La estrategia política del Ejecutivo nacional en torno a la reforma electoral entra en una nueva fase de negociaciones. Después de semanas de tensiones internas y diferencias sobre cómo avanzar con los cambios institucionales, la administración decidió incorporar al temario del Senado proyectos presentados por fuerzas aliadas, una movida que responde menos a una convicción programática que a la necesidad cruda de conseguir los votos necesarios para aprobar una reforma estructural en el sistema de elecciones y partidos políticos. La decisión de ampliar el debate legislativo, formalizada hace poco por la comisión que trata estos asuntos, marca un giro táctico significativo: en lugar de imponer una propuesta monolítica, el Gobierno se ve obligado a hacer concesiones y crear espacios para que sus aliados —el PRO, gobernadores provinciales y bloques menores— sientan que sus voces cuentan en la construcción de cualquier reforma que logre cristalizarse.

Los números que explican todo: por qué el Ejecutivo no puede darse el lujo de ignorar a nadie

La aritmética parlamentaria funciona como un muro de contención inquebrantable. Para que cualquier modificación al régimen electoral o al sistema de partidos políticos sea ley, se requiere la aprobación de al menos 37 senadores de un total de 72, una mayoría absoluta que no existe de forma automática para el Gobierno. En la Cámara de Diputados el piso sube aún más: son necesarios 129 votos de 257 legisladores. Esa brecha matemática explica por qué desde la Casa Rosada, semana tras semana, se mantienen reuniones reservadas con gobernadores, bloques provinciales y líderes políticos que responden a distintas geografías del país. El jefe de Gabinete lidera personalmente esas conversaciones, viajando a diferentes provincias para negociar no solo este tema, sino también puntos de la agenda económica y legislativa que interesa a los gobiernos locales. Sin esos acuerdos, la reforma simplemente no avanza, y el Gobierno es lo suficientemente realista como para saberlo.

La Cámara Nacional Electoral, por su parte, ya envió señales de alerta público. Sus magistrados advirtieron al Congreso que cualquier cambio en las reglas de juego electorales debe ser definido con anticipación suficiente, dado que la proximidad de los comicios presidenciales de 2027 no permite sorpresas de último momento. Esa recomendación oficial subraya que el tiempo juega en contra del Gobierno: mientras más se demore en definir estas cuestiones, más complicada será la implementación de eventuales cambios operativos. Es decir, la presión existe desde adentro del sistema institucional para que se resuelva rápido.

El nudo gordiano: primarias obligatorias, optativas o directamente afuera del calendario

En el centro de la negociación está la cuestión de las elecciones primarias, un mecanismo que desde su creación en 2009 ha generado opiniones polarizadas dentro de la clase política. El Gobierno nacional, reflejado en la propuesta de La Libertad Avanza, plantea eliminar completamente las PASO del calendario electoral. El argumento que circula públicamente apunta al costo fiscal: organizar una elección primaria implica un gasto estatal considerable que, según la óptica oficial, no se justifica cuando existen otros mecanismos de selección de candidatos. Sin embargo, en conversaciones privadas, funcionarios de la administración admiten una razón política de peso: las primarias, incluso cuando son optativas, pueden fortalecer a la oposición al permitir que diferentes frentes internos se resuelvan públicamente, generando liderazgos y estructuras que después competirán en la general con más capacidad organizativa.

Frente a eso, el PRO y algunos espacios provinciales como Despierta Chubut —que responde al gobernador Ignacio Torres— impulsan una alternativa: que las primarias sean optativas, no obligatorias. La senadora Edith Terenzi, que lidera esta posición, fundamenta su proyecto con un argumento que toca un nervio importante en la discusión: las PASO fueron concebidas originalmente para que la selección de candidatos no quedara en manos de cúpulas partidarias o de aparatos con mayor capacidad de movilización, sino que dependiera de la voluntad de los votantes. La propuesta optativa, según sus defensores, rescataría ese espíritu democrático al mismo tiempo que reduciría el desgaste electoral que genera tener múltiples jornadas de votación en un mismo año. La idea es que participe quien quiera participar, motivado por un compromiso genuino con el proceso de selección, no obligado por ley.

