Las grietas en la declaración de bienes de un exfuncionario bonaerense ganaron espesor. La oficina del fiscal federal Sergio Mola acaba de terminar de recibir el análisis pormenorizado de un perito contable que examinó movimientos económicos, gastos y operaciones patrimoniales de Martín Insaurralde durante trece años consecutivos. Lo que la pericia reveló no es menor: hay diferencias significativas entre lo que el exintendente de Lomas de Zamora registró como ingresos y lo que efectivamente se gastó. Esa brecha, junto a la detección de pagos sin documentación adecuada y operaciones cuya procedencia resulta opaca, genera condiciones para que la acusación crezca. El equipo de investigación ya baraja la posibilidad de ampliar el requerimiento de indagatoria —la instancia formal en la que un acusado debe responder ante la justicia— contra el exfuncionario. Este movimiento ocurre en un contexto en el que la causa cambió de manos: Luis Rodríguez Ponte es ahora el juez a cargo, reemplazando a quien manejaba el expediente anteriormente.
Un saldo que no cierra
Los números revelan un desfasaje inquietante. Durante el período comprendido entre 2010 y 2023, Insaurralde registró ingresos totales de $87.171.401. Sin embargo, los egresos detectados por los peritos alcanzaron los $99.975.141. Esa diferencia genera un saldo negativo acumulado de más de $19.647.220. En otras palabras: Insaurralde gastó significativamente más dinero del que oficialmente declaró haber percibido. Para los investigadores, esta divergencia constituye un punto de partida sólido para cuestionar cómo fue financiada esa diferencia y de dónde provinieron los recursos utilizados. El informe pericial también incluyó el análisis de los ingresos y gastos de Jesica Cirio, quien durante parte del período investigado estuvo vinculada al exintendente, así como de Sofía Clerici, integrante de su círculo cercano.
La defensa del exfuncionario había argumentado que un préstamo de US$ 250.000 realizado por Cirio justificaba la mayoría de los gastos cuestionados y que, como matrimonio, debían considerarse los ingresos combinados de ambos. Sin embargo, los investigadores federales desestiman esa explicación. Para ellos, ese monto resulta insuficiente para cubrir la brecha patrimonial detectada. Además, la Fiscalía analiza si esa operación de préstamo constituye en realidad una maniobra de enmascaramiento: una forma de simular una fuente de fondos con el propósito de justificar dinero cuyo verdadero origen permanece bajo investigación. Este tipo de operaciones son analizadas frecuentemente en casos de presunto lavado de activos.
Viajes, efectivo y terceros sospechosos
Uno de los aspectos más particulares del análisis fiscal radica en los desplazamientos al exterior. La pericia contabilizó que Insaurralde gastó aproximadamente US$ 121.000 en pasajes aéreos durante los trece años analizados, además de otros $14.313.904 en moneda local por concepto de viajes. En el caso de Cirio, los números ascendieron a US$ 136.068 en pasajes y $7.635.046 en gastos de viajes locales. Pero lo más relevante para la investigación es la aparición de un tercero: Armando J. Ríos, identificado en los registros como la persona que abonó pasajes aéreos por un monto de US$ 231.683. Los fiscales evalúan si este personaje actuó como testaferro del exintendente, es decir, si realizó gastos en su nombre para ocultar la verdadera identidad del beneficiario de esos fondos.
Paralelamente, emerge otro patrón preocupante: la existencia de pagos efectuados en efectivo sin documentación suficiente que permita reconstruir el origen del dinero utilizado. En operaciones de esta naturaleza, la falta de trazabilidad representa un obstáculo para demostrar la procedencia lícita de los recursos. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que esos movimientos en efectivo podrían estar vinculados a operaciones que se buscó mantener fuera del registro formal de transacciones. El grupo familiar, entendido como núcleo económico, generó también $35.158.185,84 en gastos de viajes durante el período analizado, cifra que suma complejidad a la reconstrucción del flujo de dinero.
Videos con dólares en vestidores: otra línea que avanza
Paralelamente al análisis patrimonial, existe una segunda línea de investigación que corre en paralelo. Se trata de material audiovisual que circuló públicamente y en el que pueden verse fajos de billetes de dólar dentro de un vestidor. Los investigadores deben determinar una serie de variables críticas: si el video es auténtico, cuándo se grabó, en qué lugar se registró y, crucialmente, a quién le pertenecía ese dinero. Según información incorporada al expediente, el material fue grabado durante abril de 2023. La Justicia también detectó que la mansión ubicada en Fincas San Vicente sufrió modificaciones estructurales, por lo que analiza si ese inmueble fue el lugar donde se capturaron las imágenes.
Durante inspecciones oculares realizadas tanto en el departamento de Cirio en Las Cañitas como en la propiedad de San Vicente, los investigadores encontraron inconsistencias visuales entre los ambientes relevados y lo que aparece en los videos. En la mansión, detectaron la presencia de elementos como silloncitos y una mesa en el vestidor, detalles que serán comparados fotograma a fotograma con las imágenes cuestionadas para determinar si se trata del mismo espacio. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal fue convocada para efectuar un análisis de autenticidad del material: verificar si las imágenes fueron manipuladas, editadas o alteradas digitalmente. Establecer la cantidad total de dinero visible en las grabaciones también forma parte de las tareas pendientes.
Próximos movimientos y ampliación de acusaciones
El fiscal Mola se reunirá próximamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, organismo especializado en este tipo de investigaciones. El objetivo es finalizar la evaluación de los datos contables y definir si corresponde ampliar los cargos contra Insaurralde. La ampliación de una indagatoria implica incorporar nuevos hechos o nuevas imputaciones a los que ya existen, lo que genera consecuencias procesales significativas. El cambio de juez también representa un factor relevante en la dinámica de la causa: Luis Rodríguez Ponte fue designado recientemente durante la administración nacional actual, lo que marca un nuevo punto de partida en términos de análisis del expediente.
La investigación contra Insaurralde comenzó a acelerarse tras la difusión de información sobre un viaje realizado en septiembre de 2023 junto a Clerici hacia Marbella, un destino turístico europeo de alto costo. A partir de ese disparador inicial, se desplegaron nuevas líneas de análisis que incorporaron aspectos patrimoniales más amplios y la investigación del material audiovisual con dólares. Cada dato agregado al expediente suma capas de complejidad al análisis que deben realizar los investigadores, pero también genera evidencia que sustenta la continuidad de la pesquisa.
Implicancias de un expediente que crece
La ampliación de cargos en una causa de esta envergadura representa un punto de inflexión procesal con múltiples consecuencias. Por un lado, permite a los investigadores incorporar hechos adicionales que, durante la investigación preliminar, revelaron dimensiones no contempladas en la acusación inicial. Por otro lado, desde la perspectiva del acusado, la ampliación genera nuevas obligaciones procesales: deberá responder ante la justicia sobre los nuevos cargos en una indagatoria adicional. La posición de su defensa también se ve modificada, obligándola a reformular estrategias y argumentos según qué aspectos específicos se incorporen al requerimiento. El rol del nuevo juez será crucial en definir qué elementos de la investigación resultan admisibles y cuáles podrían ser descartados por razones procedimentales. Asimismo, la pericia contable y el análisis de autenticidad de videos constituyen herramientas que, una vez completadas, ofrecerán un panorama más nítido de la magnitud de las operaciones investigadas. Cada paso en esta dirección acerca el expediente a momentos decisivos donde se definirá si los hechos investigados configuran delitos que justifiquen una acusación formal, o si la investigación requiere un análisis más exhaustivo aún.
