La indagación sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni entra en una fase técnica de mayor complejidad. El fiscal Gerardo Pollicita prepara un conjunto de medidas orientadas a verificar, mediante procedimientos especializados, las explicaciones que el funcionario entregó para justificar el origen y destino de sus recursos económicos durante su permanencia en cargos públicos. Lo que suceda en los próximos días en los juzgados federales puede redefinir tanto la viabilidad de la acusación como la credibilidad de la defensa ante un tribunal competente.
El lunes próximo marcará un punto de inflexión en el expediente. Pollicita solicitará al juez federal Ariel Lijo la aprobación de una batería de acciones investigativas centradas en dos aspectos que permanecen sin resolver: la autenticidad de los movimientos financieros en monedas virtuales y la determinación del costo real de las obras constructivas en un inmueble ubicado en Exaltación de la Cruz. Ambos temas resultan centrales porque en ellos descansa buena parte de la estrategia defensiva de Adorni para explicar de dónde provienen recursos en dólares que aparecen documentados en sus declaraciones juradas rectificativas.
Las criptomonedas bajo la lupa de peritos especializados
El análisis de las operaciones con Bitcoin constituye quizás el aspecto más delicado de la investigación. Adorni argumentó que entre 2014 y 2018 compró y vendió moneda virtual, generando ganancias por aproximadamente US$591.544,61. Para respaldar esta versión, su defensa presentó un acta notarial que certifica la titularidad de ocho billeteras digitales distintas y puso a disposición de la justicia las claves privadas que permiten acceder a esos depósitos. Según la reconstrucción que presentó, las transacciones fueron realizadas con particulares que entregaron dólares en efectivo, sin intervención de bancos ni plataformas de intercambio reguladas.
El fiscal considera que esa narrativa requiere comprobación técnica. Por eso solicitará un peritaje especializado que será ejecutado por un profesional con expertise en tecnología blockchain y criptoactivos. El procedimiento, que quedará registrado audiovisualmente para garantizar transparencia, procurará responder preguntas fundamentales: ¿los movimientos de fondos digitales que Adorni documenta se corresponden efectivamente con las fechas que menciona? ¿Los montos trasferidos coinciden con las cifras declaradas? ¿Las direcciones de billetera citadas en el descargo son reales y están efectivamente bajo su control? Este tipo de análisis resulta técnicamente viable porque la tecnología blockchain permite rastrear la historia completa de cada transacción, aunque también presenta limitaciones: es imposible determinar con certeza quién está detrás de cada billetera, solo que la transacción ocurrió y en qué momento.
Los gastos de construcción: US$174.000 versus US$245.000
Paralelamente, el Ministerio Público persigue claridad respecto de las inversiones realizadas en un predio ubicado en el country Indio Cuá, en las afueras del Gran Buenos Aires. Según documentación que ingresó al expediente durante la investigación, un contratista identificado como Matías Tabar afirmó haber realizado trabajos de refacción en esa propiedad y solicitó el pago de aproximadamente US$245.000. Adorni rechazó esa cifra mediante su defensa y presentó un informe pericial elaborado por un arquitecto que tasó las mismas refacciones en US$174.954,58.
La distancia entre ambas valuaciones no es menor: supera los setenta mil dólares. Pollicita considera insuficiente que la defensa simplemente presente una contra-pericia sin que se valide adecuadamente cuál de las dos cifras refleja la realidad del gasto efectivamente ejecutado. Por ese motivo, planea solicitar documentación probatoria adicional: comprobantes de compra de materiales, facturas de proveedores, registros de pagos, fotografías del estado anterior y posterior de las obras. El equipo defensivo de Adorni ya ha señalado inconsistencias en la documentación de Tabar: diferencias entre planillas de costo, gastos que carecen de respaldo comprobante, facturas que se refieren a materiales pero sin mayor especificación. Ambas partes reconocieron que parte de la transacción fue informal y que existieron pagos en efectivo, lo cual complica el rastreo.
Estos gastos inmobiliarios adquieren relevancia investigativa porque, según la acusación implícita en el expediente, constituirían parte del enriquecimiento presuntamente ilícito que Adorni experimentó durante su desempeño en funciones públicas. Si se demuestra que recursos de origen no acreditado fueron utilizados para realizar inversiones de semejante magnitud, ello podría fortalecer los indicios de un delito de enriquecimiento ilícito. Conversamente, si Adorni logra documentar que esos fondos provenían de operaciones lícitas anteriores a su ingreso al sector público, la acusación se vería significativamente debilitada.
La trayectoria de Adorni en la administración fue breve pero visible. Ocupó el cargo de jefe de Gabinete entre diciembre de 2023 y junio de 2024, período durante el cual también ejerció como vocero presidencial. Luego continuó en funciones públicas en otros roles hasta mediados de 2026. El expediente examina la evolución de su patrimonio durante toda esa etapa, pero también incluye operaciones financieras realizadas años antes de su incorporación al Estado. Este solapamiento temporal resulta crucial para la estrategia defensiva: si logra probar que los recursos provienen de período anterior, la imputación por enriquecimiento ilícito pierde sustancia, pues presupone que las ganancias fueron obtenidas "durante" el ejercicio de funciones públicas.
Las medidas que Pollicita solicitará requieren autorización judicial. El juez Lijo, responsable del expediente, tendrá que resolver sobre la procedencia de cada una de ellas. Algunos aspectos resultan técnicamente sencillos: obtener información de exchanges de criptomonedas sobre operaciones realizadas por Adorni es viable si la plataforma posee registros. Otros presentan mayor dificultad: si las transacciones fueron efectivamente entre particulares sin intermediación de plataformas, el rastro digital puede ser prácticamente inexistente. Respecto de las refacciones, la obtención de documentación dependerá de que proveedores y contratistas cooperen y conserven sus archivos.
Mientras la investigación avanza en estos aspectos técnicos, el caso expone tensiones más amplias sobre cómo se construye evidencia en delitos de corrupción. Las operaciones con criptomonedas permanecen en una zona gris regulatoria: los gobiernos buscan mayor control, pero la naturaleza descentralizada de esas tecnologías dificulta el rastreo. Los pagos en efectivo, por su parte, siguen siendo un mecanismo que permite flujos de dinero sin documentación, lo que complica la tarea investigativa. Las decisiones que se adopten en las próximas semanas sobre qué se puede o no comprobar determinarán no solo la suerte de Adorni, sino también cómo la justicia procesará casos similares en el futuro.