Internamente en el bloque libertario hay debate sobre qué aceptar. Mientras La Libertad Avanza rechaza la opción de primarias optativas permanentes, algunos funcionarios reconocen que podrían transigir con una suspensión temporal de las PASO para el ciclo electoral de 2027, como una suerte de pausa que luego podría evaluarse. Esa flexibilidad no es irrelevante: indica que el Gobierno sabe que su posición no tiene apoyo suficiente y que necesita ceder en algo para que el proyecto avance. El equilibrio es delicado: si cede demasiado, pierde la iniciativa legislativa; si no cede nada, el proyecto muere en la comisión.

Ficha Limpia: consenso donde hay poco consenso

Uno de los pocos puntos donde existe acuerdo más amplio es el de la inhabilitación de condenados por delitos de corrupción para ocupar cargos públicos. El proyecto que impulsa el PRO, liderado por su presidente de bloque Martín Goerling Lara junto a la senadora Andrea Cristina, propone establecer un régimen de impedimento para personas condenadas en instancia firme por crímenes dolosos vinculados con la administración pública. La lista de delitos contemplados incluye fraude contra la administración, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El argumento es directo: garantizar probidad y resguardar la integridad del sistema democrático. Esta propuesta, a diferencia de la cuestión de las primarias, cuenta con acompañamiento de la Unión Cívica Radical y ya se incorporó al proyecto del Ejecutivo.

La razón de ese consenso relativo es que Ficha Limpia toca un sentimiento transversal en la sociedad argentina: el rechazo a los políticos condenados por corrupción que continúan en funciones. Es políticamente difícil oponerse públicamente a una medida que promete limpiar el sistema de actores cuestionados. Sin embargo, también existen inquietudes no expresadas abiertamente: algunos legisladores se preguntan internamente si la implementación de estos criterios podría afectar a figuras políticas locales influyentes que tienen procesos judiciales en curso. Esas tensiones silenciosas solo emergen en reuniones privadas.

Los cambios más profundos: financiamiento, boleta única y personalidades jurídicas de partidos

Más allá de las primarias y de Ficha Limpia, el proyecto de reforma que impulsa el Gobierno contiene modificaciones institucionales de alcance significativo. La propuesta de 79 artículos plantea reformas al sistema de financiamiento de partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel, elevación de los pisos de votos requeridos para mantener el reconocimiento como partido nacional, y aumento en la cantidad de afiliados necesarios. Esas disposiciones tienen implicaciones prácticas seria: fuerzas políticas que no logren alcanzar esos nuevos umbrales podrían perder su personería jurídica, lo que significa dejar de existir legalmente como partidos.

Ese riesgo es especialmente delicado porque podría afectar incluso a espacios que actualmente responden al Gobierno o son considerados aliados. Un gobernador provincial con un partido pequeño, por ejemplo, podría ver cómo su estructura jurídica se disuelve si no alcanza los nuevos requisitos. Por eso la negociación sobre estos detalles es tan minuciosa: cada provincia, cada bloque, busca garantías de que su estructura política no será perjudicada por las nuevas reglas de juego. Es aquí donde el consenso se vuelve más difícil de construir, porque los incentivos son asimétricos y cada actor busca protegerse.

Otro cambio relevante es la eliminación de la elección directa de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En su lugar, serían designados de forma indirecta a través del Congreso Nacional, utilizando criterios de representación proporcional. Este cambio es menos resonante en el debate público, pero refleja una filosofía del Gobierno sobre la centralidad del Congreso en la toma de decisiones sobre cargos internacionales, en lugar de permitir que los ciudadanos voten directamente sobre quién los representa en organismos supranacionales.

La política detrás de la política: qué busca realmente el Ejecutivo

Es importante no perder de vista el contexto mayor en el que ocurren estas negociaciones. El Gobierno llegó al poder con un mandato de transformación institucional y se ha movido rápido en varios frentes: economía, seguridad, relaciones internacionales. En términos electorales, tiene el desafío de consolidar su base de poder antes de que lleguen las elecciones de 2027. Una reforma de estas características, bien ejecutada, podría modificar estructuralmente las condiciones en las que compite políticamente.

Por un lado, la eliminación de las PASO facilitaría que el Gobierno, con sus estructuras de campaña más desarrolladas, tenga ventaja sobre frentes opositores fragmentados. Por otro lado, Ficha Limpia podría remover del tablero político a figuras que compitan directamente contra La Libertad Avanza. Los cambios en los requisitos para mantener la personería jurídica de partidos pequeños simplificarían el mapa electoral al reducir la cantidad de ofertas políticas disponibles. En conjunto, estas medidas apuntan a una reorganización del sistema de partidos que beneficiaría al Gobierno actual, aunque eso no siempre se explicita públicamente.

