La estructura judicial argentina enfrenta una decisión que podría reconfigurar el curso de la mayor investigación de corrupción en torno a la asociación madre del fútbol local. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene cinco días hábiles para definir cuál juzgado debe investigar a los responsables de un presunto entramado de lavado de activos que habría desviado fondos de la entidad deportiva hacia paraísos fiscales, empresas fantasma y negocios de dudosa procedencia. En juego no está solo la competencia formal de un tribunal, sino el futuro de una causa que podría expandirse a todas las investigaciones pendientes contra la máxima autoridad futbolística, con excepción de los expedientes sobre evasión de contribuciones patronales que ya corren por la vía penal económica.
Lo que ocurrió en la audiencia de hoy ante los magistrados Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky fue el cierre de una batalla jurisdiccional que enfrentó, por un lado, a la fiscalía con dos propuestas alternativas y, por el otro, a la defensa de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes poseen la sociedad que es dueña legal de la mansión de Pilar. El fiscal Mario Villar presentó argumentos en favor de que el expediente sea enviado al juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se originó la investigación. Como segunda opción, recomendó su traslado al juzgado en lo penal económico número 10, actualmente a cargo de magistrados subrogantes debido a una vacante. La defensa, en cambio, sostiene que el caso debe permanecer bajo la órbita del juzgado federal de Campana, bajo la dirección de Adrián González Charvay.
El nudo de la discusión: dónde se cometió el delito
El corazón de esta controversia jurisdiccional radica en una cuestión conceptual fundamental: si el supuesto delito de lavado de dinero se perpetró en Pilar —donde se ubica la mansión investigada— o si, por el contrario, el verdadero origen del ilícito está en la ciudad de Buenos Aires, donde funciona la sede de la asociación deportiva. Los argumentos que sustenta González Charvay se apoyan en el principio de competencia territorial: el predio en cuestión se encuentra dentro de su jurisdicción bonaerense, por lo que el tribunal tiene autoridad para intervenir. Sin embargo, la fiscalía rechaza esta lógica y sostiene que la mansión es solo una consecuencia del delito, no su generadora. Según el dictamen fiscal, los fondos que alimentaron la compra de la propiedad valuada en 20 millones de dólares provinieron de mecanismos irregulares gestados desde la entidad deportiva porteña.
El fiscal Villar fue más allá y desenterró un precedente incómodo para González Charvay. En 2021 y 2022, cuando se investigaba a Claudio Tapia —presidente de la AFA— por casos similares de lavado de activos vinculados a la compra de propiedades en la misma zona bonaerense, el mismo juzgado se declaró incompetente. En aquellas ocasiones, González Charvay argumentó que la sede de la asociación estaba en la calle Viamonte de Buenos Aires y que, por lo tanto, los delitos tenían origen capitalino. "Ahora decide exactamente lo opuesto", denunció Villar, señalando una inconsistencia que, a su criterio, cuestiona la coherencia del proceso. Además, cuestionó que González Charvay haya habilitado la feria judicial y admitido un recurso sin contar con documentación suficiente sobre los delitos que efectivamente se estaban investigando en la causa original.
El escenario de investigación: una red trasnacional de movimientos sospechosos
Más allá de la disputa territorial, los hechos que subyacen a esta contienda judicial son de una complejidad que trasciende las fronteras nacionales. Los investigadores documentan la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando dinero fuera del sistema bancario argentino mediante mecanismos que aprovechaban el cepo cambiario. Los cálculos preliminares sugieren que se habrían aplicado comisiones del 30 por ciento sobre los fondos transferidos, magnitudes que estarían lejanas de cualquier práctica comercial estándar. Estos recursos, presuntamente originarios de derechos comerciales, auspicios de la Selección Nacional de fútbol y derechos de transmisión de partidos, fluyeron a través de una cascada de sociedades constituidas en jurisdicciones de baja tributación.
El primer escalón de esta cadena fue Torneos y Competencia SA, empresa gestora de cobranzas de la AFA. Desde allí, los fondos se distribuyeron entre Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC (controlada por su homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, esta última operando desde diciembre de 2021. Los rastros financieros conducen a cuentas bancarias en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay. Pero la trama no finaliza en estas intermediarias aparentemente legales. Los investigadores identificaron sociedades constituidas en territorio estadounidense que carecerían de actividades reales, oficinas funcionales o empleados comprobables, presuntamente controladas por individuos de recursos limitados domiciliados en Bariloche. Junto a este circuito principal, aparecen empresas vinculadas al comercio ecuestre —Carbello SRL, M&H Horses Services y Equestrian—, dedicadas a la compraventa de caballos de salto, que habrían recibido transferencias que nada tenían que ver con la actividad futbolística. Según los fiscales, todo este entramado funcionó como un mecanismo de ocultamiento diseñado para interrumpir la trazabilidad del dinero y disfrazar su verdadero destino.
El elenco de investigados es extenso. Incluye a Tapia, máxima autoridad de la AFA; Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la entidad; Darío Fabián Toviggino, hermano del anterior y vinculado a Soma SRL; Juan Pablo Beacon, de la dirección ejecutiva; María Florencia Sartirana, extesorera y pareja de Pablo Toviggino; Leandro Petersen, responsable del área comercial y de marketing; Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero y socio de Odeoma Gestión SL; y Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, pareja vinculada a TourProdEnter LLC. Cada uno de estos nombres representa, en la teoría del fiscal, un nodo en la red de desvío de recursos públicos de una institución que, más allá de su naturaleza asociativa, maneja fondos que generan impacto en el patrimonio estatal y en la economía del sector.
Implicancias del fallo pendiente
La decisión que adoptará la Sala I en los próximos cinco días laborables tendrá consecuencias que van más allá de la simple asignación de competencia. Si prevalece el criterio de la fiscalía y la causa se remite al juzgado de Rafecas, se alinearía con una interpretación que prioriza el lugar donde se originan los delitos de corrupción, independientemente de dónde se materialicen sus efectos patrimoniales. Esto podría sentar un precedente en casos de criminalidad económica que involucre a instituciones de magnitud. Alternativamente, si prospera la propuesta del juzgado penal económico, se aplicaría una especialización temática, toda vez que ese fuero está diseñado específicamente para delitos de esta naturaleza. Por el contrario, si González Charvay mantiene la causa, se consolida una interpretación territorialista que privilegia la jurisdicción donde se localiza el bien objeto de investigación, con todas las implicancias que esto conlleva para futuras causas de lavado de activos con componentes inmobiliarios.
Mientras los magistrados de Casación ponderan estas consideraciones, la asociación deportiva continúa funcionando bajo la órbita de una gestión que está en el centro de la tormenta investigativa. El fútbol argentino, disciplina que históricamente fue símbolo de identidad nacional, se debate en un escenario donde las finanzas, los derechos comerciales y la estructura de poder de su máxima autoridad son objeto de un escrutinio legal de proporciones sin precedentes. Los cinco días que transcurran hasta la resolución no serán meramente administrativos: de ellos dependerá la velocidad, la profundidad y el alcance de una investigación que, de confirmarse los hechos alegados, revelaría uno de los mayores esquemas de desviación de fondos en la historia de la institución.
