Mientras los funcionarios del Gobierno nacional esgrimem como logro principal la caída sostenida de la inflación, desde la estructura institucional de la Iglesia católica argentina surge una perspectiva que complica esa lectura triunfalista. Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y conductor de Cáritas, la principal organización de asistencia social del catolicismo en el país, plantea que la estabilización de precios resulta insuficiente para abordar una crisis que permea las dimensiones más profundas de la vida cotidiana de millones de personas. Esta visión, expresada en el contexto de preparación de la colecta anual que Cáritas realizará el 6 y 7 de junio bajo el lema "70 años alentando la esperanza", refleja una brecha interpretativa entre los indicadores macroeconómicos y la realidad que observan las comunidades religiosas en territorio.
La organización llevó a cabo un relevamiento sin precedentes en 1.320 comunidades distribuidas a lo largo del país para identificar las preocupaciones que aquejan a los sectores más postergados. El resultado de esa consulta territorial ofrece un mapa diferente al que dibujan los números oficiales. La cuestión laboral emerge como la angustia predominante: no se trata únicamente de desempleo, sino del miedo persistente a perderlo. A esto se suman problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias, ludopatía, crisis identitaria en jóvenes y, en casos extremos, suicidios reportados en esos territorios. Junto a estas problemáticas de orden psicosocial, persisten las carencias materiales que hacen que la vida en los barrios populares siga siendo precaria a pesar de transferencias monetarias directas.
El doble discurso de la pobreza: lo que dicen los números versus lo que viven las comunidades
Carrara introduce un matiz crítico que desafía las narrativas simplificadoras: reconoce que en ciertas mediciones la incidencia de pobreza por ingresos efectivamente descendió, particularmente gracias a programas como la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar. Sin embargo, insiste en que esta lectura monetaria oculta una pobreza multidimensional que no se resuelve con dinero en el bolsillo. Su argumento es contundente y casi pedagógico: un habitante de un barrio vulnerable puede recibir una transferencia mayor por la AUH, pero continúa viviendo en una zona donde las obras de infraestructura se paralizaron, donde no hay acceso a agua potable de calidad, donde la electricidad es precaria, donde no existen cloacas funcionales, donde el centro de salud más cercano queda lejos, donde la escuela sigue siendo deficiente. Esta disección de la realidad sugiere que las mediciones estándar de pobreza dejan afuera dimensiones cruciales de la calidad de vida.
El arzobispo desarrolla esta crítica con una reflexión macroeconómica más amplia: aunque baje la inflación y la gente tenga mayor poder adquisitivo nominal, si simultáneamente pierde el empleo, la ecuación se invierte radicalmente. Una persona sin trabajo no puede acceder a nada, sin importar cuán bajo sea el índice inflacionario. Además, apunta a un problema de desajuste geográfico: puede haber creación de empleo en ciertos sectores (menciona explícitamente el caso de Vaca Muerta, el complejo gasífero en Neuquén), pero esos puestos no benefician a quienes perdieron trabajo en el conurbano bonaerense o en otras regiones. El análisis debe ser integral, insiste, no fragmentado por sectores ni por zonas geográficas. Este argumento cuestiona implícitamente la idea de que el crecimiento económico en una o dos áreas puede compensar el deterioro generalizado en otras.
El colapso de los programas de intervención integral: vivienda, alimentación y salud en jaque
Cáritas no es únicamente una organización de comedores, aunque la imagen pública la asocie con esa función. Durante décadas ha desarrollado un abanico de programas que intentan abordar la pobreza desde una perspectiva de desarrollo humano integral. Uno de los más significativos era el de autoconstrucción de viviendas, que llegó a estar presente en múltiples provincias y alcanzaba a comunidades muy empobrecidas. En el momento de máxima expansión, Cáritas construía 1.200 viviendas en todo el país, muchas de ellas en forma coordinada con el Estado nacional. Esos proyectos no eran meros refugios: implicaban que familias participaran activamente en la construcción de sus propias casas, un proceso que tenía efectos terapéuticos y comunitarios además de resolutivos. El programa se paralizó cuando el financiamiento estatal se cortó. Hoy, la organización intenta reactivarlo con gobiernos provinciales, particularmente en Buenos Aires, Córdoba y Chubut, pero avanza de manera fragmentada y con recursos muy limitados. Algunos proyectos reciben apoyo puntal de donantes internacionales, como la Conferencia Episcopal Italiana, pero esto no alcanza para recuperar la escala anterior.
En el frente alimentario, el panorama es matizado. Cáritas logró mantener vigente el plan que el Ministerio de Capital Humano ejecutaba en coordinación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, con la particularidad de que muchos comedores se reconvirtieron en centros de familia, buscando ampliar su función más allá de la entrega de comidas. Sin embargo, la demanda ha crecido y, a pesar de que la oferta se mantiene en las parroquias, existen menos espacios disponibles para atender esa demanda. En materia de salud y discapacidad, la situación es más delicada aún. Las instituciones que atienden a personas con discapacidad severa se encuentran en situaciones críticas. Carrara menciona específicamente a los Cottolengos de Don Orione, que acompañan a 1.200 personas con fragilidades extremas y enfrentan dificultades severas para sostener su funcionamiento. Si bien se logró destrabar algunos pagos de prestaciones que se encontraban adeudados, el mecanismo sigue siendo inestable y muchas instituciones continúan bajo presión financiera.
