Un proyecto que se desmorona entre ausencias estratégicas y presiones desde las provincias
La semana que viene el Senado argentino se verá obligado a enfrentar una de esas encrucijadas legislativas donde los números no cierran y los aliados comienzan a mirar para otro lado. La iniciativa que busca eliminar las barreras legales para que extranjeros adquieran tierras productivas en el país entra en su fase crítica, con Patricia Bullrich al frente de una operación que se complica por momentos. Lo que comenzó como un proyecto con pretensiones de transformación estructural del régimen de propiedad rural ahora se debate en la arena de los cálculos parlamentarios más áridos: quién falta, quién cambia de idea, quién presiona desde su distrito para que el senador de turno no firme la sentencia de venta masiva de territorio nacional a inversores globales.
Más allá de los números en el recinto, lo que sucede es que la sociedad argentina está expresando su rechazo de formas cada vez más visibles. Las provincias están hablando, organizaciones civiles se movilizan, y hasta dentro del propio espacio gobernante hay señales de disidencia que nadie esperaba hace apenas algunos meses. El proyecto de ley que impulsa Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, prometía ser un trámite más dentro de la agenda de reformas estructurales del gobierno libertario. La realidad se está encargando de demostrar que tocar la tierra, ese activo identitario de la Argentina, genera resistencias que trascienden las divisiones tradicionales del espectro político.
Cuando los aliados empiezan a dudar: el caso de las provincias descontentas
Hace tres semanas que los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, vienen recibiendo mensajes desde sus territorios. No son amenazas directas ni presiones de sindicatos. Son voces de ciudadanos de Misiones que ven con preocupación cómo el gobierno central pretende cambiar las reglas de juego sobre la propiedad de la tierra. Eso genera una paradoja incómoda: ser parte de la coalición oficial pero representar a provincias que sienten que esa coalición no las defiende.
La situación se complica aún más al sur, en Chubut. Allí, dos senadoras juegan un rol que el propio oficialismo aún no termina de descifrar. Edith Terenzi, radical, y Andrea Cristina, del PRO, mantienen posturas ambiguas sobre varios artículos del proyecto. El gobernador Ignacio Torres, también del PRO, tiene su propia mirada sobre la cuestión. En las oficinas de la Casa Rosada saben que esas dos legisladoras poseen una información privilegiada: cómo reacciona la provincia patagónica ante la posibilidad de que sus tierras queden abiertas a cualquier comprador global. Cuando uno de esos despachos respondió "Esto se define en los próximos dos días" a preguntas sobre su posición, quedó expuesto el verdadero drama: las decisiones se toman al ritmo de las presiones territoriales, no al ritmo del calendario legislativo.
Los números que Bullrich presumía tener hace apenas algunas semanas comenzaron a volatilizarse. Tres senadores radicales comparecieron en la sesión del 16 de julio para permitir que se alcanzara quórum—lo que permitió aprobar treinta pliegos de magistrados judiciales—pero aclararon explícitamente que no votarían el capítulo sobre tierras. Es el gesto de quien no quiere romper con la coalición pero tampoco quiere romper con su provincia. Es el acto reflejo de un legislador que siente que está siendo observado desde su distrito.
Las contradicciones internas del gobierno y sus efectos paralizantes
Hay un factor que amplifica esta debilidad: las propias contradicciones dentro de la estructura ejecutiva. Días antes de que se intentara debatir el proyecto en el recinto, Sturzenegger hizo llegar a varios senadores su disconformidad con un aspecto específico de la negociación que había cerrado con Bullrich. El ministro rechazaba la idea de que las provincias pudieran fijar sus propios límites a la venta de tierras a extranjeros. La obsesión desreguladora chocaba con la necesidad política de que las provincias tuvieran alguna potestad en el asunto. Esa fricción, apenas visible para el público general, fue catastrófica para la operación parlamentaria.
Cuando los senadores se enteraron de que el ejecutivo podría vetar parcialmente lo que el Senado aprobara, el cálculo político cambió radicalmente. ¿Para qué votar algo que después el presidente va a modificar? ¿Para qué exponerse legislativamente a las presiones de su provincia si el fruto de ese sacrificio puede ser desmantelado desde Balcarce 50? Los legisladores no son ingenuos. Detectan estos ruidos internos y ajustan su comportamiento en consecuencia. Fue entonces cuando Bullrich debió solicitar un cuarto intermedio, la tercera prórroga desde que el proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión.
El contexto de las restricciones existentes y qué pretende cambiar esta iniciativa
Para entender la magnitud de lo que se está discutiendo, es importante recordar que desde diciembre de 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, existe en Argentina una Ley de Tierras que estableció límites claros. Esa norma estableció que no podrían venderse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental a extranjeros. Además, ninguna persona física o jurídica podría concentrar más del 30% del cupo permitido. Estos mecanismos fueron diseñados con la intención de preservar el control nacional sobre los recursos territoriales más estratégicos: las tierras productivas.
Lo que el gobierno libertario propone es, en esencia, desmantelar completamente esos límites. Bajo el nuevo proyecto, desaparecerían todas las restricciones para que personas naturales o jurídicas privadas compren tierras productivas sin techo máximo alguno. Para el caso específico de empresas con participación de capitales estatales extranjeros, se establecería un sistema de "doble conformidad" que requeriría autorización tanto de la provincia como de la Nación. Sin embargo, queda sin definir cuál será la autoridad encargada de otorgar esos permisos, una cuestión que quedará sujeta a la reglamentación futura.
