Un portazo sin precedentes en la historia democrática
Nunca antes, desde el regreso de la democracia en 1983, un gobierno argentino había tomado una medida tan drástica: borrar de un plumazo las acreditaciones de todos los periodistas que cubren la actividad del Poder Ejecutivo en la Casa Rosada. Eso fue exactamente lo que hizo la administración de Javier Milei este jueves, cuando dispuso la eliminación del registro de huellas digitales que permitía el ingreso del personal de prensa al edificio. La respuesta del mundo periodístico no tardó en llegar: fue unánime, contundente y cargada de una gravedad institucional que pocas veces se ve en el sector.
La decisión oficial se apoya en dos argumentos. Por un lado, el Gobierno alega que es necesario profundizar una investigación judicial vinculada a un presunto financiamiento ruso a ciertos medios de comunicación, causa que ya había derivado, semanas atrás, en la restricción de acceso a periodistas de siete medios durante más de dos semanas. Por otro lado, esgrime una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), acusados de presunto espionaje ilegal tras difundirse imágenes de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno grabadas para el ciclo ¿Y mañana qué?. Sin embargo, la producción del programa ya informó que está entregando a la Justicia, a través de sus abogados, el material original de todas las grabaciones, con el objetivo de demostrar que las tomas se realizaron en espacios comunes y de acceso público, en cumplimiento de la normativa vigente. Además, aportaron registros fotográficos y audiovisuales de coberturas anteriores que evidencian que esos mismos espacios fueron filmados por decenas de medios sin que nadie lo objetara.
Las organizaciones periodísticas tomaron la palabra
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), conducida por Martín Etchevers, fue una de las primeras en pronunciarse. En un comunicado formal, la entidad calificó la medida como "intempestiva" y señaló que no registra antecedentes en la vida democrática del país. Para ADEPA, el acceso de la prensa a la sede del Ejecutivo no es un privilegio corporativo sino una práctica institucional consolidada que garantiza el derecho de la sociedad a saber qué hacen quienes gobiernan. La organización fue enfática al advertir que ninguna investigación judicial en curso —por más relevante que sea— puede justificar una restricción de carácter general que afecte a la totalidad de los trabajadores de prensa acreditados. El impacto, subrayaron, recae directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, dos pilares que sostienen cualquier sistema democrático que se precie de serlo. El pedido de ADEPA fue claro: revisión urgente de la medida y restablecimiento inmediato de las condiciones habituales de trabajo.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), presidido por Fernando Stanich, fue igualmente categórico. Definió lo ocurrido como "una medida de extrema gravedad institucional" y rechazó de plano que la denuncia presentada por la Casa Militar contra los periodistas de TN —que aún no cuenta con ninguna resolución judicial que acredite una conducta irregular— pueda servir de sustento para vetar a todos los acreditados sin distinción. Fopea destacó un punto que suele perderse en el debate: cuando se restringe el trabajo de los periodistas, no solo se perjudica a los profesionales de prensa. Se perjudica, sobre todo, a los ciudadanos, que pierden su principal herramienta de control sobre quienes ejercen el poder. El foro también advirtió que este tipo de decisiones generan un efecto intimidatorio que excede largamente el caso concreto que se invoca como justificación, y exigió el restablecimiento inmediato del sistema de acreditaciones.
La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba) sumó su voz con igual firmeza. En su pronunciamiento, la entidad señaló que la medida no puede leerse como un hecho aislado, sino como el eslabón más reciente de una cadena de agravios y restricciones que vienen acumulándose contra el ejercicio de la prensa escrita. Aedba hizo hincapié en algo que incomoda pero es necesario decir: el periodismo de investigación y el control del poder no son una molestia para la democracia, sino su oxígeno. La entidad también apuntó contra el clima de hostilidad que rodea a los periodistas que cubren la actividad oficial, con agresiones verbales incluidas, y reclamó que las autoridades garanticen condiciones de seguridad y respeto para que la prensa pueda hacer su trabajo.
Apera y Sipreba: dos voces más en el coro del rechazo
La Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), que encabeza Fernando Ramírez, también expresó su "enorme preocupación" ante lo ocurrido y fue directa al interpelar al presidente Milei por su nombre. La organización exhortó al mandatario a ordenar el cese de lo que calificó como una medida "intempestiva y arbitraria", recordando que el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada —bautizada oficialmente como Sala 'Decano Roberto Di Sandro'— es, en los hechos, una violación al derecho constitucional de trabajar. "En una democracia no se cierra la Sala de Periodistas de la Casa Rosada", fue la frase que eligieron para sintetizar su postura, y difícilmente se pueda decirlo de manera más directa.
Desde el movimiento gremial, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) fue todavía más áspero en su caracterización. La organización definió la decisión oficial como "otro impotente y desesperado intento del Gobierno de silenciar a la prensa" y la encuadró dentro de lo que consideran una escalada de abusos de poder. El sindicato no solo criticó el cierre en sí, sino que recordó que Milei tiene un historial de insultos, difamaciones y hostigamiento contra periodistas y trabajadores de prensa, y que el Ejecutivo ha presionado públicamente para lograr despidos en distintos medios de comunicación. Para Sipreba, lo de este jueves no es una novedad sino la continuación de una política sistemática.
El trasfondo: ¿investigación judicial o escarmiento?
Más allá de los argumentos oficiales, lo que queda en evidencia es una tensión profunda entre un gobierno que se siente acosado por la cobertura periodística y un sector de la prensa que reivindica su rol de contralor del poder. La causa por el presunto financiamiento ruso a medios y la denuncia contra los periodistas de TN pueden ser investigadas por la Justicia sin necesidad de suspender las acreditaciones de absolutamente todos los trabajadores de prensa. Esa desproporción es, precisamente, lo que más inquieta a las organizaciones del sector: cuando la respuesta del Estado a un caso específico es castigar de manera colectiva a toda una profesión, el mensaje que se envía no es de transparencia ni de apego a la ley, sino de advertencia. Y las advertencias de ese calibre, en democracia, no deberían tener lugar.