La próxima semana marca un punto de inflexión en la agenda legislativa del Ejecutivo nacional. El Senado de la República avanzará en el análisis de una iniciativa que representa, para la administración actual, una pieza central en su estrategia de atracción de capitales extranjeros: el denominado super-RIGI, un marco normativo que busca facilitar megainversiones en sectores tecnológicos de punta mediante beneficios impositivos y regulatorios sin precedentes en la historia económica reciente del país. Este movimiento no es menor. Implica que el Gobierno mantiene la velocidad en la aprobación de sus prioridades legislativas y demuestra que cuenta, al menos por ahora, con los apoyos parlamentarios necesarios para avanzar en iniciativas que el establishment empresario ve con buenos ojos.
La convocatoria se produjo para el miércoles 5 de agosto a las 15:30, en el recinto del Salón Azul de la Cámara Alta. Participarán de forma conjunta tres comisiones senatoriales: la de Presupuesto y Hacienda, la de Economía Nacional e Inversión, y la de Legislación General. Un detalle que cobra relevancia: todas ellas son encabezadas por legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza, el espacio político mayoritario en el Senado. Este ordenamiento institucional no es accidental. Refleja el control que ejerce el oficialismo sobre los mecanismos de debate y dictamen en la Cámara Alta, algo que sin duda facilita la celeridad con la que busca procesar esta iniciativa.
La batalla legislativa previa: cómo llegó hasta aquí
Para comprender la relevancia de este paso, es necesario retroceder a junio pasado. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde obtuvo una votación que evidencia cierto consenso entre diversos sectores políticos. Los números finales fueron contundentes: 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Más allá de la mayoría oficialista, la iniciativa consiguió respaldos de otras fuerzas políticas. El PRO, la Unión Cívica Radical y una serie de bloques de diputados provinciales acompañaron la iniciativa. Esta arquitectura de apoyos suprapartidarios es justamente lo que el Gobierno intenta replicar ahora en el Senado, donde el panorama político exige, en muchas ocasiones, mayor delicadeza negociadora.
El proyecto aprobado en Diputados incluyó modificaciones respecto a su versión original. Una de las más significativas fue la introducción de cláusulas vinculadas al denominado "compre nacional". Aunque el régimen mantiene su orientación hacia la importación de bienes con arancel cero cuando estos resulten necesarios para los proyectos privilegiados, se incorporó una obligación: las empresas acogidas al régimen deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. Además, cuando existan firmas nacionales con capacidad técnica, disponibilidad y condiciones competitivas en materia de precio y calidad, al menos el 20% de las contrataciones de proveedores debe realizarse con empresas locales. Este equilibrio entre apertura y protección de la cadena de valor doméstica fue, en buena medida, lo que permitió ampliar la base de apoyo legislativo.
Qué ofrece el nuevo régimen: beneficios que trascienden lo visto antes
El super-RIGI no es simplemente una extensión del régimen de inversiones que fue incorporado en la Ley Bases hace meses. Se trata de un esquema de incentivos cualitativamente distinto, mucho más ambicioso en sus alcances y, para muchos críticos, más regresivo en sus implicancias fiscales. Los beneficios acumulados son de tal magnitud que merecen análisis detallado. Primero, la alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce a un 15%, cifra extraordinariamente baja comparada con la alícuota marginal que pagan empresas locales de sectores tradicionales. Segundo, se permite una amortización acelerada para inversiones en bienes de capital e infraestructura, lo que reduce significativamente la base imponible en años iniciales. Tercero, se autoriza la deducción de quebrantos sin límites temporales —es decir, que las pérdidas de un año puedan compensarse indefinidamente contra ganancias futuras—. Cuarto, la tasa aplicada a dividendos y utilidades distribuidas es del 3,5%, extremadamente reducida.