La resistencia crece más allá de las bancadas parlamentarias
Mientras el gobierno intenta cerrar los números en el Senado, en las calles y en los espacios de la sociedad civil la oposición al proyecto se intensifica. Esta semana se prevé una manifestación convocada por partidos políticos y organizaciones no gubernamentales directamente frente al Congreso Nacional. No es un dato menor: la movilización refleja que el proyecto no es visto como un asunto de expertos en regulación o economistas liberales, sino como una cuestión que afecta la percepción ciudadana sobre la soberanía nacional.
La Iglesia Católica ha mantenido una posición de rechazo desde que el proyecto fue discutido en comisiones. Su resistencia no se limitó al capítulo de tierras: también cuestionó fuertemente las disposiciones que eliminaban el programa de regularización dominial en villas y barrios de emergencia. Esas preocupaciones tuvieron algún efecto: el artículo sobre regularización en asentamientos precarios fue finalmente excluido del texto que ahora intenta aprobar el oficialismo. Pero el núcleo duro del proyecto—la eliminación de las restricciones a la compra extranjera—se mantiene intacto.
Sorpresivamente para muchos, también ha emergido como una voz crítica la vicepresidenta Victoria Villarruel. En redes sociales ha mantenido una militancia activa contra la extranjerización de tierras, utilizando el tema como un eje de diferenciación respecto del gobierno de Javier Milei. Esa posición, que podría parecer marginal, adquiere relevancia en el contexto actual donde cada voto cuenta y donde las señales de disidencia desde adentro de la coalición gobernante tienen impacto en las decisiones de legisladores indecisos.
Un proyecto que va más allá de las tierras: la arquitectura completa de transformación
Conviene recordar que el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" no se agota en el capítulo de extranjerización. Es un paquete legislativo más amplio que busca redefinir varias dimensiones del derecho de propiedad en Argentina. Además de eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros, el texto propone acelerar los procedimientos de desalojo en casos de falta de pago, ocupaciones o usurpaciones. También modifica los requisitos constitucionales que debe cumplir el Congreso Nacional para llevar a cabo expropiaciones de bienes privados. Y suma cambios en la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades que hayan sido afectadas por catástrofes.
Es decir, estamos ante una reingeniería de las relaciones entre propiedad privada, soberanía estatal y capacidad de regulación pública. El gobierno libertario ve en esto un acto de liberación. Los que se oponen lo ven como una cesión de poder territorial a actores privados de alcance global. Ambas interpretaciones no son caprichosas: la letra del proyecto efectivamente modifica sustancialmente cómo funciona la estructura de derechos de propiedad en el país.
La carrera contra el reloj y las promesas incumplidas del oficialismo
Hace dos semanas, en un encuentro en el despacho de Bullrich, la jefa del bloque oficialista y Sturzenegger cerraron un último borrador que ambos consideraban viable. Las ausencias de senadores aliados en la sesión del 16 de julio fue explicada por Bullrich como una cuestión de viajes planificados con antelación. Con una sonrisa que ella misma describió como "pícara", aseguró que esos legisladores "van a venir" en la próxima sesión, programada para el 6 de agosto. Prometía seguridad donde apenas hay incertidumbre.
Sin embargo, el panorama se ha vuelto opaco. Más opaco aún cuando se conoce que al menos tres senadores radicales dejaron clara su posición: pueden dar quórum, pueden votar otras iniciativas del gobierno, pero no están dispuestos a votar el capítulo de tierras. Es una señal de que la coalición se resquebraja precisamente donde más la necesitaba el oficialismo: en su flanco legislativo más comprometido. El cuarto intermedio que se reabrirá este jueves es, en realidad, un pedido de prórroga para una operación que no cierra los números como se esperaba.
Perspectivas y desenlaces posibles en una legislatura cada vez más impredecible
El desenlace de esta historia aún está abierto. Las variables que influyen en el resultado final son múltiples y algunas escapan al control directo del oficialismo. Si el proyecto no se aprueba esta semana, el gobierno enfrentará una derrota parlamentaria simbólica importante: habrá fracasado en aprobar una reforma que consideraba central para su agenda desreguladora. Si se aprueba con modificaciones que incluyan límites provinciales, habrá logrado un avance pero parcial, sujeto a nuevas negociaciones en la otra cámara. Si se aprueba sin cambios, habrá ganado pero al costo de erosionar aún más sus vínculos con gobernadores provinciales que venían acompañando su gestión.
Cada uno de estos escenarios genera consecuencias distintas para el contexto político más amplio. Una aprobación sin límites provinciales refuerza el poder ejecutivo desregulador pero alimenta narrativas sobre pérdida de soberanía territorial. Una aprobación con límites provinciales equilibra poderes pero demuestra que el proyecto originario no era tan sólido como se presentaba. Un rechazo o una postergación sine die muestra que la coalición gobernante posee límites incluso en temas que considera prioritarios. En todos los casos, la capacidad del gobierno para impulsar su agenda legislativa queda redefinida por las dinámicas que genera un proyecto que toca fibras más profundas de lo que se imaginó.
