El paradójico drama que atraviesa la administración nacional en estos tiempos contiene una lección que la historia política conoce bien: cuando un proyecto de gobierno logra neutralizar las amenazas externas sin haber resuelto sus tensiones internas, tiende a generarlas de manera exponencial. Exactamente eso está ocurriendo ahora, en medio de ciertos indicios de estabilización económica y un humor ciudadano que, al menos por el momento, no expresa rechazo masivo hacia el oficialismo. Los últimos episodios en el Senado, particularmente aquel que derivó en la aprobación de magistrados designados contra la voluntad explícita de los principales referentes del Ejecutivo, funcionan como termómetro de una fiebre más profunda: la incapacidad del liderazgo presidencial para arbitrar entre sus propios sectores cuando estos entran en colisión abierta.
Lo que comenzó como roce entre bastidores se ha transformado, en los últimos meses, en un enfrentamiento sin mediación visible entre dos núcleos de poder que comparten el mismo techo institucional pero persiguen estrategias, alianzas y objetivos distintos. Por un lado, la estructura montada alrededor de la hermana del Presidente en su rol de secretaria general de la Presidencia. Por el otro, la esfera de influencia que orbita en torno a Santiago Caputo, funcionario cuya gravitación sobre las decisiones presidenciales despierta tanto fervor como rechazo dentro del oficialismo. La escalada de esta rivalidad trasciende ahora los límites de lo que habitualmente podría considerarse una disputa por recursos, presupuestos o atribuciones. Los organismos de inteligencia, las fuerzas de seguridad federal, los directorios de empresas públicas, incluso el accionar de ambas Cámaras legislativas y—como queda demostrado—la selección de magistrados, se han convertido en territorio de contienda. Es decir, en instrumentos al servicio de facciones que, según versiones que circulan en los pasillos del poder, buscan no solo derrotar al rival sino desacreditarlo públicamente.
Cuando el Senado se convierte en campo de batalla
El episodio de ayer en la Cámara alta ejemplifica con claridad meridiana hasta dónde ha llegado esta lógica de confrontación. La candidatura a jueza federal de María Verónica Michelli se convirtió en piedra de toque de un conflicto que nada tiene que ver, formalmente, con su competencia, trayectoria o idoneidad profesional. Los registros indican que Michelli completó satisfactoriamente todos los tramos de evaluación que demanda el proceso de selección de magistrados. Su currículum no presentaba objeciones técnicas. Sin embargo, el Ejecutivo solicitó la retractación de su candidatura poco después de que obtuviera dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y estuviera en condiciones de ser votada en el recinto. La razón que explícitamente nunca fue comunicada de manera oficial, pero que circuló sin tapujos entre senadores cercanos al Gobierno, refería a un único factor: su vínculo familiar con Hugo Alconada Mon, periodista cuyas investigaciones han documentado irregularidades que salpican tanto al Presidente como a su hermana Karina, además de otros funcionarios de rango.
Lo que ocurrió a continuación resultó ser una derrota política sin ambigüedades para la Casa Rosada. Pese a los intentos de desactivar la candidatura, Michelli fue finalmente aprobada. El Presidente respondió mediante una publicación en su cuenta de redes sociales que intentaba teñir los resultados de la sesión de otro color, enfatizando la aprobación de un conjunto más amplio de pliegos judiciales y denominándolo como "EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA". Pero el guiño no podía ocultar lo evidente: el Ejecutivo había intentado vetar a una candidata, no por razones vinculadas a su desempeño potencial, sino como respuesta vengativa hacia un profesional de prensa que ha incurrido en la herejía de investigar a personajes públicos que el mileísmo considera intocables. Patricia Bullrich, quien comanda el bloque libertario en la Cámara alta, expresó su disconformidad públicamente. Esa fisura visible entre una aliada histórica y el círculo íntimo presidencial subraya la profundidad de la crisis que atraviesa la estructura interna del gobierno.
La anatomía de un liderazgo desarticulado
Colaboradores presidenciales que pidieron reserva sobre sus identidades han señalado un problema central en la forma en que se administra el poder desde la Casa Rosada: la ausencia de mecanismos claros para dirimir conflictos entre facciones cuando el Presidente no arbitraje activamente. La gestión de Javier Milei, según estos testimonios, opera bajo un esquema en el que el mandatario esquiva tomar decisiones cuando las alternativas en conflicto incluyen a personas de su círculo íntimo—ya sea su hermana, ya sea el funcionario cuya influencia intelectual y estratégica reconoce—y simplemente permite que los hechos se desplieguen sin intervención. Este enfoque, que algunas fuentes caracterizaron como "dejar hacer, dejar pasar", ha mostrado ser disfuncional precisamente cuando los problemas no son marginalidades administrativas sino cuestiones que afectan la estabilidad institucional.
