El engranaje político del Gobierno aceleró sus movimientos en las últimas horas. La funcionaria de mayor confianza del Presidente, Karina Milei, se desplazó hasta las instalaciones del Congreso Nacional para una batería de encuentros que combinó dos frentes simultáneos: la materialización de transformaciones en las reglas electorales del país y la construcción de un mapa político más sólido en territorios que serán determinantes en los próximos comicios. Mientras la clase política debate sobre el futuro institucional de la República, el oficialismo avanza sin pausa en su estrategia de fortalecimiento legislativo y territorial, reconociendo que ambas variables resultan indispensables para proyectar poder en el mediano plazo.

El proyecto de modificación electoral que ocupa la agenda gubernamental llegó hace catorce días a la Cámara Alta, donde permanece a la espera de revisión en la comisión especializada. El espacio libertario tiene claro qué cambios desea introducir al sistema: la supresión de las elecciones primarias, una reconfiguración profunda del mecanismo de financiamiento para partidos y campañas, una transformación en los procedimientos vinculados a la Boleta Única de Papel, e implementación de la denominada Ficha Limpia. Se trata de una reforma de envergadura considerable que toca múltiples aspectos de la vida electoral argentina. Sin embargo, no todos los aliados del Gobierno visualizan de la misma manera cada uno de estos puntos. Desde distintos sectores opositores ya avanzaron sus intenciones de desglosar ciertos componentes para tratarlos de manera independiente, una movida que el oficialismo deberá sortear en próximas sesiones parlamentarias. Agustín Coto, legislador cercano al espacio libertario, conduce los trabajos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, lo que otorga un cierto control sobre el proceso inicial de análisis del proyecto.

Las resistencias internas y las opciones sobre la mesa

Dentro del heterogéneo bloque oficialista existen matices significativos sobre cómo proceder con la reforma. El diputado Sebastián Pareja, quien funciona como articulador político en la provincia de Buenos Aires, enfatizó durante su conversación con Karina Milei la importancia de avanzar con decisión en la eliminación de las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que han caracterizado la competencia política argentina durante la última década y media. No obstante, Pareja reconoce que socios parlamentarios del Gobierno, particularmente el PRO y la Unión Cívica Radical, expresan reservas respecto a este punto específico. Es aquí donde surge un plan B en la estrategia oficial: si la eliminación lisa y llana no prospera, el Ejecutivo contempla la posibilidad de decretar una suspensión temporal del régimen de primarias, tal como ya ocurrió el año pasado cuando se reorganizó el calendario electoral. Esta opción genera escepticismo en diversos sectores de la oposición, aunque representa un punto intermedio que podría facilitar acuerdos.

Para que transformaciones de esta magnitud avancen legislativamente, es necesario contar con mayorías calificadas en ambas cámaras. El Senado requiere un mínimo de 37 votos afirmativos de sus ciento dieciséis miembros, mientras que Diputados demanda 129 votos de sus doscientos cincuenta y siete legisladores. Números que marcan la complejidad del desafío. El Gobierno confía en poder alcanzar las cifras necesarias en la Cámara Alta, aunque sabe que la transición hacia Diputados implica un escenario más intrincado. En este contexto, la gestión del ministro del Interior, Diego Santilli, cobra relevancia crucial. Los encuentros que mantiene con gobernadores y referentes regionales funcionan como termómetro de las posibilidades reales de avance. Santilli se reunió hace poco con Rodolfo Frigerio, gobernador de Entre Ríos y dirigente del PRO, lo que ilustra el carácter transversal de estas negociaciones que trascienden las fronteras partidarias tradicionales.

Córdoba y Buenos Aires: el juego territorial que define futuro

Pero la visita de Karina Milei al Congreso no giró solamente alrededor de legislación. Durante sus intercambios con legisladores de la bancada oficial, la funcionaria presidencial abordó otro tema de envergadura: la construcción de presencia territorial en dos provincias que concentran una población y un potencial electoral formidables. Córdoba y Buenos Aires son, desde hace décadas, tableros donde se libran batallas políticas de gran envergadura. En el caso de Córdoba, el Gobierno apuesta por Gabriel Bornoroni, actual jefe del bloque de diputados libertarios, como candidato natural para disputar la gobernación en el futuro. La estrategia contempla tejer alianzas con sectores del Frente Cívico liderado por Luis Juez y con núcleos de la UCR provincial, ampliando así la base de sustentación política en un distrito donde La Libertad Avanza aún construye legitimidad electoral. La diputada María Celeste Ponce funciona como interlocutora clave en estos procesos, manteniendo comunicación fluida con Milei sobre el estado de las negociaciones.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, el trabajo es de largo aliento y exige inversión política constante. Pareja y Milei evaluaron durante su encuentro la necesidad de intensificar la penetración territorial de La Libertad Avanza en el distrito más poblado del país. El objetivo es crear condiciones favorables de cara a los comicios de 2027, cuando se renueve la gubernatura bonaerense. El oficialismo ya realizó un movimiento significativo hace semanas: en la localidad de Suipacha, congregó a más de mil quinientos dirigentes bonaerenses en un acto que combinó el lanzamiento de una escuela de formación política con la consolidación de redes territoriales. Santilli, en su rol de ministro del Interior, fue uno de los protagonistas de esa jornada, subrayando su relevancia dentro de la estrategia provincial del Gobierno. Estos espacios de encuentro y capacitación funcionan como herramientas para fortalecer vínculos con militantes locales y proyectar una imagen de organización interna que trascienda el espacio nacional.

La confluencia de estos dos frentes —legislativo y territorial— no es casual. El Gobierno entiende que modificar las reglas electorales mientras se posiciona territorialmente en provincias clave genera sinergias que potencian su capacidad de incidencia política. Si la reforma electoral prospera, los cambios en el financiamiento, la estructura de competencia y los mecanismos de votación jugarán a favor de quien logre mejor organización y recursos. Simultáneamente, la construcción de presencia en Buenos Aires y Córdoba asegura que cuando lleguen las competencias provinciales, La Libertad Avanza contará con estructuras operativas capaces de convertir esa presencia en votos reales. Es una jugada de ajedrez político donde ambas dimensiones se retroalimentan.

Mirada prospectiva: implicancias y escenarios posibles

Los movimientos del Gobierno en estos días abren múltiples interrogantes sobre cómo evolucionará el tablero político argentino. Si la reforma electoral prospera, las consecuencias podrían ser sustanciales: la desaparición de las primarias modificaría profundamente la forma en que los partidos políticos se relacionan con su militancia y sus votantes potenciales. Algunos analistas sugieren que esto podría fortalecer a las estructuras más organizadas, mientras otros sostienen que reduciría espacios para candidaturas disruptivas o renovadoras. El resultado final dependerá de múltiples variables que exceden la decisión legislativa misma. Por otro lado, si el proyecto fracasa o se parcializa, podría interpretarse como un debilitamiento de la capacidad ejecutiva para imprimir cambios institucionales profundos, algo que el Gobierno difícilmente toleraría sin plantear alternativas como la suspensión temporal. En cuanto a las provincias, la consolidación territorial en Buenos Aires determinará si La Libertad Avanza logra ser un competidor real en una provincia históricamente dominada por otras fuerzas. En Córdoba, todo dependerá de si las alianzas anunciadas se concretan efectivamente o si, por el contrario, terminan siendo promesas que no encuentran correlato en la realidad electoral. Los próximos meses revelarán si el trabajo iniciado en estas jornadas de coordinación política genera los resultados que el Gobierno proyecta.