Un jueves de tensión en La Paternal
La madrugada del jueves pasado marcó un punto de quiebre en una historia que se remonta a los últimos años del siglo XX. En la intersección de San Blas y Andrés Lamas, en el barrio de La Paternal, efectivos de la Policía de la Ciudad ejecutaron un operativo destinado a recuperar un terreno que albergaba a más de cien personas organizadas en lo que constituye cinco construcciones de tipo horizontal. El desalojo, que comenzó a primera hora de la mañana, generó instantáneamente un clima de confrontación entre los uniformados y quienes habitan las propiedades. Según información proporcionada por voceros del Gobierno porteño, al menos tres individuos fueron aprehendidos bajo las imputaciones de resistencia y atentado contra la autoridad pública, aunque los detalles específicos sobre su identidad y los hechos concretos que fundamentaron estas detenciones permanecen en la penumbra de lo reservado.
Lo que sorprende a cualquier observador atento es la naturaleza misma del procedimiento. Quienes se encontraban dentro de las propiedades afectadas denunciaron públicamente que no existía orden judicial previa que respaldara el desalojo, circunstancia que convierte el operativo en un acto de dudosa legalidad. Las personas que se acercaron al perímetro vallado para manifestar su repudio relataron que los ocupantes estaban siendo mantenidos incomunicados mientras personal oficial ejecutaba inspecciones que, según las propias autoridades, obedecían a supuestos problemas estructurales del inmueble. Esta mecánica de actuación generó rápidamente el rechazo de quienes presenciaban los hechos, quienes cuestionaron la validez de un procedimiento que carecería de los trámites preliminares que toda acción estatal debería respetar.
Veinticinco años de peripecia legal y dominical
Para comprender adecuadamente la dimensión de lo que sucedió en La Paternal, es imprescindible remontarse al contexto en que esta situación se originó. En 1998, la propietaria original del inmueble lo dejó bajo la supervisión de una mujer que se encargaba de su administración. Cuando la dueña regresó años después para verificar el estado de su propiedad, descubrió una realidad que la sorprendió: múltiples familias y personas vivían en el lugar, transformando lo que debería haber sido un bien privado individual en una ocupación colectiva. A partir de ese momento se desencadenó una batalla judicial que atravesaría más de dos décadas, con vaivenes, recursos, apelaciones y una acumulación de antecedentes penales que involucra a varios de los ocupantes actuales. Desde el año 2009, existe sentencia firme que ordena el desalojo del predio, lo que significa que la pugna legal debería haber sido resuelta hace quince años, pero la realidad sobre el terreno presentaba un escenario completamente distinto.
Entre los ocupantes se encuentran individuos con antecedentes procesales significativos. Algunos poseen imputaciones vigentes y sumarios administrativos en curso. Según fuentes de seguridad del gobierno local, uno de estos ocupantes ocupa un cargo como delegado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lo que añade una dimensión política al conflicto y potencialmente explica parte de la resistencia organizada que caracterizó el operativo. Sin embargo, la figura más prominente en este drama es Diego Molina, el hombre que se hizo tristemente célebre en 2021 cuando fue condenado por "profanación de cadáver humano" tras protagonizar la icónica fotografía junto a los restos mortales de Diego Armando Maradona con un gesto de aprobación. Molina es identificado como el líder de la ocupación en el predio de La Paternal, concentrando así en su persona la convergencia de conflictividades legales acumuladas.
Irregularidades denunciadas y familias vulnerables
Los relatos de quienes permanecían fuera de las propiedades mientras ocurría el desalojo revelaron aspectos perturbadores sobre cómo se ejecutó el procedimiento. Un testigo presencial declaró públicamente que "las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas". Esta afirmación cuestiona directamente la formalidad del acto administrativo realizado. Otro manifestante agregó su propia interpretación de lo sucedido, argumentando que existía una dimensión de estafa subyacente: "Los estafaron, hay familias que pagaban. Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira". Esta acusación introduce un elemento de complejidad moral al asunto: ¿cuál es la responsabilidad de quienes adquirieron derechos de ocupación pagando a personas que presentaban autoridad que no poseían?
Particularmente sensible resultó la denuncia de que entre los habitantes del predio figuraban personas discapacitadas y menores de edad, grupos que merecen protección especial bajo cualquier ordenamiento legal democrático. Una mujer desalojada expresó su resistencia desde detrás de las vallas policiales: "Hacemos lo que podemos, dicen que nos van a desalojar pero no nos mostraron una orden. Dijeron que nos van a dar $150.000, vamos a resistir hasta que nos muestren una orden". Este testimonio revela tanto la disposición del gobierno a ofrecer compensaciones económicas como la insistencia de los ocupantes en exigir la presentación de documentación judicial que legitimara la acción ejecutada contra ellos.
La política urbana de recuperación de propiedades
El desalojo de La Paternal forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración porteña. En los últimos meses, el gobierno ha logrado recuperar casi 600 propiedades a través de operativos similares al ejecutado en La Paternal. Esta cifra, esgrimida como un logro de gestión, representa un indicador del alcance de las ocupaciones en la Ciudad y de la determinación oficial para revertirlas. El intendente Jorge Macri ha sido particularmente explícito en la justificación de estas acciones. Según sus declaraciones públicas, la ocupación de propiedades genera consecuencias negativas para la vida barrial: "Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo". Macri también se permitió una crítica dirigida implícitamente hacia sectores judiciales y políticos opositores, afirmando que "en la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito".
Sin embargo, estas palabras de funcionarios no resuelven las contradicciones que genera un operativo carente de orden judicial previa. La tensión entre la seguridad jurídica (que requiere que toda acción estatal tenga respaldo legal) y el pragmatismo administrativo (que busca resolver rápidamente situaciones consideradas insostenibles) permanece irresuelsa en la experiencia concreta de La Paternal. Lo que queda en evidencia es que, mientras el gobierno celebra la recuperación de propiedades en términos agregados, cada caso individual presenta matices que cuestionan la regularidad de los procedimientos empleados. Los ocupantes, más allá de su legitimidad o falta de ella en términos de dominio del inmueble, tienen derecho a exigir que se respeten los procedimientos que el propio sistema legal establece para tales acciones. El hecho de que denuncien incomunicación, ausencia de notificaciones previas y falta de orden judicial visible sugiere que existe una brecha entre cómo el gobierno presenta estos operativos y cómo efectivamente se ejecutan en el terreno.