El oficialismo actual es, por construcción, una coalición de geometría variable. Reúne bajo su paraguas a actores políticos cuyas tradiciones, intereses, formaciones ideológicas y conexiones con el poder no siempre resultan compatibles. Lo que mantuvo unida esa estructura durante los primeros meses de gobierno fue la combinación de triunfos electorales sucesivos y ciertos indicadores de aprobación social que permitieron diluir diferencias. Sin embargo, cuando esa legitimidad deja espacios de vulnerabilidad, como ocurre cada vez que una decisión presidencial genera fricción con sectores propios, el andamiaje se resiente. El caso de Bullrich es emblemático: una dirigente de perfil elevado, con base política propia y autonomía intelectual, expresando desacuerdo público con lineamientos presidenciales. En otras configuraciones de poder, esto podría haberse resuelto mediante el diálogo, la búsqueda de consenso o, en su defecto, la aceptación de la decisión con reservas privadas. Aquí, la confrontación escaló porque no existían canales de mediación funcionales.
El reciente caso de Facundo Leal amplifica esta percepción de desorden estructural. El exfuncionario que ocupó posiciones clave en Arsat y en el organismo regulador de aeropuertos fue detenido hace poco tiempo. En sus domicilios se encontraron aproximadamente 2,5 millones de dólares en efectivo, sustancias controladas de variada índole y dispositivos de vigilancia electrónica. Su currículum político es una suerte de periplo por distintos espacios de poder: pasó por el massismo, gravitó en órbitas caputistas, mantuvo contactos con influentes como Daniel Angelici, y en algún momento cruzó caminos con figuras de la inteligencia como Jaime Stiuso. La detención ha sido interpretada por varios observadores como posible movimiento en la disputa interna entre facciones, involucrando a agentes de fuerzas federales cuyo comando político responde a la estructura liderada por Karina Milei. Ya sea como castigo, advertencia o recuperación de posiciones perdidas, lo cierto es que nuevamente el episodio demuestra cómo los conflictos internos del gobierno se canalizan a través de organismos de inteligencia y seguridad, con implicancias que trascienden lo administrativo.
Las consecuencias aún impredecibles
El escenario que se despliega hacia adelante contiene variables difíciles de pronosticar. Por un lado, existen señales de estabilización macroeconómica que, de consolidarse, podrían reducir la presión sobre el Presidente y permitirle recuperar iniciativa política. La aprobación reciente del cierre de negociaciones con acreedores privados, con implicancias positivas para el indicador de riesgo país, constituye un logro que fortalece la narrativa oficial. Sin embargo, esa eventual mejora de contexto no resuelve el problema de fondo: la incapacidad del liderazgo presidencial para construir estructuras de poder funcionales cuando existen tensiones internas. La promesa original del mileísmo incluía la erradicación de lo que se denominaba "la casta", entendida como redes de poder enquistadas que operan por debajo de las instituciones formales. Pero lo que se observa ahora es una réplica de esa lógica dentro de la propia administración: funcionarios con lealtades cruzadas, organismos del Estado instrumentalizados para dirimir disputas políticas, investigaciones judiciales cuya verdadera motivación resulta opaca. Una arquitectura de poder subterráneo que, lejos de haber sido desmantelada, aparenta haber sido simplemente reconfigurada con nuevas caras.
Las implicancias de todo esto se extienden a distintos horizontes. Si la disputa interna continúa escalando, podría afectar la capacidad operativa del gobierno para ejecutar políticas de Estado, especialmente en un contexto donde la mayoría legislativa no es holgada y requiere negociaciones continuas con aliados de geometría variable. Si, por el contrario, uno de los bandos logra imponerse decisivamente, la salida podría ser la salida de cuadros significativos, con consecuencias impredecibles en la dinámica interna. Una tercera opción sería que el Presidente finalmente adopte un rol más activo en la mediación, estableciendo reglas de juego claras y ejerciendo autoridad para imponerlas. Cada uno de estos senderos conduce a territorios distintos, y ninguno está exento de riesgos.