Frente a este cuadro, Carrara expone los mecanismos de financiamiento de Cáritas: la recaudación de la colecta anual se distribuye en tres partes iguales, una para las parroquias, otra para las diócesis y la tercera para programas de Cáritas Nacional. En la colecta de 2025, se obtuvieron $14.230 millones, moneda que permitió llevar adelante programas de educación, alimentos, prevención de adicciones, seguridad alimentaria, integración de barrios populares y atención en emergencias. La organización también se financia con acuerdos con sectores privados y distintos niveles del Estado. En el último período, recibió 190.000 donaciones y cuenta con 50.000 voluntarios distribuidos en todo el país. Estos números ilustran la magnitud de la tarea que la Iglesia ha asumido como complemento o sustituto de políticas públicas.
El diálogo con el Gobierno ocurre en canales específicos según los temas: respecto de cuestiones alimentarias, con el Ministerio de Capital Humano; sobre discapacidad, con el Ministerio de Salud. Carrara plantea que la Iglesia intenta actuar como puente, llevando a los tomadores de decisiones las inquietudes de la población vulnerable que acompaña. Sin embargo, los resultados son desiguales: mientras en alimentación se logró cierta continuidad, en autoconstrucción de viviendas el corte fue tajante y la organización se vio obligada a buscar financiamiento alternativo en gobiernos provinciales.
La palabra de la Iglesia frente al poder político: diagnóstico sobre el ajuste y sus costos
Carrara no elide la tensión fundamental que subyace a estas conversaciones. Reconoce que el objetivo declarado del Gobierno es lograr el déficit cero y equilibrar las cuentas fiscales. Sin embargo, plantea una objeción moral clara: ese objetivo no puede perseguirse dejando a gente fuera del sistema. Propone una reflexión sobre dónde hacer el ajuste, sugiriendo que podrían analizarse opciones como liberar ciertos impuestos o retenciones, o redistribuir la carga de manera que quienes tienen más posibilidades aporten más. Su posición es que el ajuste no puede recaer sobre los que menos tienen, una posición que resuena con la doctrina social de la Iglesia, que históricamente ha abogado por una distribución equitativa de la riqueza.
El arzobispo trae a colación un episodio reciente: el tedeum del 25 de mayo, en el que el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, planteó temas como el terrorismo en las redes sociales. El Presidente respondió que el señalamiento había sido exagerado. Carrara defiende la advertencia del arzobispo de la capital: existe un nivel de violencia innegable en las redes, y esa violencia no permanece confinada al ámbito digital. Se traduce en acciones concretas, como los desafíos virales que derivaron en mensajes de amenaza en las escuelas. También se manifiesta en las calles, en los barrios, incluso en el Congreso de la Nación. Para Carrara, la responsabilidad no recae sobre quienes consumen esos contenidos, sino sobre los adultos que los generan. La Iglesia, siguiendo la línea del papa Francisco, aboga por "desarmar" el lenguaje, reducir los niveles de violencia en todos los ámbitos de la vida pública.
Respecto de una posible visita del papa Francisco a la Argentina, Carrara aclara que no está oficialmente confirmada, pero existirían posibilidades. Interpreta que de materializarse, iría acompañada de un viaje a Perú, territorio especialmente significativo para el pontífice por su historia misionera en esa región. Francisco fue jesuita en Perú antes de su larga gestión en Roma, y posteriormente fue designado obispo de la diócesis de Chiclayo, donde guarda un profundo vínculo afectivo. Una visita papal movilizaría la fe del pueblo argentino, algo que Carrara experimentó en su adolescencia durante la segunda visita de Juan Pablo II en 1987, cuando multitudes acampaban en las calles previo a los actos religiosos.
Lo que emerge de esta conversación es una lectura de la situación social argentina que diverge significativamente de los narrativas oficiales centradas en indicadores macroeconómicos. La Iglesia católica, a través de sus estructuras de asistencia e integración, observa un territorio donde la precarización laboral, la fragmentación de políticas públicas, el colapso de servicios de salud y educación, y la pérdida de esperanza en sectores amplios de la población son realidades que los números no capturan. La colecta de junio próximo será tanto una herramienta de recaudación como una interpelación pública: si la institución religiosa debe suplir funciones que corresponderían al Estado, es porque algo en el orden de distribución de recursos ha fallado fundamentalmente. Las consecuencias de este escenario pueden leerse desde múltiples ángulos: para algunos, evidencia de que el ajuste fiscal está generando costos sociales intolerables que eventualmente demandarán correcciones; para otros, señal de que la asistencia privada y comunitaria puede absorber estas funciones sin necesidad de expansión estatal; para un tercer sector, indicio de que la sociedad civil está siendo sobrecargada justamente cuando debería reducirse el peso sobre sus espaldas. Lo cierto es que la brecha entre lo que miden las estadísticas y lo que viven los territorios sigue siendo materia de disputa política y social.
