parte, reflejan una movilización de actores sociales que considera que sus intereses territoriales, ambientales o ideológicos están siendo amenazados por el contenido de la ley, más allá de cuáles sean sus formulaciones finales.
