Durante más de una década, el episodio de la nacionalización de la planta siderúrgica Sidor en Venezuela permaneció en las sombras del juicio más mediático que enfrentó la gestión kirchnerista. Este jueves, mientras se desarrollan las audiencias orales en el Tribunal Oral 7, ese capítulo olvidado volvió a cobrar protagonismo con el testimonio de un ingeniero que estuvo en primera línea de una negociación que combinaba presiones diplomáticas, amenazas contra personal argentino y, según la acusación, pagos que buscaban allanar el camino hacia una solución. Los hechos ocurrieron hace más de quince años, pero las implicancias que se desprenden de este nuevo testimonio refuerzan una hipótesis que ha caracterizado las investigaciones sobre funcionarios de alto rango del período 2003-2015: la instalación de mecanismos sistemáticos de extorsión que aprovechaban la influencia política para resolver conflictos empresariales a cambio de contribuciones económicas.
El relato del testigo y las presiones en terreno
Pablo Daniel Brizzio, quien trabajaba como ejecutivo de la compañía y continúa en sus filas hasta hoy, compareció ante el tribunal para ratificar declaraciones anteriores efectuadas en 2019. Su intervención revela una perspectiva poco conocida sobre lo que sucedía en las oficinas de Sidor mientras el gobierno venezolano avanzaba con los trámites de expropiación. Brizzio fue quien coordinó las negociaciones técnicas desde la empresa frente a las autoridades caribeñas, lo que le permitió observar de cerca tanto las decisiones formales como la atmósfera que se respiraba en el país. Según su relato en la audiencia, el clima de hostilidad hacia los empleados argentinos no era ocasional ni improvisado: formaba parte de un patrón sistemático de presión. "Las manifestaciones eran permanentes. La agresión verbal también era permanente. Esto de ingresar a las oficinas también era, lamentablemente, común", precisó ante los jueces. Esta descripción plantea un escenario complejo donde no solo se dirimía una cuestión de nacionalización de activos, sino donde se ejercía presión directa contra personas cuyo único delito era ser empleados de una empresa extranjera.
Las hostilidades no provenían exclusivamente de sectores desorganizados o espontáneos. Brizzio identificó a un gremio como protagonista de las demandas de expropiación, pero también mencionó que la presión adquirió ribetes legislativos cuando un diputado venezolano promovió una iniciativa tendiente a impedir que el personal argentino abandonara el territorio. Esta maniobra legislativa representa un escalón más en la escalada de coerción, transformando lo que podría haber sido un conflicto comercial en una cuestión que afectaba derechos fundamentales de circulación y seguridad personal. En tal contexto, donde los trabajadores enfrentaban restricciones potenciales para salir del país, los canales diplomáticos entre Buenos Aires y Caracas adquirieron relevancia crítica.
Los intermediarios políticos y la hipótesis de la extorsión
En medio de estas negociaciones complejas emergió la figura de José Olazagasti, funcionario que desempeñaba el rol de secretario privado del entonces ministro de Planificación Julio de Vido. Según lo que Brizzio ratificó ante el tribunal, Olazagasti participó activamente en gestiones orientadas a encauzar el regreso de los trabajadores argentinos al país. La cuestión que sustenta la investigación es si esa intermediación fue desinteresada o si constituyó parte de un esquema mediante el cual la empresa realizaba pagos a funcionarios del kirchnerismo a cambio de que estos utilizaran sus vínculos con la administración Chávez para resolver el conflicto. La fiscalía, en cabeza de Fabiana León, ha construido una argumentación que presenta estas gestiones como integrantes de una matriz extorsiva más amplia, donde funcionarios aprovechaban su acceso a toma de decisiones para cobrar por servicios que debería proporcionar la función pública como parte de sus responsabilidades ordinarias.
Lo relevante de la declaración de Brizzio es que reconoció la intermediación de Olazagasti sin que este le hubiera exigido pagos directamente. Esta distinción es importante porque abre interrogantes sobre cómo operaban estos esquemas: ¿existía una cadena de intermediarios que permitía que quien negociaba técnicamente no tuviera contacto directo con quien cobraba? ¿Los pagos se realizaban en otra esfera, con otros ejecutivos? La acusación sugiere un circuito donde Roberto Baratta, identificado como mano derecha de De Vido, habría sido el receptor de desembolsos en las oficinas de Techint ubicadas en Puerto Madero, para luego trasladarlos hacia Daniel Muñoz, secretario del matrimonio Kirchner. Un registro del chofer Oscar Centeno correspondiente al 27 de agosto de 2008 captura un movimiento concreto: el retiro de un "paquete" en las oficinas del grupo seguido del traslado de Baratta hacia la residencia Kirchner en Uruguay 1306, Recoleta. Este detalle, aunque fragmentario, estructura un relato de circulación de fondos que la fiscalía utiliza para fundamentar sus acusaciones.
