La trama de los Cuadernos de las Coimas volvió a tejerse con un eslabón adicional esta semana en los tribunales penales. Un exresponsable de la cochera presidencial reconoció ante los magistrados que puso en circulación un vehículo específico que, según la documentación del chofer Oscar Centeno, fue utilizado de manera recurrente en operaciones vinculadas al traslado de sumas de dinero presumiblemente obtenidas de forma ilícita. El dato genera una nueva conexión entre la infraestructura estatal y lo que los fiscales argumentan fue un sofisticado mecanismo de recaudación clandestina. La importancia del testimonio radica en que convierte en verificable lo que antes era apenas apuntación: que los recursos presidenciales fueron utilizados deliberadamente en estas transacciones.
El guardián de la flota reconoce su rol
César Neira, quien durante cuatro años se desempeñó como encargado de la cochera ubicada en la esquina de Alem y Córdoba —dependencia que formaba parte de la Secretaría General de la Presidencia—, compareció de manera telemática para prestar declaración en el juicio oral. Con 69 años de edad, Neira tenía bajo su responsabilidad la gestión completa de los choferes presidenciales y el mantenimiento de la flota oficial. Su testimonio reviste particular trascendencia porque fue el primero en reconocer documentalmente la existencia y disponibilidad de un automóvil que aparece mencionado en múltiples ocasiones en las anotaciones del chofer Centeno.
Cuando la fiscalía le cuestionó específicamente sobre un Ford identificado con la patente HBU-606, Neira inicialmente manifestó desconocimiento sobre el mismo. Sin embargo, al serle presentada un acta firmada por él mismo que databa del año 2008 y que evidenciaba su retiro de una automotriz, el declarante modificó su posición y afirmó recordar la operación. El vehículo en cuestión había sido entregado a Presidencia bajo la modalidad de un "préstamo de cortesía" por parte de la automotriz proveedora. Neira confirmó que tras retirarlo, lo incorporó a la disponibilidad de la flotilla presidencial para su utilización operativa.
Un Ford que circulaba dinero en dólares
La relevancia de este automóvil específico trasciende su mera existencia administrativa. En los registros que Oscar Centeno mantuvo meticulosamente durante años, este Ford aparece asociado a desplazamientos que, según la lectura fiscal, correspondieron a entregas de fondos. El 30 de julio de 2009, por citar un caso entre varios, el chofer anotó un viaje al domicilio de la familia Kirchner ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Conforme a la documentación de Centeno, fue en esa ocasión cuando Roberto Baratta —quien se desempeñaba como mano derecha del entonces ministro de Planificación Julio de Vido— realizó una entrega a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. La suma involucrada en esa transacción fue estimada en 2.400.000 dólares estadounidenses. Las anotaciones especifican que Muñoz se desplazó en un "Ford Focus HBU 606 gris plata".
Posteriormente, en agosto del mismo año, Centeno volvió a registrar un movimiento que involucraba a Muñoz, en esta ocasión con la entrega de un bolso y una valija tipo carrito conteniendo pesos argentinos. Nuevamente, según los cuadernos, Muñoz se trasladaba a bordo del "Ford Focus 5 puertas HBU 606". La reiteración del número de patente en distintas operaciones de traslado de efectivo constituye, desde la óptica acusadora, un indicador de que se trataba de un vehículo seleccionado deliberadamente para este circuito. El reconocimiento de Neira —aunque inicial mente vacilante— aportó el eslabón que faltaba: alguien dentro del aparato estatal había facilitado deliberadamente el acceso a este automóvil para que cumpliera funciones que desbordan ampliamente sus usos administrativos convencionales.
Vialidad bajo la lupa: dinámicas internas de una repartición clave
Tras la declaración de Neira, el tribunal escuchó a cuatro empleados de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que fue epicentro de los presuntos esquemas de sobornos según la acusación fiscal. Andrés Levi, quien desempeña funciones en el área de presupuesto desde el año 2008, brindó información sobre los mecanismos internos del organismo vial y la existencia de documentación en la que se volcaban datos relacionados con licitaciones, asignaciones de contratos y tareas ejecutadas durante un período que abarca desde 2003 hasta 2015. Su testimonio contribuye a cartografiar la estructura burocrática donde supuestamente operaban las decisiones que permitieron la captura de recursos mediante procedimientos de contratación pública.
