En el escenario de una reforma electoral que avanza en los pasillos del Congreso, emerge un dato que sorprende a primera vista: la mayoría de los argentinos respalda la supresión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, detrás de ese consenso aparente se esconde una realidad más compleja. La adhesión a esta medida no responde únicamente a argumentos técnicos o económicos, sino que está profundamente atravesada por las preferencias políticas de quienes votan. Lo que el oficialismo presenta como una iniciativa de racionalización fiscal se convierte, en la práctica, en otro frente de confrontación entre el Gobierno y la oposición. Este fenómeno ilustra cómo las cuestiones institucionales en la Argentina contemporánea raramente logran escapar de la polarización que define la política nacional.

El respaldo de la ciudadanía: números que crecen pero se explican por la política

Las mediciones de opinión pública relevadas entre junio y julio revelan un panorama de apoyo generalizado hacia la eliminación de las PASO. Synopsis Consultores reportó un 49,1% de acuerdo frente a un 38,7% de rechazo en su más reciente sondeo, mientras que otras firmas especializadas arrojan cifras aún más altas. Management & Fitr registró 58,2% de aprobación contra 36,6% de desaprobación, y Julio Burdman relevó un 65% a favor versus 25% en contra. Incluso cuando se observan fluctuaciones entre distintos relevamientos, la tendencia permanece clara: existe una mayoría que se inclina por derogar el mecanismo de selección interna que rige desde hace más de una década.

No obstante, los especialistas en análisis de datos electorales advierten que estos números requieren una lectura más sofisticada que la que presentan a simple vista. Lucas Romero, responsable de Synopsis Consultores, fue categórico al señalar que "la variable que mejor explica la postura de la gente es el sesgo partidario". En otras palabras: más que evaluar la pertinencia institucional de las PASO, los ciudadanos responden según su alineación política. Esta observación se corrobora cuando se desglosan los datos por intención de voto. Entre los simpatizantes de La Libertad Avanza, el apoyo a la eliminación alcanza niveles de 70% a 82,5% según la medición. En el otro extremo, 69,9% de los votantes peronistas se opone a la iniciativa. El mapa es prácticamente especular: donde el oficialismo celebra, la oposición rechaza.

El argumento económico que unifica pero que no convence por igual

El Gobierno ha construido su estrategia comunicacional alrededor de un eje que, en teoría, debería tener capacidad de trascender las divisiones políticas: el ahorro fiscal. La Casa Rosada insiste en que las PASO representan un gasto innecesario que la Argentina no puede permitirse. Diego Santilli, jefe de Gabinete, cuantificó esta cifra entre 250 y 300 millones de dólares anuales, una suma que en el contexto de las políticas de austeridad que caracterizan la actual gestión adquiere relevancia simbólica. El Presidente Javier Milei formuló la cuestión en términos que pretenden apelar al sentido común del ciudadano promedio: "Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta".

Este discurso económico parece resonar en sectores específicos de la población. Las mediciones indican que el apoyo a la eliminación crece entre varones, habitantes del interior del país y pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos. En este último segmento, el respaldo llega a 62%. Mora Jozami, directora de Casa Tres, sugirió que parte del respaldo podría atribuirse a "la moda de reducir el Estado", un sentimiento que ha ganado tracción en los últimos años en amplios segmentos de la opinión pública argentina. Federico Aurelio, de Aresco, complementó esta lectura señalando que existe una disposición ciudadana contra duplicar esfuerzos electorales y sus costos asociados.

Sin embargo, el argumento económico se desmorona cuando se enfrenta al análisis más atento. Julio Burdman advirtió que, cuando se relevan mediciones previas a la entrada del tema en la agenda política formal, el respaldo era aún mayor. La "politización del debate", como la denominó, redujo el apoyo en algunos puntos. Esta observación abre una interrogante incómoda para quienes promueven la reforma: ¿el respaldo genuino a la austeridad electoral disminuye cuando las personas se ven obligadas a tomar posición en un escenario de confrontación política? El desplazamiento de solo algunos puntos porcentuales en las mediciones sugiere que, pese a todo, existe un núcleo de ciudadanos que se mantiene a favor por razones económicas genuinas. Pero la magnitud del cambio indica que la mayoría vota con la tribu, no con el bolsillo.

