La brecha entre lo que ingresó y lo que gastó durante catorce años marca el punto de quiebre en la investigación sobre Martín Insaurralde. Un exhaustivo análisis contable encargado por la justicia reveló un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 cuando se confrontan los ingresos declarados frente a los egresos y movimientos patrimoniales que efectivamente realizó entre 2010 y 2023. El dato trasciende la mera aritmética: representa el corazón de una investigación que indaga cómo el exfuncionario de Lomas de Zamora financió un tren de vida que, según la documentación, excedió significativamente sus fuentes legales de recursos.

El examen pericial construyó un mapa detallado de circulación de dinero que abarca desde desplazamientos al exterior hasta reformas suntuarias en propiedades, pasando por operaciones inmobiliarias complejas. Según los datos consignados en el informe al que se accedió, Insaurralde registró ingresos totales por $87.171.401 durante la década y media analizada. Sin embargo, en ese mismo período, los egresos identificados treparon a $99.975.141, generando la diferencia negativa que ahora cuestiona la procedencia del financiamiento utilizado. Los peritos defensores del exintendente presentaron un descargo argumentando que ese déficit debería compensarse considerando los fondos de Jésica Cirio bajo la figura de bienes gananciales, aunque este planteo abre interrogantes propios sobre la mezcla de patrimonios.

Viajes sin límites: un capítulo de gastos extraordinarios

Uno de los aspectos más elocuentes del informe apunta hacia los desplazamientos. Entre 2010 y 2023, Insaurralde erogó US$121.000 en pasajes aéreos mientras que sus gastos complementarios en viajes sumaron $14.313.904 en moneda local. La cifra adquiere proporciones distintas al observar que Cirio acumuló US$136.068 en boletos internacionales y $7.635.046 adicionales durante el mismo lapso. Cuando se incorporan al análisis los desembolsos vinculados al grupo familiar en viajes, el monto conjunto asciende a $35.158.185,84. Estos números, más allá de su magnitud, plantean interrogantes sobre la estructura de financiamiento: ¿de dónde procedían recursos para mantener un régimen de desplazamientos internacionales de esa envergadura? La pregunta cobra relevancia considerando que el caso tomó particular visibilidad tras un viaje hacia Marbella que realizaron Insaurralde y Clerici en septiembre de 2023, hecho que funcionó como catalizador de la investigación judicial.

El análisis pericial desglosa por separado los movimientos de cada uno de los involucrados, permitiendo visualizar patrones individuales. Sin embargo, la suma agregada de estos gastos de desplazamiento y alojamiento —superior a los treinta y cinco millones de pesos— constituye un volumen significativo que demanda explicación respecto a su cobertura financiera. La documentación permite rastrear transacciones específicas, pero el interrogante de fondo persiste: ¿existían ingresos extraordinarios no declarados que justificaran este nivel de gasto turístico?

Refacciones multimillonarias en la propiedad de San Vicente

Otro capítulo sustancial del informe concentra la atención en trabajos realizados en la mansión ubicada en San Vicente. Una empresa denominada Texo Arq SRL figura como contratista responsable de las reformas, con un patrón de pagos que se extiende a lo largo de varios años. Los registros muestran desembolsos por $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022. Adicionalmente, la misma constructora emitió facturas por refacciones a nombre de Cirio por US$107.092,78, mientras que Insaurralde acumuló facturas por refacciones por US$125.288,27. El total de inversiones en mejoras constructivas supera los cinco millones de pesos, cifra que refleja un estándar de remodelación doméstica considerablemente elevado. La propiedad misma posee una historia que el peritaje documentó: el terreno fue adquirido el 27 de octubre de 2006 por un precio de US$58.828, originalmente a través de la entonces esposa de Insaurralde. Con posterioridad, la propiedad pasó a denominarse DOIO en los registros inmobiliarios.

