La cúpula directiva de Arsat tomó una decisión que representa un punto de inflexión en la trayectoria de la empresa estatal de telecomunicaciones por satélite. A través de una resolución aprobada hace poco más de una semana, el organismo convocará mediante proceso licitatorio a firmas especializadas en auditoría para ejecutar un diagnóstico exhaustivo de sus operaciones internas. Esta determinación no constituye un acto administrativo rutinario, sino una respuesta institucional a una cascada de revelaciones que emergieron durante investigaciones judiciales que involucraron a quién fungía como máxima autoridad ejecutiva de la compañía hasta hace apenas meses.
El detonante de esta medida se remonta al operativo de allanamiento que ejecutó la Justicia federal hace aproximadamente treinta días en el domicilio de Facundo Leal, exdirector de la institución. Lo que los investigadores hallaron en esa ocasión trascendió ampliamente lo que podría considerarse un caso ordinario de ilícito penal. Más allá del descubrimiento de dos millones y medio de dólares estadounidenses en efectivo distribuidos en diferentes espacios del inmueble, los pesquisadores localizaron una cantidad variada de sustancias controladas almacenadas en una caja fuerte. No obstante, el hallazgo que probablemente generó mayor perplejidad fue el de un maletín resistente al agua que contenía diecinueve dispositivos sofisticados de vigilancia profesional. Entre ellos se contaban anteojos equipados con tecnología de grabación, llaves automotrices modificadas, una estilográfica con micrófonos y cámaras microscópicas, grabadores especializados, un rastreador de posicionamiento geográfico y un analizador capaz de detectar señales de vigilancia inalámbrica. Estos descubrimientos obligaron a los investigadores a abrir nuevas líneas de indagación respecto del propósito y la aplicación práctica de semejantes artefactos.
El origen de la pesquisa: de lo menor a lo grave
La investigación judicial que eventualmente condujo al allanamiento del domicilio de Leal no comenzó con las acusaciones que hoy lo rodean. Por el contrario, la génesis de la causa fue relativamente modesta: una denuncia sobre el robo de materiales de fibra óptica en un depósito perteneciente a Arsat. Sin embargo, a medida que los fiscales profundizaban en el análisis de ese primer delito, advirtieron la existencia de patrones sospechosos en las contrataciones de servicios dentro de la empresa. Específicamente, detectaron irregularidades en la vinculación con una compañía privada denominada Argentina Logistic Services, que ostentaba la responsabilidad de administrar un terreno donde se guardaban componentes técnicos de la estatal. Este descubrimiento amplificó el alcance de la pesquisa hasta converger en la figura del entonces máximo responsable ejecutivo de Arsat.
El fiscal federal con jurisdicción en San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó las gestiones judiciales mientras que la causa quedó asignada al juzgado federal a cargo del magistrado Lino Mirabelli. Las acusaciones contra Leal se multiplican en distintos frentes. En primer lugar, enfrenta imputaciones vinculadas a la posesión de estupefacientes bajo presunción de que los tenía con propósitos comerciales. En segundo término, y en paralelo, la fiscalía trabaja en la formulación de cargos por presuntas conductas de corrupción ejecutadas durante su desempeño en la conducción de Arsat. Los fiscales y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentaron conjuntamente un pedido para que se le dicte prisión preventiva en la causa de corrupción, basándose en la posibilidad de que existieron delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, así como cohecho pasivo y operaciones incompatibles con las funciones que desempeñaba.
Una trayectoria que abarcó casi dos décadas en la administración pública
Leal acumulaba una experiencia prolongada dentro de la administración pública nacional, totalizando casi veinte años en la planta permanente del Estado. Su paso más visible corresponde al período en que ejerció como presidente de Arsat, cargo que ocupó entre 2022 y 2024, durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuando el nuevo gobierno asumió sus funciones bajo la dirección de Javier Milei, lejos de remover a Leal de la estructura estatal, lo reubicó en otra responsabilidad: lo designó al frente del Orsna, la entidad responsable de regular el funcionamiento del sistema aeroportuario nacional. Esta permanencia en el aparato estatal duró poco tiempo. En enero del presente año fue desplazado de ese puesto junto a Luis Pierrini, quien fungía como secretario de Transporte. Apenas tres meses después de su expulsión del organigrama gubernamental, el dispositivo judicial ejecutó los allanamientos que prontamente derivaron en su detención. El magistrado Mirabelli negó su solicitud de arresto domiciliario, optando por mantenerlo bajo prisión preventiva.
El cronograma de las diligencias judiciales ya se encuentra fijado. Para el trece de julio, el juez ha convocado a indagación a Leal y a otros exfuncionarios de Arsat. Paralelamente, los directivos de Argentina Logistic Services serán citados en comparendas programadas para los días seis y siete del mismo mes. Estos espacios de declaración constituirán momentos críticos en los que se formalizarán las imputaciones y se les brindará a los investigados la oportunidad de responder ante los cargos que pesan sobre ellos. Entretanto, desde Arsat, la decisión de contratar una auditoría externa busca tanto esclarecer la magnitud de las posibles irregularidades administrativas como recuperar la confianza institucional tras estos revelaciones.
Los alcances de la auditoría que el directorio de Arsat se propone realizar abarcarán un espectro amplio de la operatoria corporativa. El examen contemplará todas las contrataciones ejecutadas durante el período relevante, así como también los procesos administrativos y de toma de decisiones que las precedieron. La convocatoria se realizará mediante un procedimiento licitatorio abierto que permitirá a las principales firmas de auditoría del mercado local competir por la adjudicación del trabajo. Este mecanismo responde a criterios de transparencia y búsqueda de credibilidad, garantizando que el análisis sea efectuado por organizaciones independientes con trayectoria verificable en trabajos de similar complejidad.
Los desarrollos que vendrán próximamente en esta causa poseerán implicancias que trascienden lo puramente penal. Por un lado, la auditoría podría revelar el alcance real de las irregularidades administrativas y contractuales, información que resultará fundamental tanto para la administración de Arsat como para eventuales recuperos de fondos o resarcimientos patrimoniales. Por el otro, el proceso judicial definirá responsabilidades personales y podría establecer precedentes respecto de cómo operan ciertos mecanismos de contratación pública. Diversas perspectivas convergen sobre los hechos: algunos observadores plantean que el hallazgo de estas irregularidades evidencia la necesidad de fortalecer los controles y sistemas de auditoría interna preexistentes; otros subrayan que el procesamiento judicial de funcionarios con trayectoria estatal prolongada refleja la complejidad de evaluar conductas administrativas; un tercer grupo enfatiza que la continuidad de Leal en cargos públicos durante el cambio de gestión gubernamental plantea interrogantes sobre los criterios de evaluación en transiciones de poder. Independientemente de las interpretaciones, la investigación seguirá su curso judicial mientras la empresa restructura sus mecanismos de control interno.
