Un paso adelante, dos pasos atrás. Esa podría ser la síntesis de lo que acaba de ocurrir en las cúpulas legislativas respecto a la elección de quien estará a cargo de defender los derechos de la infancia en el país. Lo que parecía un tema cerrado, zanjado con los trámites correspondientes y una votación que recolectó 156 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, acaba de volver al punto de partida. El oficialismo decidió echar por tierra todo lo avanzado e iniciar nuevamente un proceso de selección con otras reglas de juego. Esto no es un detalle administrativo menor: representa una tensión política profunda sobre qué significa gobernar respetando lo que el Parlamento decide, y qué peso tiene la legalidad cuando una mayoría legislativa decide cambiar las cosas sobre la marcha.
Cuando el proceso se desmorona desde adentro
Lo que sucedió hace apenas días fue el anuncio formal de que el concurso público de 2025 para cubrir la posición de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes quedaba sin efecto. La candidata que había ganado esa carrera fue María Paz Bertero, una especialista en temas de género cuya trayectoria profesional la vinculaba con círculos cercanos a la administración provincial de Buenos Aires. Su nombramiento había sido respaldado por una coalición parlamentaria heterogénea: la bancada del oficialismo mayoritario, los diputados de Unión por la Patria, radicales de la línea más crítica con el gobierno, miembros de la Coalición Cívica y diversas fuerzas provinciales. Fue, en términos formales, un proceso que contó con legitimidad legislativa. Había, además, dos defensores adjuntos ya designados: Matías Robledo y Héctor Vito. La estructura estaba montada. O así parecía.
Pero quienes conducen La Libertad Avanza en el Congreso tenían una lectura diferente de los hechos. Para ellos, el proceso adolecía de irregularidades que no podían pasarse por alto. El diputado Santiago Santurio fue quien vocalizó públicamente esta posición, con un comunicado que no solo informaba sobre la anulación sino que también cuestionaba los fundamentos mismos del concurso anterior. Su planteo incluía críticas dirigidas hacia la oposición, sugiriendo que habían instrumentalizado la cuestión de la infancia para propósitos políticos. En sus palabras, afirmó que "la infancia no puede ser usada como plataforma ideológica, ni como caja política". La denuncia de irregularidades quedó flotando sin mayores especificaciones, pero sirvió como justificativo político para lo que vendría: un nuevo llamado a concurso con reglas distintas.
La estructura del poder en la Bicameral
Para entender qué está pasando realmente, es necesario mirar quién controla la Comisión Bicameral de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta instancia, que es la encargada de conducir todo el proceso de selección, tiene diez integrantes distribuidos entre ambas cámaras legislativas. De esos diez, cinco pertenecen a La Libertad Avanza, tres representan a Unión por la Patria, uno viene de la UCR y otro del Pro. En números crudos, esto le da al oficialismo una mayoría confortable para imponer decisiones. La presidencia la ejerce la senadora Vilma Bedia, una pastora evangelista identificada públicamente con posiciones conservadoras en temas de sexualidad y reproducción. La vicepresidencia está en manos del diputado Nicolás Mayoraz, quien también fue vocal durante el concurso que ahora se anula. Esta composición no es accidental: refleja cómo se distribuyó el poder legislativo cuando se constituyó esta comisión.
Desde la oposición, legisladores de ambos bloques grandes levantaron la voz. Los diputados peronistas Juan Carlos Molina y Blanca Osuna presentaron impugnaciones argumentando que las designaciones de miembros en la Bicameral estaban concentradas en un único partido político, lo que violaría criterios de equilibrio institucional. Por su parte, el senador justicialista Daniel Bensusán fue más lejos e interpuso una acción de amparo ante la Justicia, cuestionando la constitucionalidad de cómo se conformó la comisión en primera instancia. Estos movimientos no son meramente procedimentales: plantean interrogantes sobre si una mayoría legislativa puede, legítimamente, deshacer lo que otra mayoría legislativa había aprobado.
Las justificaciones en disputa
El argumento técnico que esgrimió Mayoraz fue que el plazo de 180 días establecido en el reglamento anterior se había vencido el 22 de marzo. Reconoció, con cierta magnanimidad, que quería "respetar el trabajo que han hecho" los integrantes previos de la Bicameral "más allá de las diferencias". Sin embargo, agregó que era necesario "aprender de esa historia recorrida" e implementar un nuevo proceso que fuera "mejor". La propuesta fue clara: comenzar de cero con un nuevo reglamento diseñado por el oficialismo, el cual sería presentado en próximas sesiones.
