La industria bonaerense atraviesa un deterioro acelerado que ha generado alarma entre los empresarios manufactureros. Entre mayo de 2023 y mayo de 2026, la provincia experimentó el cierre de 1.306 establecimientos industriales y la desaparición de 41.975 puestos de trabajo, cifras que representan caídas del 6,0% y 8,0% respectivamente. Este dato cobra magnitud cuando se advierte que Buenos Aires concentra el 40,2% de las unidades productivas industriales del país, pero explica el 34,2% de los cierres de fábricas y el 44,8% de la pérdida de empleo industrial a nivel nacional durante el mismo período. La organización que agrupa a los empresarios manufactureros bonaerenses ha presentado un diagnóstico que apunta a la carga tributaria como uno de los factores estructurales que está empujando la actividad productiva hacia otras jurisdicciones, y ha elevado al gobierno provincial un conjunto de propuestas destinadas a revertir esta tendencia.

Los números que maneja la organización industrial son contundentes en lo que respecta a la comparación tributaria. El impuesto sobre Ingresos Brutos aplica una presión efectiva del 4,7% sobre el valor agregado en la provincia de Buenos Aires, cifra significativamente superior a la que enfrentan las fabricas en Córdoba, donde la carga es del 3,5%, y en Santa Fe, donde alcanza el 3,6%. Esta diferencia, aunque pueda parecer modesta en términos porcentuales, genera un efecto acumulativo que erosiona la rentabilidad de las operaciones y desalienta tanto las inversiones nuevas como la permanencia de empresas establecidas. Los industriales argumentan que esta brecha explicaría en parte por qué la manufactura bonaerense ha perdido posicionamiento relativo frente a sus competidores provinciales, un fenómeno que se intensifica cuando se considera que otras regiones del país ofrecen condiciones fiscales más favorables.

El mecanismo tributario que complica la cadena de producción

Una de las críticas principales que formula el sector manufacturero apunta a la estructura misma del gravamen sobre Ingresos Brutos. El impuesto, tal como está diseñado, se aplica en cada etapa del proceso productivo sin permitir deducciones completas de los insumos utilizados. Este mecanismo genera lo que los especialistas denominan "efecto cascada": cuando una empresa compra materias primas o componentes intermedios ya gravados, y luego vuelve a aplicarse el tributo sobre el ingreso total sin permitir deducir esas compras previas, el peso fiscal se multiplica a lo largo de la cadena. Para sectores que dependen intensamente de insumos intermedios —como la automotriz, la metalmecánica o los hidrocarburos— esta cascada tributaria encarece significativamente los costos finales de producción, reduciendo competitividad frente a fabricantes de otras provincias o del exterior.

El impacto sectorial es desigual pero generalizado. El complejo textil, indumentaria y calzado fue particularmente afectado durante el período analizado, con caídas especialmente severas en el segmento de cuero y calzado, que retrocedió 37,8%. En contraste, el sector de alimentos mostró un comportamiento resiliente con un crecimiento del 4,2% y se ha posicionado como el principal generador de empleo industrial en la provincia. El sector también presenta desafíos adicionales ligados a la informalidad laboral, que alcanza el 19,2% de la fuerza de trabajo industrial, una problemática que los empresarios vinculan directamente a la presión fiscal que desalienta el registro de trabajadores.

Un plan estructurado en seis frentes de intervención

La propuesta presentada por la organización industrial bonaerense busca rediseñar la tributación sobre Ingresos Brutos mediante un enfoque escalonado que atienda de manera diferenciada a empresas según su tamaño. El primer componente propone una exención inmediata para micro y pequeñas industrias con facturación de hasta $3.200 millones, reconociendo el rol que estas unidades juegan en la generación de empleo local. Para las empresas medianas, se plantea una reducción gradual de 0,5 puntos porcentuales anuales durante tres años hasta llegar a una alícuota cero, mientras que las grandes empresas experimentarían una disminución de 0,3 puntos por año durante cinco años, convergiendo hacia el 1,2% de alícuota que aplica Córdoba en su primer tramo. Esta arquitectura fiscal responde a la lógica de que medidas más agresivas para pequeñas unidades generarían un alivio relativo mayor, mientras que para grandes empresas los plazos extendidos permitirían a la administración fiscal ajustarse de forma ordenada.