El pedido directo y los términos de la negociación
Existe un testimonio adicional que refuerza esta interpretación, proveniente de Claudio Uberti, funcionario arrepentido que participó en el proceso. Según su relato, De Vido le ordenó que transmitiera un mensaje explícito a un directivo de Techint: debía "ponerse" si deseaba que lo "trataran bien". Este tipo de comunicación, aunque codificada en un lenguaje que evita la mención directa de dinero, sugiere un entendimiento compartido sobre las reglas del juego. La frase contiene una amenaza implícita: cooperar económicamente es condición para recibir cooperación política. Este mecanismo de presión verbal, que otros procesos judiciales han documentado en otras empresas y contextos durante la misma década, caracterizaba operaciones donde el poder estatal se instrumentalizaba para extraer recursos de actores privados bajo la promesa de resolver problemas generados o exacerbados por la propia administración.
Lo que distingue el caso Techint-Sidor es que la empresa admitió haber realizado pagos a funcionarios, alegando que lo hizo en respuesta a promesas de que estos utilizarían su influencia con el gobierno de Chávez para garantizar el regreso seguro de los trabajadores. El hecho de que la empresa misma asumiera la responsabilidad por desembolsos económicos, en lugar de negarlos, condicionó la estrategia judicial posterior. Los directivos Luis Betnaza y Héctor Zabaleta fueron procesados inicialmente por estos pagos, pero la Justicia los segregó del caso Cuadernos principal, considerando que se trataba de una situación de urgencia y no del esquema de corrupción vinculado a obra pública que caracterizaba el resto de la causa. El juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó los procesamientos en 2020, y posteriormente el juez Julián Ercolini los sobreseyó junto con el CEO Paolo Rocca, sosteniendo que el pago se realizó bajo estado de necesidad, para proteger la integridad física del personal y lograr su evacuación de Venezuela.
Esta decisión judicial introdujo una distinción conceptual relevante: que un pago a funcionarios sea efectuado bajo presión de circunstancias extraordinarias no lo convierte automáticamente en corrupción de la variedad que caracteriza esquemas sistemáticos de extorsión. Sin embargo, la fiscalía parece considerar que el contexto de emergencia fue, precisamente, lo que permitió a los funcionarios ejercer presión coercitiva. En otras palabras, la vulnerabilidad de la empresa (derivada de la hostilidad hacia sus empleados en Venezuela) fue aprovechada para extraer recursos bajo la promesa de resolución política. Este debate de fondo sobre qué constituye extorsión versus negociación en condiciones asimétricas de poder permanece abierto en el expediente, especialmente a la luz de los nuevos testimonios que continúan siendo recolectados.
La arquitectura diplomática detrás del conflicto
Brizzio también proporcionó detalles sobre los canales formales de negociación que operaban en paralelo. Mencionó que hubo "interacción en las distintas etapas" del conflicto, incluyendo reuniones entre altas autoridades del Poder Ejecutivo venezolano con la embajada argentina. Esta dimensión diplomática oficial contrasta con el relato de intermediarios no formales y pagos en efectivo. La pregunta que emerge es cuál fue el verdadero peso de cada canal: ¿los funcionarios informales fueron los que realmente destraban el conflicto, o solo se atribuyeron el mérito de lo que la diplomacia formal estaba negociando? La respuesta importa porque define si hubo efectivamente prestación de servicios que justificara los pagos o si estos fueron solo tributos extorsivos sin contraprestación real.
El contexto histórico de 2008 añade complejidad a esta reconstrucción. Apenas unos meses antes, en julio de ese año, el gobierno venezolano había iniciado formalmente el proceso de nacionalización de Sidor, empresa que había sido adquirida por Techint en 1998. La decisión de Chávez fue parte de una ola nacionalista que caracterizó su segundo mandato, reflejando tensiones geopolíticas entre gobiernos progresistas latinoamericanos y corporaciones multinacionales. En ese escenario, la mediación argentina no era neutra ni automática: requería que funcionarios del gobierno Kirchner, que mantenía relaciones cercanas con Caracas, utilizaran esos vínculos en favor de una empresa privada. Ese favor político tenía un costo implícito que, según la acusación, fue cobrado en efectivo.
Las consecuencias abiertas y el juicio en curso
Con el testimonio de Brizzio ratificado, la fiscalía continúa construyendo su teoría del caso. Tanto Betnaza como Zabaleta están citados a declarar como testigos el próximo martes, una circunstancia que abre la posibilidad de que amplíen o revisen aspectos de sus relatos anteriores. La decisión de sobreseerlos en 2020 por el juez Ercolini, argumentando estado de necesidad, no fue apelada a tiempo por la UIF (Unidad de Información Financiera), que actúa como querellante, ni por el fiscal Carlos Stornelli, quien ya los había apartado del núcleo principal de acusaciones.
Lo que se desarrolla en el Tribunal Oral 7 estos días toca aspectos que trascienden el caso específico de Techint. La forma en que la Justicia concluya sobre si hubo extorsión sistemática o negociación bajo presión de circunstancias excepcionales tiene implicancias para otros procesos, otras empresas y otros funcionarios que enfrentaron decisiones similares durante esos años. También interroga sobre cómo el Estado debe actuar cuando actores privados enfrentan presiones de gobiernos extranjeros: ¿puede recurrir a canales políticos informales? ¿Pueden esos canales cobrarse? ¿A qué precio? Las respuestas que surjan de las próximas audiencias contribuirán a definir no solo responsabilidades individuales, sino también estándares sobre cómo se negocia poder e influencia política en contextos de crisis empresarial e internacional.