La acumulación de refacciones a lo largo de los años sugiere un proceso de mejora continua de la propiedad, aunque los montos invertidos plantean nuevamente la cuestión de la procedencia de fondos. Un inmueble que demandó inversiones de esa magnitud en trabajos de reforma, combinado con los gastos en viajes y otras aplicaciones patrimoniales, construye un perfil de consumo que requiere cobertura financiera explícita.

Operaciones inmobiliarias y préstamos sin rastro claro

El análisis pericial también desmenuzó operaciones inmobiliarias adicionales que complican el cuadro. La adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA se registró con un valor de adquisición de $806.000, equivalente a $403.000 por cada lote. El mecanismo de pago resultó mixto: $350.000 mediante cheque y un saldo de $456.000 a 24 meses, fraccionado en veinticuatro cheques de $19.000 cada uno. Lo relevante aquí reside en el origen de esos fondos. Los peritos concluyeron que los $350.000 no provenían de la actividad comercial sino de un préstamo otorgado por los accionistas. Respecto del saldo de $456.000, el análisis de capacidad comercial determinó que las ventas y ganancias de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010 y 2011 no permitían cubrir la totalidad de la operación. Este hallazgo introduce un elemento crítico: la estructura de financiamiento de estas adquisiciones inmobiliarias descansaba parcialmente en aportes de capital que merecen ser trazados hasta su verdadero origen.

SASAXA, una entidad comercial vinculada a Insaurralde, fue sometida a igual escrutinio. El informe identifica ingresos cuyo origen no se corresponde con la actividad principal de la empresa. En 2010 registró un aporte de capital de accionistas por $12.000; en 2012 sumó otro aporte por $434.000 más $91.000 de la venta de un vehículo. Posteriormente, en 2013 aparecen $50.000 por venta de equipos, en 2016 otros $90.500 por venta de bienes de uso, y en 2018 nuevamente $453.000 por venta de rodados. Además, la sociedad contabilizó $2.489.300 correspondientes a un revalúo impositivo conforme a la Ley 27.430. En el lado de los egresos, entre 2011 y 2020 se registraron desembolsos por $137.810,19 destinados a rodados y bienes muebles, $803.000 para compra de inmueble, y una distribución de utilidades en 2012 por $72.000. La estructura de esta sociedad presenta movimientos que sugieren operaciones no necesariamente vinculadas a su giro comercial declarado.

El contexto de la investigación y nuevas líneas de indagación

Estos hallazgos contables se enmarcan dentro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene a Insaurralde como acusado principal, aunque también alcanza a Cirio. La pesquisa adquirió impulso tras la exposición del viaje a Marbella en septiembre de 2023, suceso que funcionó como revelador de un patrón de gastos que requería escrutinio. En las últimas etapas, la investigación incorporó material de video en el cual aparecen fajos de dólares, introduciendo una dimensión distinta al análisis. Inspecciones oculares realizadas en el departamento de Cirio ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, así como en la propiedad de Fincas San Vicente, detectaron inconsistencias visuales: el vestidor inspeccionado presentaba diferencias respecto del que aparece en imágenes difundidas públicamente. La justicia analiza actualmente si corresponde al mismo ambiente y también encargó pericia sobre la autenticidad del material para determinar si el contenido fue objeto de manipulación digital.

Los datos compilados en el peritaje contable generan un escenario complejo donde los números no cierran y las transacciones inmobiliarias presentan estructuras de financiamiento que requieren explicación. El déficit acumulado de casi veinte millones de pesos durante catorce años, lejos de ser una cifra abstracta, representa la distancia entre lo declarado y lo gastado. Para distintos observadores, estos hallazgos pueden interpretarse de múltiples formas: algunos verán evidencia de enriquecimiento no justificado, mientras que otros sostendrán que existen explicaciones plausibles pendientes de comprobación. Lo cierto es que el expediente continúa su marcha judicial, incorporando nueva documentación y análisis que posiblemente moldeará el resultado final de una causa que ha capturado la atención por sus implicancias respecto a la gestión pública y el manejo de recursos durante administraciones municipales anteriores.