El expediente que investiga a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto fraude en la administración de fondos y lavado de dinero sigue atrapado en un laberinto procesal. La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 11 de mayo una nueva audiencia con el objetivo de escuchar los alegatos de todas las partes y, recién entonces, resolver cuál es el juzgado que debe quedar a cargo del caso. El problema no es menor: hace más de tres meses que esa definición está pendiente y, mientras tanto, la causa avanza en distintos frentes sin un responsable judicial único.
La decisión de convocar a esta audiencia fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, quienes integran la Sala I del tribunal y que, al mismo tiempo, ratificaron la continuidad del fiscal de Casación Mario Villar en el expediente. La permanencia de Villar había sido impugnada por Luciano Pantano, un monotributista y dirigente vinculado al fútbol, y su madre Ana Conte. Ambos figuran como titulares registrales de la sociedad Real Central SRL, la firma que aparece como propietaria de la mansión ubicada en Pilar: una propiedad de cinco hectáreas con pista ecuestre, helipuerto y una valuación estimada en torno a los 20 millones de dólares, supuestamente en manos de testaferros de la cúpula de la AFA.
Un tribunal que tardó meses en quedar constituido
El recorrido institucional de este expediente desde que llegó a Casación el 18 de febrero pasado es, cuanto menos, llamativo. En ese tiempo, varios magistrados fueron entrando y saliendo del caso por razones diversas. El camarista Carlos Mahiques, que cubría una suplencia en la Sala I, se alejó del expediente luego de que trascendiera públicamente que habría celebrado su cumpleaños en la misma casona de Pilar que está bajo investigación. Mahiques negó el hecho, pero igualmente dejó la subrogancia y, con ella, el caso. Su colega Daniel Petronese, por su parte, se excusó de intervenir porque mantiene vínculos sociales y escolares con Javier Faroni, uno de los acusados de fraude y encargado de administrar los fondos de la AFA en el exterior. Luego ingresó al caso la jueza Angela Ledesma, que el 10 de abril fue recusada por la diputada Elisa Carrió, precisamente el mismo día en que se había programado una audiencia para escuchar argumentos. Esa jornada terminó suspendida, aunque el tribunal rechazó la recusación y Ledesma continuó en el expediente. También se incorporó Mariano Borinsky. Todos esos movimientos, más los cuestionamientos de la defensa y las apelaciones sucesivas, explican por qué recién ahora el tribunal está en condiciones de avanzar hacia una decisión de fondo.
La disputa central que debe resolver Casación es qué juez tiene competencia para llevar adelante la investigación. Hay tres posturas en juego: la conducción de la AFA prefiere que el caso quede en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charbay. El fiscal Villar, en cambio, sostiene que el expediente le corresponde al juez federal Daniel Rafecas. Una tercera alternativa sería el juzgado en lo Penal Económico N° 10, cuya actual titular es la jueza Verónica Straccia, luego de que venciera la subrogancia del juez Marcelo Aguinsky. Cada una de estas posturas tiene sus fundamentos procesales, y el tribunal deberá pronunciarse con argumentos sólidos después de la audiencia de mayo.
Villar se queda: el tribunal rechazó la recusación
Los tres jueces de la Sala I rechazaron de manera unánime el pedido de apartamiento del fiscal Villar. La defensa de Pantano había argumentado que el representante del Ministerio Público perdió objetividad y denunció además que parte del expediente habría sido filtrado a los medios de comunicación antes de estar formalmente incorporado a la causa. El juez Carbajo fue tajante: señaló que la recusación es un mecanismo de carácter excepcional, con interpretación restrictiva, y que solo procede ante supuestos expresamente previstos por la normativa procesal, ninguno de los cuales se verificaba en este caso. Explicó además que a los fiscales no se les exige imparcialidad —como a los jueces—, sino objetividad, y que esa objetividad no estaba cuestionada de manera válida. Ledesma adhirió a esa postura, y Borinsky completó el cuadro al señalar que no existía evidencia concreta de que se hubiera configurado ninguna de las causales habilitantes para el apartamiento. Con esa resolución, Villar consolida su posición y podrá continuar ejerciendo el rol acusatorio en el expediente.
Mientras Casación dirime estas cuestiones formales, el juez González Charbay no esperó y siguió avanzando en la investigación desde Campana. Dispuso un peritaje sobre la contabilidad interna de la AFA para determinar si hubo alteraciones en los registros informáticos y si los balances reflejan la realidad de los fondos que ingresaron y egresaron de la organización. También ordenó una nueva evaluación sobre la propiedad de Pilar, no para establecer cuánto vale hoy —ese número ya está fijado en alrededor de 20 millones de dólares— sino para reconstruir cuánto costó su construcción original y, también, la adquisición del centenar aproximado de automóviles de alta gama y de colección que fueron hallados en un galpón del predio. En simultáneo, el juez de la Cámara del Crimen Ignacio Rodríguez Varela, que tenía bajo su órbita la parte del expediente vinculada al fraude y al desvío de fondos, consideró que es la Corte Suprema la que debe definir qué fuero tiene jurisdicción y le remitió esa porción del caso al máximo tribunal.
Una red financiera internacional y decenas de investigados
El fiscal Villar trazó un mapa detallado de lo que, según la acusación, fue un esquema sofisticado de evasión y lavado de activos. La trama habría operado entre los años 2021 y 2025 a través de una red de intermediarios financieros internacionales que canalizaron fondos de la AFA —obtenidos lícitamente a través de contratos con auspiciantes extranjeros, derechos de transmisión y acuerdos comerciales vinculados a la Selección Nacional— por fuera del sistema bancario argentino. El mecanismo habría incluido comisiones del 30%, el uso del cepo cambiario como excusa y la participación de empresas radicadas en paraísos fiscales y cuentas offshore. Entre los intermediarios identificados figuran Torneos y Competencias SA, Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC —controlada por una firma homónima en el Reino Unido—, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC. Los fondos habrían terminado en sociedades constituidas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, descriptas como "meras fachadas vinculadas a personas cercanas a la dirigencia de la AFA".
La lista de investigados es extensa e incluye perfiles muy distintos. Además de Tapia y Toviggino, están imputados el hermano del tesorero, Darío Toviggino; el directivo ejecutivo Juan Pablo Beacon; la ex tesorera y actual pareja de Toviggino, Florencia Sartirana; el jefe del área comercial Leandro Petersen; el operador financiero Marcelo Saracco; la pareja formada por Gabriela Gillette y Javier Faroni, vinculada a TourProdEnter; y Mauro Paz, ex director de la liga femenina. También aparecen en el expediente personas físicas de Bariloche presentadas como titulares de empresas radicadas en Estados Unidos, aparentemente sin actividad real ni empleados: Verónica López con Velp LLC, Roberto Salice con Velpasalt LLC, Mariela Schmalz con Marmasch LLC y su pareja Javier Ojeda Jara a través de Soagu Services LLC. Entre otras firmas mencionadas como beneficiarias de los flujos de dinero figuran Dicetel Corp, Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk y Alas del Fin del Mundo SRL. El expediente también señala la existencia de un poder especial de administración sobre Real Central SRL a favor de personas que habrían tenido vínculos con la política provincial y nacional, incluyendo un exempleado del Senado del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora y un operador vinculado al kirchnerismo. La audiencia del 11 de mayo será, en principio, el próximo capítulo de un caso que, cuanto más se expande, más difícil parece de resolver en los tribunales.