En el terreno del comercio exterior, los beneficios son igualmente relevantes. Las empresas acogidas acceden a arancel cero para la importación de bienes destinados a sus proyectos, eliminando una barrera que en otros contextos protege a productores locales. Además, se suprimen las retenciones a las exportaciones vinculadas a esas inversiones, un mecanismo que históricamente fue utilizado como fuente de ingresos fiscales. En paralelo, el régimen establece un tope del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias que adhieran voluntariamente, mientras que prohíbe a los municipios aplicar tasas basadas en la facturación empresarial. A cambio de esta extraordinaria generosidad impositiva, el Estado obtiene una estabilidad regulatoria y tributaria garantizada durante 30 años. Es decir, el fisco acepta renunciar a su capacidad de modificar el régimen tributario durante tres décadas.
Un aspecto que distingue al super-RIGI del régimen anterior es la magnitud de inversión requerida. Solo pueden acceder proyectos que comprometan inversiones mínimas de US$1.000 millones y que ejecuten un desembolso equivalente a $200.000 millones durante los dos primeros años desde su aprobación. Este umbral elevado significa que el régimen no está pensado para pequeñas o medianas iniciativas, sino para megaproyectos de escala transnacional. Los sectores prioritarios identificados por el Gobierno revelan la intención de modernización tecnológica del aparato productivo: inteligencia artificial, centros de datos, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados con la cadena de valor del uranio. La lógica es clara: diversificar la matriz productiva e incorporar competencias que hoy escasean en la estructura económica doméstica.
En materia cambiaria, el régimen replica el esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas del RIGI original, pero con una característica importante: las empresas podrán disponer del 20% de las divisas generadas por exportaciones durante el primer año, del 40% en el segundo y de la totalidad a partir del tercero. Esto implica que a partir del cuarto año de operación, no habrá restricciones en la remisión de ganancias al exterior. Finalmente, se prevén beneficios adicionales: reducción en el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales vinculadas a nuevos empleos generados por los proyectos.
El calendario legislativo y sus complejidades procedimentales
Si el plenario de comisiones se realiza el 5 de agosto y logra emitir dictamen, el Gobierno no podrá llevar inmediatamente el proyecto al recinto para su votación. El reglamento del Senado establece un plazo mínimo de siete días entre la firma del despacho y el tratamiento en sesión plenaria. Hay, sin embargo, una excepción: si se logra el apoyo de dos tercios del cuerpo, se puede habilitar una sesión extraordinaria y saltar este plazo. El Gobierno deberá evaluar si cuenta con esos votos o si es preferible esperar. Más allá de este timing, la próxima semana será particularmente densa legislativamente. Simultáneamente, el Ejecutivo busca reunir apoyos para debatir otro proyecto considerado prioritario: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocida en círculos políticos como "ley de tierras", cuya sesión fue convocada para el 6 de agosto. Ambas iniciativas representan pilares del proyecto económico-institucional que impulsa la administración actual.
El desafío para el Gobierno en el Senado no es menor. Aunque cuenta con una mayoría nominal, la geografía política de la Cámara Alta exige coaliciones amplias en muchos casos. La presencia de gobernadores e intendentes en la Cámara, aunque algunos sean alineados con el oficialismo, introduce dinámicas de negociación que no siempre resultan predecibles. El logro anterior en Diputados demuestra que la iniciativa tiene capacidad de convocatoria más allá del círculo cercano al Presidente, pero la composición del Senado es más heterogénea y regionalmente diversa. Por ello, el énfasis en la búsqueda de apoyos del PRO, la UCR y bloques provinciales cobra especial importancia.
Las implicancias de este avance legislativo son múltiples y complejas. Si se concreta la aprobación del super-RIGI, Argentina ingresaría en un terreno inédito: la concesión de beneficios fiscales tan extraordinarios y de tan larga duración a inversores extranjeros, combinados con la imposibilidad estatal de modificar regímenes durante décadas, suscita interrogantes sobre el futuro de la capacidad recaudatoria del Estado y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Por otro lado, desde la perspectiva de quienes impulsan la medida, se trata de una apuesta necesaria para atraer capitales internacionales hacia sectores de frontera tecnológica que podrían transformar la estructura económica nacional. Entre estos dos polos —renuncia fiscal acelerada versus modernización productiva— transcurrirá el debate que defina no solo el resultado legislativo inmediato, sino también las orientaciones económicas del país en años venideros.