Marcelo Bianchi, profesional con formación contable que participó en equipos de auditoría interna, se refirió a cuestiones técnicas vinculadas con la práctica conocida como "redeterminación" de precios en los contratos de obras públicas. Este mecanismo, explicó, representa el procedimiento mediante el cual se ajustan y actualizan monetariamente los valores pactados en los contratos. Cuando los interrogadores le preguntaron si había identificado incrementos injustificados de montos —los denominados "sobreprecios"—, Bianchi respondió negativamente. Tampoco refirió haber recibido instrucciones explícitas para "acelerar" procesos o favorecer a determinados contratistas. En su exposición sobre la práctica de otorgamiento de anticipos financieros, Bianchi señaló que la misma respondía a decisiones de índole política o de gestión según cada período administrativo. Describió que en la actualidad tales anticipos no se estarían otorgando, aunque en épocas anteriores constituyeron una práctica corriente.
Cuando la Unidad de Información Financiera —institución que actúa como querellante en la causa—le formuló preguntas, Bianchi reconoció que en el curso de las auditorías sí se constató una concentración significativa de la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en manos de un mismo grupo empresario. Si bien se abstuvo de mencionar específicamente al conglomerado de Lázaro Báez y su firma Austral Construcciones (puesto que no forma parte técnicamente de los imputados en este proceso), su observación quedó registrada. Respecto de esta concentración empresarial, Bianchi adujo que no necesariamente constituía una irregularidad dado que las compañías radicadas localmente disponen de ventajas comparativas frente a competidores ubicados en otras jurisdicciones.
Las implicaciones de un circuito verificado
El reconocimiento de Neira sobre la entrega del Ford HBU-606 proporciona un piso de verificabilidad a la narrativa fiscal. No se trata únicamente de anotaciones de un chofer que pueden ser interpretadas de múltiples maneras, sino de la admisión de un funcionario que tuvo la posibilidad de facilitar o impedir el acceso a esos vehículos. La existencia de un acta firmada en 2008 que documenta el retiro del auto de la automotriz constituye prueba material de que el vehículo ingresó al inventario oficial y que alguien decidió que estuviera disponible para su utilización. El hecho de que ese mismo vehículo figure una y otra vez en los registros de Centeno asociado a desplazamientos que, según la teoría del caso, involucraban movimientos de dinero, sugiere una articulación coordinada entre distintos eslabones de la estructura estatal.
Los testimonios de los empleados de Vialidad, por su parte, contribuyen a delinear la lógica institucional dentro de la cual operaban tales mecanismos. Las prácticas de "redeterminación" de precios, el otorgamiento de anticipos, la concentración de contratos en determinadas firmas: cada elemento, considerado aisladamente, podría admitir explicaciones técnicas. Empero, cuando tales prácticas se contextualizan dentro de un andamiaje donde circulaban fondos que presuntamente nunca llegaban a destinos legítimos, el cuadro adquiere una dimensión diferente. La arquitectura institucional funcionaba como sostén de operaciones que trascendían los márgenes de lo administrativo ordinario.
Perspectivas divergentes sobre lo que queda por aclarar
Las consecuencias de estos testimonios desplegarán sus efectos en diferentes planos. Para la acusación fiscal, cada reconocimiento —el del ex cochero, la información suministrada por los auditores sobre prácticas de contratación, la documentación sobre movimientos financieros— va tejiendo una red de responsabilidades compartidas. Desde esta perspectiva, se trata de demostrar que instituciones como la cochera presidencial y Vialidad no operaban independientemente sino como partes integrantes de un dispositivo diseñado para la captura de recursos públicos. Para las defensas de los imputados, en cambio, estos testimonios podrían ser interpretados como evidencia de que muchas de las prácticas cuestionadas eran procedimientos administrativos rutinarios, autorizados por la normativa vigente, y que la mera existencia de un vehículo en los registros de un chofer no establece, por sí sola, finalidades delictivas. Las distintas lecturas sobre qué constituye una "irregularidad" versus una "práctica excepcional pero justificada" continuarán estructurando el debate en las sesiones venideras del tribunal, mientras la ciudadanía observa cómo se procesan, judicialmente, capítulos de un período que marcó profundamente la política argentina de la primera década del siglo veintiuno.
