La provincia de Tucumán bulte en estos días bajo el peso de acusaciones judiciales que exponen fracturas profundas dentro de la oposición no peronista. Lo que comenzó como una competencia por liderazgo en el espacio libertario se transformó en una batalla campal donde ambos bandos se señalan mutuamente de incurrir en delitos electorales, específicamente la falsificación de domicilios con fines de candidatura. El sistema político provincial enfrenta así un escenario de fragmentación extrema que anticipa una contienda electoral caótica para 2027, cuando está previsto el voto para la renovación del cargo ejecutivo provincial.
En el corazón del conflicto se encuentran dos figuras que hasta hace poco tiempo convivían dentro del mismo universo político: Lisandro Catalán, exministro del Interior nacional durante la gestión de Javier Milei y actual conductor del aparato de La Libertad Avanza en Tucumán, y Mariano Campero, diputado nacional quien llegó al Congreso bajo la bandera de Juntos por el Cambio pero que pivoteó dramáticamente hacia el oficialismo mileiista en 2024. Hace apenas días, Mauricio Argiró, un concejal del municipio de Yerba Buena alineado con Campero, presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal con competencia electoral tucumana. La acusación no es menor: sostiene que tanto Catalán como el diputado Federico Pelli, otro nombre vinculado a Catalán, habrían registrado domicilios ficticios en la provincia con la intención de construir una apariencia de pertenencia territorial que les permitiera competir electoralmente sin contar con radicación real en Tucumán.
Los detalles de una denuncia incendiaria
Según los documentos judiciales presentados, Catalán habría declarado como domicilio personal un inmueble ubicado en la calle Italia de San Miguel de Tucumán que en realidad pertenecería a un tercero y funcionaría como sede del partido político. La investigación preliminar sugiere que el exfuncionario nacional residiría en realidad en el barrio cerrado Las Acacias de Bella Vista, localizado en la provincia de Buenos Aires. Esta información, de confirmarse, implicaría que durante los procesos de inscripción como candidato a gobernador para los comicios de 2027, Catalán habría proporcionado información falsa a las autoridades electorales. Por su parte, las acusaciones contra Pelli apuntan a cambios de domicilio realizados el 3 y el 6 de julio de 2026 en Yerba Buena, apenas días previos al anuncio de su intención de competir por la intendencia del municipio. El último cambio registrado, según la denuncia, correspondería a una galería comercial, lo que resultaría incompatible con una residencia genuina.
La respuesta del sector Catalán-Pelli fue inmediata y contundente. Ambos dirigentes convocaron a una conferencia de prensa conjunta donde rechazaron categóricamente las imputaciones, describiendo a los denunciantes como operadores del oficialismo nacional que buscaban sabotear sus aspiraciones electorales. En declaraciones posteriores, Catalán manifestó su malestar respecto a lo que calificó como un movimiento "de no retorno" por parte de Campero, sugiriendo que la denuncia carecería de fundamento real y que respondería únicamente a una estrategia de confrontación política interna. Desde el círculo cercano al exministro afirmaron que el domicilio registrado en Tucumán corresponde a la residencia de un amigo donde Catalán habría vivido efectivamente, y que la presentación como sede partidaria sería una interpretación malintencionada de los denunciantes.
Campero y su giro hacia Milei: antecedentes de una ruptura política
El contexto de esta denuncia no puede entenderse sin repasar el trayecto que recorrió Campero en los últimos años. Fue electo diputado nacional en 2023 formando parte de la coalición Juntos por el Cambio, respaldado entonces por Patricia Bullrich y los sectores más radicalizados del PRO. Sin embargo, a mitad de 2024, el legislador efectuó un giro copernicano en su postura política. El momento definitivo llegó cuando Campero votó a favor del sostén del veto presidencial a la reforma jubilatoria, una decisión que lo apartó significativamente de su matriz radical originaria. Este acto de rebeldía dentro de sus propias filas derivó en su suspensión dentro de la Unión Cívica Radical y aceleró su acercamiento formal con el bloque de La Libertad Avanza en Diputados. El movimiento fue tan evidente que semanas atrás Campero fue recibido en el despacho de Bullrich en el Senado, una postal que él mismo promocionó en sus redes sociales aunque luego procuró desvincularlo de cualquier estrategia electoral personal.
