Un choque de poderes que llegó al máximo nivel
La pulseada institucional que se libra desde hace meses en la Patagonia austral escaló esta semana hasta el tribunal más alto del país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir de lleno en el conflicto que tiene en vilo al Poder Judicial de Santa Cruz, luego de que el gobernador Claudio Vidal impulsara una reforma que amplió el máximo tribunal provincial y los jueces afines al kirchnerismo la tumbaran por la vía de la declaración de inconstitucionalidad. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no solo desestimaron este jueves los planteos de recusación que se habían presentado contra ellos, sino que además ordenaron que les remitan con carácter urgente la totalidad de los expedientes vinculados a esta disputa. El máximo tribunal nacional se prepara, así, para pronunciarse sobre uno de los conflictos institucionales más agudos que atraviesa una provincia argentina en los últimos tiempos.
El pedido formal de la Corte fue terminante: requirió al Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz que envíe "las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados" con la causa identificada como 917/2025, en la que ese tribunal provincial dictó una sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025. Con ese movimiento, los supremos dejan en claro que no van a apartarse del caso y que están dispuestos a examinar a fondo si la ley que expandió el tribunal santacruceño de cinco a nueve integrantes se ajusta o no a la Constitución Nacional, y si las decisiones adoptadas en el fuero local son jurídicamente válidas.
El origen: una ley, un bloqueo y acusaciones cruzadas
Todo arrancó en agosto pasado, cuando la Legislatura de Santa Cruz sancionó la ley 3949 con el respaldo del bloque oficialista "Por Santa Cruz". La norma apuntaba a modernizar y expandir el funcionamiento del máximo tribunal provincial, elevando su composición de cinco a nueve miembros. El kirchnerismo, que acaba de perder el control del Ejecutivo provincial después de más de dos décadas en el poder, se opuso frontalmente a la iniciativa. Para Vidal, la resistencia no era técnica ni jurídica: era política. El exkircherismo no estaba dispuesto a ceder el dominio sobre el organismo que, en los hechos, funciona como árbitro último de las disputas institucionales en la provincia.
Con la ley promulgada, el gobernador envió cuatro ternas a la Legislatura para cubrir los nuevos cargos. De esas cuatro ternas, solo dos candidatos lograron ser designados: Sergio Acevedo, quien fue gobernador de Santa Cruz y también encabezó la SIDE durante la presidencia de Néstor Kirchner, y José Antonio González Nora. El presidente del Superior Tribunal, Daniel Mariani, les tomó juramento en una ceremonia que contó con la presencia del propio Vidal, quien aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia: "No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz". Pero la jornada no terminó ahí. Minutos después, los otros cuatro integrantes del tribunal local declararon que esa jura carecía de validez constitucional.
La resolución que anuló los juramentos llevó las firmas de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Desde el gobierno provincial no tardaron en señalar los vínculos políticos de cada uno: Basanta fue ministro de Alicia Kirchner cuando ella gobernaba Santa Cruz; Fernández se desempeñó como asesora en la Secretaría Legal y Técnica durante la presidencia de Néstor Kirchner; y Ludueña es hija de un senador kirchnerista y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner. El sustento jurídico que usaron estos vocales para anular los juramentos fue una medida cautelar dictada por un juez de primera instancia que, según trascendió, había sido abogado de Cristina Kirchner. Vidal fue directo al momento de definir lo que estaba ocurriendo: "Han operado un golpe judicial en Santa Cruz", y señaló a la expresidenta y a su hijo Máximo Kirchner como responsables políticos de la maniobra.
La Corte ya había actuado antes, pero el conflicto siguió escalando
Acevedo y González Nora no se quedaron de brazos cruzados ante la invalidación de sus juramentos. Ambos recurrieron en queja a la Corte Suprema nacional, que el propio 17 de diciembre dictó una resolución anulando las decisiones del tribunal provincial que los habían dejado fuera. Sin embargo, ese mismo día, con la firma de cuatro vocales y una vocal subrogante, los magistrados kirchneristas del tribunal local declararon inconstitucional la ley 3949 en su totalidad. Fue un movimiento que muchos analistas interpretaron como una respuesta deliberada y simultánea a la intervención de la Corte nacional: mientras la Corte reponía a los nuevos jueces, el tribunal provincial les cortaba el piso legal por otra vía.
Ese doble movimiento generó una crisis institucional de proporciones. A fines de marzo, el gobernador Vidal se presentó personalmente ante la Corte Suprema nacional para reclamar su intervención directa en el conflicto. Argumentó que el Poder Judicial provincial estaba actuando de manera "destituyente", es decir, usando sus atribuciones jurisdiccionales para obstaculizar y neutralizar las decisiones políticas del Ejecutivo electo democráticamente. También llegaron al máximo tribunal los recursos presentados por los propios cuatro jueces provinciales involucrados. Mientras tanto, en Santa Cruz seguían multiplicándose las causas con reclamos similares, originadas en parte desde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, que había impulsado algunas de las medidas cautelares que sirvieron de base para el bloqueo de la reforma.
¿Qué viene ahora?
Con la decisión de este jueves, la Corte Suprema consolida su protagonismo en este litigio y marca el ritmo del proceso. Al rechazar las recusaciones y reclamar urgentemente todos los expedientes, los tres ministros señalan que no habrá más dilaciones ni maniobras que los aparten del caso. Lo que viene es el análisis de fondo: si la ley provincial que amplió el tribunal superior fue sancionada de manera constitucional, si las resoluciones que la invalidaron tienen sustento jurídico real y si el proceso de designación de los nuevos jueces fue legítimo. El fallo que eventualmente dicte la Corte nacional tendrá consecuencias que van más allá de Santa Cruz: sentará jurisprudencia sobre los límites que tienen los poderes judiciales provinciales para resistir reformas impulsadas por los ejecutivos locales, y sobre la capacidad de las cortes supremas provinciales de declarar inconstitucionales leyes que modifican su propia composición. En el medio, una provincia entera sigue esperando que alguien desenrede el nudo que tiene paralizado a su principal tribunal de justicia.