El rechazo opositor y sus argumentos institucionales

La oposición, en todas sus variantes, rechaza frontalmente la iniciativa. Desde el peronismo hasta sectores dialoguistas como Pro y la Unión Cívica Radical, el mensaje es consistente: las PASO constituyen una herramienta valiosa para la democracia interna de los partidos políticos. Para estos actores, el mecanismo permite que las fuerzas políticas resuelvan sus candidaturas de forma democrática, sin necesidad de imposiciones o decisiones verticales. En tiempos de preparación para la contienda de 2027, cuando se definirán los liderazgos y candidatos presidenciales, esta función de las PASO adquiere particular relevancia. La oposición percibe la iniciativa, con razón, como un golpe a su capacidad institucional de dirimir internas.

Este argumento, sin embargo, no logra competir discursivamente con la narrativa de austeridad que promociona el Gobierno. Cuando una persona promedio escucha que se gastan cientos de millones de dólares en un proceso electoral que podría evitarse, la explicación sobre "herramientas de democracia interna" pierde pregnancia. Además, existe un componente de cansancio ciudadano respecto a los procesos electorales frecuentes. En un país que ha experimentado numerosas elecciones en años recientes, y donde la fatiga electoral es palpable, la propuesta de simplificar el calendario resulta seductora incluso para votantes que simpatizarían naturalmente con la oposición. Que 38,7% de los ciudadanos rechace la medida indica que la oposición mantiene una base de apoyo, pero claramente insuficiente para revertir el sentimiento mayoritario.

Las implicancias para la reforma institucional y el futuro político

Si el Congreso avanza con la derogación de las PASO, la Argentina modificaría sustancialmente sus mecanismos de selección de candidatos. Las implicancias son múltiples. Por un lado, los partidos políticos recuperarían mayor capacidad de decisión sobre sus postulantes, lo cual podría fortalecer los liderazgos internos pero también abriría la puerta a prácticas más verticales o clientelares. Por otro, el Estado ahorraría recursos significativos, aunque el impacto real en las cuentas públicas probablemente será menor al pregonado, dada la complejidad de los gastos electorales. En tercer lugar, el calendario electoral se simplificaría, aunque la Argentina seguiría requiriendo elecciones legislativas que fragmenten aún más el año en períodos electorales.

La medida también tendría consecuencias políticas inmediatas. Para Javier Milei y su coalición, la eliminación de las PASO representaría un triunfo legislativo que consolidaría su agenda de reforma del Estado, más allá de que sea discutible si este específico cambio realmente simplifica o moderniza las instituciones. Para la oposición, significaría una derrota en un tema que ha cristalizado su rechazo al Gobierno, pero uno entre muchos otros que enfrenta en el Congreso actual, donde carece de mayorías propias.

Perspectivas alternativas y lo que revelan las encuestas sobre la democracia argentina

El fenómeno que revelan estos datos de opinión pública trasciende la cuestión específica de las PASO. La encuesta de Aresco registró que 49,8% de los ciudadanos apoya la eliminación "porque son un gasto innecesario", mientras que 42,1% las considera "necesarias porque permiten una elección democrática del mejor candidato de cada espacio político". Esta distribución casi equitativa sugiere que existe debate genuino sobre el tema, más allá de las determinantes partidarias. Un segmento importante de la ciudadanía sí cree en el argumento económico sin necesidad de identificarse con Milei. Otro segmento igualmente relevante entiende que los costos electorales son un precio necesario a pagar por mantener prácticas democráticas. Ambas posiciones tienen mérito y reflejan tensiones reales en cualquier sistema democrático: eficiencia versus inclusión, austeridad fiscal versus profundización de la democracia interna.

Lo que estas mediciones de opinión pública revelan, en última instancia, es que la política argentina actual opera en un estado de polarización permanente. Los ciudadanos no evalúan las iniciativas institucionales con criterios neutros o técnicos, sino que las filtran a través de sus lealtades políticas. Esto no significa que la ciudadanía sea irracional, sino simplemente que en un contexto de enfrentamiento permanente entre bloques políticos, las decisiones sobre instituciones se convierten inevitablemente en decisiones políticas. Si bien la derogación de las PASO cuenta con apoyo mayoritario, ese apoyo descansa sobre fundamentos políticos tanto como económicos, y podría variar significativamente si las circunstancias o los marcos de discusión cambian.