El conflicto sobre el financiamiento de las universidades nacionales escaló un nuevo peldaño en la arena judicial. Hace poco, un magistrado del fuero contencioso administrativo federal intimó al Ejecutivo a que completara dentro de cinco días el cumplimiento de una cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, la administración nacional ha decidido no quedarse con esa determinación y presentará un recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones. Lo que comenzó como un diferendo presupuestario entre el Estado y las casas de altos estudios se ha transformado en una sucesión de decisiones judiciales que ponen a prueba los límites del poder ejecutivo frente a órdenes de la justicia.
La complejidad del caso radica en que se entrelazan al menos dos niveles de conflicto simultáneamente. Por un lado, existe una cautelar que ya quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Esa medida cautelar ordena aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, los cuales establecen la recomposición de salarios para docentes y no docentes universitarios, además de actualizar los programas de becas estudiantiles. Esta disposición fue dictada inicialmente en diciembre de 2025 por el juez Martín Cormick, quien preside el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, y posteriormente confirmada por la Cámara. Por otro lado, existe el litigio de fondo contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la ley pero subordinó su ejecución a la identificación de fuentes de financiamiento. Ese debate de fondo aún no ha sido resuelto de manera definitiva por los tribunales.
El punto de quiebre: la cuestión del cumplimiento
El meollo del asunto se encuentra en si el Gobierno ya ha cumplido o no con lo que la cautelar ordena. El magistrado Cormick sostuvo recientemente que "no existe cumplimiento total" de la medida y advirtió que aplicará multas diarias —conocidas en lenguaje jurídico como astreintes— si el Ejecutivo no materializa completamente las obligaciones dentro del plazo fijado. Esta conclusión del juez contrasta frontalmente con la posición que mantienen los funcionarios involucrados en el expediente. Según relatos de despachos oficiales, la administración ya ha cumplido con la cautelar y ha informado y acreditado así ante la Justicia. Esta divergencia de interpretaciones será el eje central de la apelación que presentarán ante la Cámara.
En junio pasado, el Gobierno intentó demostrar su cumplimiento a través de un acuerdo. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios suscribieron el 10 de junio un acta que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento, y mayores asignaciones para hospitales universitarios y becas. Basándose en ese acuerdo, la administración solicitó posteriormente que se levantara la cautelar, argumentando que las circunstancias que la justificaron habían cambiado. Sin embargo, Cormick rechazó ese planteo el 1 de septiembre, estimando que el Estado no había acreditado una solución definitiva para los problemas de deterioro salarial y otros perjuicios que las universidades habían invocado. Las negociaciones continuaron, pero fracasaron nuevamente el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% para los salarios universitarios, sosteniendo que la aplicaría aun sin consenso, mientras que los gremios rechazaron la propuesta y mantuvieron discrepancias significativas respecto de los cálculos oficiales sobre cuánto aún falta recomponer.
La estrategia procesal y sus aristas pendientes
En los despachos de la Casa Rosada todavía se debate una decisión procesal adicional: si solicitarán que la apelación tenga efecto suspensivo. Esta opción abriría una discusión técnica sobre si la intimación del juez Cormick continuaría produciendo efectos legales mientras la Cámara revisa el caso, o si quedaría suspendida en sus efectos durante esa revisión. La resolución sobre este punto aún no ha sido adoptada, según confirmaron fuentes del Ejecutivo que explicaron estar "estudiando el tema". Lo que sí está definido es que la apelación no reabrirá la discusión sobre la cautelar original, que ya es inamovible después de que la Corte Suprema cerrara esa puerta el 25 de junio. Lo único que ahora se discute es si el Gobierno ha cumplido o no con lo que esa cautelar ordena.
Paralelamente a esta batalla legal, existe una negociación política que el Ejecutivo pretende desarrollar durante el proceso de debate del Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional. La Casa Rosada ha manifestado disposición a revisar la partida universitaria incluida en el proyecto presupuestario y a buscar un punto intermedio con los rectores y los bloques legislativos aliados. El texto remitido al Parlamento contempla $7.349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales en las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades aproximadas de $11 billones. En los círculos gubernamentales no prevén aceptar automáticamente esa cifra, pero reconocen internamente que el monto originalmente enviado podría modificarse. La estrategia oficial busca que un acuerdo presupuestario permita también transformar el escenario judicial. Si se logra consensuar mayores recursos, el Gobierno podría presentar ese entendimiento dentro del expediente como una circunstancia nueva, generando bases para que los tribunales reconsideren sus decisiones.
Es importante aclarar que cualquier modificación de la cautelar, incluso si surge de un acuerdo político presupuestario, deberá ser resuelta formalmente por los tribunales. No se puede simplemente dejar sin efecto decisiones judiciales mediante negociaciones parlamentarias. Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y han ratificado la realización de una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. El próximo movimiento inmediato será la presentación de la apelación contra la intimación de Cormick, que el Gobierno llevará ante la Cámara, mientras define en paralelo si también solicitará suspender los efectos de la orden durante la revisión.
La contienda actual refleja una tensión recurrente en sistemas democráticos: cómo se articulan las decisiones del poder ejecutivo cuando chocan con mandatos judiciales, y de qué modo las negociaciones políticas pueden o no modificar el curso de litigios en curso. El desenlace de este expediente generará precedentes sobre los alcances de las cautelares en materia presupuestaria y sobre los mecanismos disponibles para que la administración cuestione decisiones judiciales cuando considera que no ha incumplido sus obligaciones. Desde la óptica de quienes defienden la autonomía universitaria, el resultado determinará si las instituciones de educación superior pueden contar con protecciones judiciales efectivas. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la resolución definirá el margen de maniobra presupuestaria en contextos de restricción fiscal. Los sectores académicos y gremiales observan el proceso como un indicador de si la Justicia puede garantizar derechos más allá de lo que la administración está dispuesta a conceder voluntariamente. Todas estas miradas coexisten mientras los tribunales avanzan en sus decisiones y la política legislativa busca encontrar salidas alternativas.