Para Campero, Tucumán representa el principal activo político. Fue intendente del municipio de Yerba Buena entre 2019 y 2023 y allí conserva todavía la estructura organizativa más robusta. Su intención declarada es posicionarse como una alternativa dentro del espacio libertario de cara a 2027, diferenciándose de Catalán mediante un perfil que combine el libertarianismo con raíces locales más profundas. Al consultar sobre su rol en la denuncia, Campero reconoció su apoyo al proceso judicial y exigió que la investigación profundizara, incluyendo indagaciones sobre el accionar de funcionarios del RENAPER. También lanzó acusaciones cruzadas, alegando que sus denunciados habían falsificado domicilios y realizaban agravios sin asumir responsabilidades sobre sus propias ubicaciones residenciales.
El telón de fondo nacional y las tensiones con el peronismo tucumano
Más allá de la pugna interna libertaria, Tucumán funciona como escenario de una tensión más amplia que involucra al Gobierno Nacional. El gobernador peronista Osvaldo Jaldo ha mantenido hasta ahora una relación de cooperación parlamentaria con la administración Milei, algo que lo diferencia de otros gobernadores del mismo signo político. Sin embargo, estas últimas semanas evidencian síntomas de autonomía creciente, con Jaldo evaluando mayores márgenes de independencia respecto a la agenda nacional. Esta apertura de espacios genera incertidumbre para el oficialismo, que observa cómo gobernadores peronistas no kirchneristas del Norte comienzan a distanciarse gradualmente.
En paralelo, el peronismo tucumano experimenta su propia fragmentación. Jaldo anunció su intención de buscar la reelección en fórmula con su vicegobernador Miguel Acevedo, con comicio fijado para el 9 de mayo de 2027. No obstante, su antiguo socio y ahora rival declarado, el senador nacional Juan Manzur, estaría perfilando su propio retorno a la gobernación. Según información reservada, Manzur desliza entre sus allegados que será candidato, aunque evita comunicarlo públicamente. Lo acompañaría en la fórmula el diputado nacional Pablo Yedlin, ambos recorriendo el territorio provincial en los últimos días. Un hecho significativo: Manzur y Yedlin faltaron a la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista tucumano convocada por Jaldo, evidenciando así la ruptura interna del peronismo.
El armado manzurista anticipa una campaña centrada en la consigna "Jaldo es Milei", buscando capitalizar el rechazo creciente en la provincia al modelo económico nacional. Para lograrlo, intentará sumar respaldos de diferentes vertientes del peronismo nacional, desde sectores kristineristas hasta la estructura del Frente Federal. Mientras tanto, Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, anunció su respaldo a la continuidad de Jaldo pese a su historial colaborativo con Manzur, quien la tuvo como ministra de Salud en su última administración provincial. Esta jugada, según allegados a Manzur, generó cierta desilusión dentro de su armado y alejó aún más la posibilidad de unidad peronista.
Existe además una arista legal que podría modificar el tablero electoral. Sectores del peronismo disidente estudian la posibilidad de que la Corte Suprema de la Nación cuestione la candidatura de Jaldo, argumentando que su reelección violaría principios constitucionales de alternancia. Si bien reconocen que la candidatura se ajusta a las normas provinciales, sostienen que la Constitución Nacional prohíbe que alguien sea vicegobernador dos veces y gobernador en forma consecutiva, una interpretación que podría abrir espacios para impugnaciones judiciales.
La radiografía política de Tucumán para 2027 muestra entonces un escenario de fragmentación extrema donde ningún actor hegemónico emerge con claridad. La batalla judicial en torno a domicilios ficticios entre Catalán y Campero apenas es el síntoma más evidente de una competencia despiadada por el poder provincial. A medida que avance la campaña, es probable que nuevas denuncias y acusaciones cruzadas continúen alimentando un clima de desconfianza mutua. Para el electorado tucumano, esto significa una contienda electoral donde la oferta política se fragmentará entre múltiples oferentes que disputarán votos sin ofrecer claridad respecto a sus plataformas de gobierno. La provincia enfrenta un desafío institucional de consideración: cómo resolver elecciones en un contexto donde la credibilidad en los procesos y actores políticos se ve erosionada por acusaciones de índole penal. Las próximas semanas determinarán si estos conflictos se resuelven en la arena judicial o si, por el contrario, marcan el tono de una campaña electoral que promete ser particularmente turbulenta.