Simultáneamente, el Ejecutivo necesita que esa reforma sea percibida como legítima, como resultado de un consenso democrático y no como un acto de fuerza. De allí la importancia de incorporar propuestas de aliados, de hacer espacios para que otros bloques sientan que contribuyeron a la reforma. Es una estrategia de legitimación que apunta a que el resultado final sea visto como producto del debate legislativo, no como imposición del Ejecutivo.

Gobernadores, negociaciones y agendas paralelas

Las reuniones entre el jefe de Gabinete y los gobernadores provinciales funcionan como una suerte de mesa de cambio política. No se discute solo la reforma electoral. En esas conversaciones también se negocia financiamiento federal, obras de infraestructura, presupuestos ministeriales específicos y respaldo político para iniciativas del Gobierno a nivel local. Un gobernador puede intercambiar su voto favorable a la reforma electoral a cambio de fondos para construir una ruta, o a cambio de que el Gobierno no impulse auditorías sobre administraciones provinciales, o a cambio de respaldo federal en negociaciones con provincias limítrofes.

La complejidad de estas negociaciones refleja la naturaleza federal del sistema político argentino. El Gobierno nacional no puede sencillamente imponer una agenda legislativa; necesita construir coaliciones territoriales que involucren a actores provinciales con agendas propias. Eso es especialmente cierto en el Senado, donde cada provincia tiene dos representantes independientemente de su población, lo que otorga desproporcionado poder a gobiernos provinciales medianos o pequeños. Un gobernador de una provincia poco poblada podría resultar decisivo para aprobar o bloquear una reforma nacional.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, es un ejemplo de esto: su apoyo legislativo se manifiesta a través de la senadora Edith Terenzi, que impulsa la opción de PASO optativas. Torres negocia simultáneamente distintos puntos con la administración nacional. La posición de Chubut sobre las primarias es su contribución visible, pero en paralelo ocurren discusiones sobre financiamiento provincial, deuda, subsidios y otras cuestiones que jamás se hacen públicas.

Perspectivas abiertas: qué puede ocurrir en los próximos meses

El proyecto de reforma electoral seguirá siendo negociado en las próximas semanas. La ampliación del temario de la comisión senatorial y la incorporación de propuestas alternativas sobre PASO y Ficha Limpia sugieren que existe disposición para seguir construyendo consensos, aunque sea sobre versiones modificadas de lo que el Gobierno originalmente propuso. Sin embargo, varias incertidumbres permanecen abiertas.

Primero, la tensión entre la posición oficial de La Libertad Avanza —eliminación completa de las primarias— y las propuestas de PRO y gobernadores aliados —PASO optativas— no está resuelta. El proyecto de reforma podría terminar aprobando una versión que incluya primarias optativas, lo que significaría una concesión importante del Gobierno a sus aliados. Alternativamente, el Gobierno podría lograr que se apruebe la eliminación directa de las PASO, demostrando capacidad de imposición legislativa.

Segundo, los cambios sobre requisitos de personería jurídica de partidos pueden generar conflictos imprevistos si algunas fuerzas provinciales descubren que están en riesgo de perder su estatus legal. Eso podría provocar retiros de apoyo o cambios de posición de último momento.

Tercero, la proximidad de 2027 crea una presión temporal que corta las negociaciones: mientras más se demore en definir el nuevo régimen electoral, mayor será la incertidumbre para todos los actores políticos que necesitan planificar sus estrategias de campaña. La advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la necesidad de definir las reglas con tiempo subraya esa presión.

Cuarto, la capacidad del Gobierno de mantener la disciplina interna en La Libertad Avanza sobre estos temas será crucial. Si el bloque libertario se divide sobre qué concesiones son aceptables, la negociación se vuelve más complicada porque la otra parte sabrá que existe debilidad en el apoyo gubernamental.

Las consecuencias de esta reforma, una vez aprobada, serán múltiples y de largo plazo. Un sistema electoral modificado estructura la competencia política durante años: afecta qué partidos pueden competir, cuáles son descartados, cómo se construyen coaliciones. La eliminación de las PASO, si ocurre, cambiaría profundamente la forma