Del lado de Unión por la Patria, la respuesta llegó del diputado Germán Martínez, jefe del bloque mayoritario de la oposición. Denunció que no solo estaban "abortando un proceso de selección", sino que además estaban vulnerando "la voluntad de una decisión tomada por la Cámara de Diputados", refiriéndose a esos 156 votos que respaldaron la ratificación de Bertero. Para Martínez y sus compañeros, lo que está ocurriendo es un desconocimiento de lo que el Parlamento decidió por mayoría. La exdiputada radical Natalia Sarapura, quien presidió la Comisión Bicameral durante el concurso anterior, fue contundente en sus análisis: "Hicieron caer un concurso que cumplió el reglamento, fue llevado con toda la legalidad y tuvo una terna aprobada por la Cámara de Diputados". Sarapura además señaló que el proceso respetó tanto la normativa interna como lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ordena precisamente que este tipo de designaciones se realicen mediante concurso público.
Lo que está en juego más allá del cargo
Detrás de este pulso legislativo hay algo más profundo que una simple disputa por quién ocupará un escritorio. La Defensoría de los Derechos de la Infancia es una institución que, por su naturaleza, debe funcionar con independencia de los ciclos políticos y las mayorías parlamentarias de turno. La Ley 26.061 no es un capricho normativo: es el resultado de compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de infancia, y refleja además un aprendizaje nacional sobre cómo proteger a quienes menos pueden defenderse por sí mismos. Establecer que la designación sea por concurso público, y no por simple decisión política, es precisamente un mecanismo para evitar que la infancia sea capturada por intereses partidarios.
El gobierno actual ha dejado clara su intención de rediseñar múltiples áreas vinculadas a garantías de derechos. Sarapura lo expresó sin rodeos: "El gobierno del presidente Javier Milei siempre tuvo la decisión de desarticular y hacer desaparecer varias áreas de garantías de derechos". Más allá de si se comparte o no este diagnóstico, lo cierto es que la anulación del concurso permite al oficialismo reescribir las reglas para la próxima convocatoria. Eso significa que podrán diseñar un reglamento que, presumiblemente, favorezca el perfil de candidato que ellos prefieran. No es exactamente lo mismo que nombrar "a dedo", como coloquialmente se dice, pero está en la órbita de permitir que quien tiene el poder defina las condiciones en las que se compite.
El reloj sigue corriendo
La Comisión Bicameral tiene previsto reunirse nuevamente en los próximos días, en los cuales podría fijarse el calendario para debatir y aprobar el nuevo reglamento. Una vez que eso ocurra, se abrirá una nueva convocatoria a concurso público. En teoría, el proceso volvería a estar abierto a múltiples candidatos. En la práctica, qué tan abierto sea dependerá de cómo se redacten los criterios, los requisitos, los puntajes y las evaluaciones que compondrán el nuevo reglamento. Mientras tanto, la Defensoría de los Derechos de la Infancia continúa sin titular permanente, en una situación de interinato que se prolonga. Las problemáticas de la infancia argentina — pobreza, malnutrición, acceso a educación, violencia — no se pausan mientras los legisladores resuelven sus disputas institucionales.
Perspectivas sobre lo que viene
Las consecuencias de esta anulación pueden leerse de múltiples formas. Para quienes respaldan al gobierno, el nuevo concurso representa una oportunidad de mejorar los estándares de calidad y de asegurar que quien dirija esta institución tenga una genuina vocación por defender la vida y la dignidad de la infancia. Desde esta óptica, el reglamento anterior adolecía de deficiencias que es legítimo corregir. Para la oposición y sectores críticos, en cambio, lo que se produjo fue un acto de fuerza institucional: una mayoría parlamentaria que, no conforme con que otra mayoría parlamentaria haya decidido algo, decidió deshacer esa decisión utilizando tecnicismos y cambios de reglas. Ambas lecturas tienen argumentos que las sustentan. Lo que es indudable es que esto genera un precedente: si un concurso público puede ser anulado con el argumento de irregularidades o vencimiento de plazos, la estabilidad de otros procesos similares queda interrogada. Y si una mayoría puede deshacer decisiones de una mayoría anterior simplemente cambiando las reglas, la predictibilidad institucional sufre. En un país donde la infancia enfrenta desafíos cada vez más acuciantes y donde la confianza en las instituciones es un bien escaso, estos movimientos en el ajedrez legislativo pueden tener costos que trascienden el juego político inmediato.
