En las próximas semanas, la Casa Rosada intensificará un ciclo de encuentros que combina tres elementos estratégicos: la remodelación del sistema electoral, la distribución de recursos presupuestarios y el armado político territorial. El Ejecutivo ha decidido acelerar esta ofensiva diplomática justamente en el momento en que la campaña rumbo a las elecciones de 2027 comienza a perfilar sus contornos, entendiendo que los acuerdos suscritos ahora serán determinantes para el posicionamiento futuro. Lo que sucede durante estos meses no es meramente un intercambio de propuestas legislativas, sino una operación de calibre para reconfigurar las alianzas políticas en cada rincón del país.
El jefe de Gabinete se convertirá en el ejecutor de esta estrategia de contactos múltiples. Aunque los encuentros todavía carecen de un cronograma fijo, desde la Casa Rosada se anticipa que la batería de reuniones comenzará a materializarse durante octubre. Este timing no es casualidad: permite avanzar conversaciones antes de que los proyectos legislativos ingresen en su fase más crítica y abierta en el Congreso. El objetivo declarado es conocer de primera mano las posiciones de cada gobernador respecto de los temas que el Gobierno considera centrales para su agenda. Sin embargo, el propósito real es más vasto y abarca una reingeniería política pensada en escala provincial y nacional simultáneamente.
La reforma electoral: un mapa de posiciones fragmentadas
La iniciativa de eliminar las primarias nacionales —comúnmente denominadas PASO— representa el punto de disputa más caliente en estas negociaciones. El Gobierno libertario controla apenas 21 bancas en el Senado y requiere 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria, lo que implica la búsqueda de al menos 16 apoyos adicionales fuera de su bloque. Esta aritmética fuerza a negociar con la Unión Cívica Radical, el PRO y los bloques de gobernadores provinciales, sectores cuyas posiciones distan de ser homogéneas.
Entre los mandatarios radicales que mantienen canales de diálogo con el Ejecutivo figuran Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Carlos Sadir. No obstante, la coincidencia entre lo que estos gobernadores piensan y lo que sus senadores votan no siempre resulta congruente. Esta fractura genera un desafío adicional para quien dirija las negociaciones: debe conversar simultáneamente con dos interlocutores —el gobernador y sus legisladores— cuyas prioridades pueden no alinearse. El caso de Maximiliano Pullaro, gobernador santafesino, ejemplifica esta complejidad. El mandatario manifestó públicamente su respaldo a la suspensión de las PASO en el nivel nacional, pero mantiene una posición diferente respecto de su propia provincia. Además, busca incorporar a la discusión presupuestaria las necesidades de infraestructura y desarrollo de su distrito.
La relación entre Pullaro y el Gobierno experimentó un giro positivo a partir de la asunción de la nueva conducción en Gabinete, y ahora el gobernador radical forma parte del círculo de consultas prioritarias. Otros mandatarios considerados dialoguistas —como Claudio Poggi y Osvaldo Jaldo— también serán incorporados a estas conversaciones, aunque con distintos matices. Jaldo, por ejemplo, se ha manifestado explícitamente en contra de la eliminación de las PASO, lo que anticipa una negociación más ardua en su caso. Estas posiciones heterogéneas obligan al Ejecutivo a desplegar un trabajo de persuasión diferenciado, caso por caso, aprovechando tanto contactos directos con los gobernadores como sus vínculos con los senadores provinciales.
El presupuesto como herramienta de acuerdo territorial
Simultáneamente a la negociación sobre reforma electoral, la Casa Rosada desplegará conversaciones en torno al Presupuesto 2027. En este apartado, el Ejecutivo ha identificado un círculo prioritario: los gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei durante su viaje a Francia serán los primeros interlocutores de esta nueva fase. No obstante, la convocatoria se extenderá progresivamente a otros mandatarios que mantienen canales operativos de diálogo con el Gobierno. La lógica subyacente es sencilla pero efectiva: utilizar la asignación presupuestaria como moneda de intercambio para fortalecer lealtades políticas y facilitar acuerdos en otras áreas de negociación. Cuando un gobernador obtiene recursos adicionales para obras o programas en su territorio, su disposición a acompañar iniciativas legislativas tiende a incrementarse.
El presupuesto actúa así como un lubricante de las negociaciones políticas. Los mandatarios provinciales llegan a estas mesas con demandas concretas: dinero para infraestructura vial, educación, salud, inversión productiva. El Ejecutivo, a su vez, llega con la necesidad de asegurar votos en el Congreso y de construir alianzas que trasciendan lo legislativo e impacten en la competencia electoral de 2027. Este esquema transaccional trasciende lo meramente institucional para convertirse en un componente central del armado territorial que ya comienza a dibujarse de cara al próximo ciclo electoral.
El puzzle de las alianzas electorales en construcción
La tercera pata de esta estrategia atañe al reordenamiento de las alianzas políticas en los distintos distritos. La Casa Rosada ha adoptado un enfoque diferenciado: existe un grupo de gobernadores con quienes se busca construir acuerdos políticos de mayor envergadura, y otro grupo con el que simplemente se pretende asegurar diálogo parlamentario. Esta distinción es crucial porque determina la profundidad y alcance de los compromisos que el Gobierno está dispuesto a asumir en cada territorio.
En el primer segmento —el de mandatarios con potencial para acuerdos más robustos— figuran gobernadores como Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, con quienes ya se alcanzaron entendimientos durante 2025 que la Casa Rosada estudia reeditar. Asimismo, el Ejecutivo analiza posibles acuerdos con Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Claudio Poggi. En otros distritos, la negociación permanece en un estado más incipiente, sin que aún se haya definido la orientación que tomarán los acercamientos. Esta arquitectura estratégica revela que el Gobierno no apunta a construir una coalición monolítica, sino a geometrías variables según el territorio y los intereses en juego.
La coordinación de estas negociaciones representa un ejercicio complejo de diplomacia interna. Quien encabece estas reuniones debe mantener coherencia discursiva mientras adapta los mensajes a las realidades locales de cada provincia. Debe prometer recursos presupuestarios sin que ello implique un desequilibrio fiscal general. Debe negociar reformas legislativas sin que parezca que cede principios fundamentales. Debe construir alianzas electorales sin que aparente estar subordinado a los gobernadores. Esta es la razón por la cual se ha designado a un funcionario de peso político y experiencia parlamentaria para conducir estos encuentros.
Lo que suceda en estas próximas semanas de negociaciones modelará significativamente el escenario político de los próximos años. Si el Gobierno logra tejer alianzas sólidas con los gobernadores, podrá avanzar más ágilmente en sus reformas legislativas y contar con estructuras territoriales fortalecidas para 2027. Si, por el contrario, las negociaciones resultan fragmentarias o frustrantes, el Ejecutivo enfrentará un Congreso más adverso y espacios provinciales menos controlables en la próxima competencia electoral. Los puntos de convergencia y divergencia que emerjan de estos encuentros determinarán no solo qué reformas se aprueban, sino también cómo se estructura la competencia política en cada provincia durante los años venideros. La capacidad de construir consensos ahora será el predictor más confiable del posicionamiento que cada actor político logrará en la próxima contienda electoral.