El segundo eje de la propuesta apunta a eliminar distorsiones puntuales que actualmente castigan a ciertos sectores con sobretasas aplicadas por motivos de política de salud pública. Las industrias de papel y cerveza son mencionadas como ejemplos de actividades sujetas a estas sobrecargas. Paralelamente, se propone la creación de regímenes especiales para cadenas productivas con alta dependencia de insumos intermedios —automotriz, hidrocarburos y metalmecánica—, permitiéndoles deducir una porción de esas compras de la base imponible, lo que mitigaría el efecto cascada que caracteriza al impuesto actual. Otros componentes incluyen la creación de una "Cuenta única tributaria bonaerense" que permitiera a los contribuyentes utilizar saldos a favor acumulados para pagar otros gravámenes provinciales, evitando que recursos empresariales queden congelados en trámites de compensación. Adicionalmente, se contempla un régimen de "Producción bonaerense" que ofrezca exención de IIBB para operaciones de compra estatal dirigidas a favorecer a la industria local.

Para financiar estas reducciones, el sector propone mecanismos de compensación fiscal englobados en lo que denominan "Programa ARBA Industria". Este enfoque buscaría ampliar el padrón de contribuyentes industriales mediante acciones coordinadas con la agencia recaudadora provincial, sumar a más empresas medianas y grandes como agentes de retención y percepción del impuesto, y revisar los tramos reducidos aplicables al comercio. Según el propio cálculo de la organización industrial, la combinación de estas rebajas tributarias sumadas a las medidas de ampliación de base de contribuyentes y control de evasión resultaría en un impacto fiscal neto de 0% durante los primeros tres años, argumentando que la propuesta no generaría un agujero fiscal sino que redistribuiría la carga de manera más equilibrada.

Contexto económico que rodea el reclamo sectorial

El deterioro de la actividad fabril bonaerense no es un fenómeno aislado sino que forma parte de ciclos más amplios de expansión y contracción de la economía argentina. Históricamente, la provincia ha funcionado como el corazón manufacturero del país durante períodos de protección arancelaria y restricción de importaciones, mientras que en fases de apertura económica ha experimentado presiones competitivas significativas. Durante los últimos tres años, el contexto macroeconómico de restricción crediticia, elevada inflación que erosiona márgenes operativos, y volatilidad cambiaria ha actuado como amplificador de factores estructurales desfavorables. A diferencia de otros factores macroeconómicos que operan de manera uniforme sobre todas las jurisdicciones, la carga tributaria provincial es un elemento sobre el cual pueden actuar decisiones de política local. Este aspecto explica por qué el reclamo de alivio fiscal ha ganado prominencia entre los industriales, ya que es percibido como una variable más susceptible de modificación que otros condicionantes del entorno económico.

Los líderes de la organización industrial han enmarcado su propuesta no como un pedido de privilegios sino como una inversión en competitividad y empleo. Según sus argumentos, fomentar la actividad manufacturera genera efectos multiplicadores: cada fábrica que se cierra no solo elimina puestos de trabajo directo sino que afecta proveedores, transportistas, servicios conexos y la demanda de bienes de consumo en las comunidades donde operaban. La presencia de 18 meses consecutivos de cierres netos sugiere un proceso sostenido de desindustrialización más que fluctuaciones cíclicas, lo que en su perspectiva justifica medidas contracíclicas de estímulo fiscal diferenciado.

Las implicaciones de este planteo trascienden el ámbito de la tributación provincial y tocan cuestiones de política económica más amplias. La aprobación o rechazo de la propuesta, así como las modificaciones que pudieran introducirse, definiría orientaciones sobre el rol que el gobierno provincial asigna a la industria manufacturera en su visión de desarrollo. Igualmente, la viabilidad fiscal de las medidas propuestas dependerá del cálculo detallado de elasticidades tributarias, es decir, cuánto crece efectivamente la base de contribuyentes y los ingresos por ampliación de formalización frente a la reducción de alícuotas. Las diferentes perspectivas sobre estas proyecciones económicas y las prioridades de gasto público generarán debate sobre cuál es la asignación óptima de recursos fiscales en un contexto de restricciones presupuestarias. La magnitud del empleo potencialmente en juego —tanto el que podría preservarse como el que podría generarse— asegura que esta discusión permanecerá en la agenda de decisiones públicas en los meses próximos.