El caos que rodeó la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado dejó al descubierto las fracturas profundas que atraviesan al oficialismo libertario, donde figuras de peso del gobierno no dudan en confrontarse públicamente sobre decisiones de Estado. Lo que en apariencia fue un trámite parlamentario se transformó en un episodio revelador de cómo funciona la toma de decisiones al interior de La Libertad Avanza: sin coordinación previa, sin criterios unificados y, lo más relevante, sin capacidad de contener a sus propios integrantes cuando las cosas salen mal.
El detonante fue el caótico proceso de votación que caracterizó la jornada legislativa. Los números hablan por sí solos: la sesión comenzó con 50 nominaciones previstas, se expandió a 53 apenas horas antes del debate, y finalmente alcanzó 73 pliegos cuando ya estaban en el recinto. Esta volatilidad en el listado no fue producto de un cambio de planes estratégico, sino de la ausencia de consenso dentro del bloque gobernante respecto de qué candidatos impulsar. La falta de acuerdo sobre los criterios para seleccionar a los jueces obligó a que el oficialismo ampliara su cartera de nominaciones sobre la marcha, en lo que podría interpretarse como un intento desesperado de ganar apoyo mediante la cantidad de opciones disponibles.
La grieta que expone el funcionamiento real del poder
Fue precisamente esta confusión organizacional la que generó las críticas de Victoria Villarruel, quien no dudó en cuestionar públicamente a Patricia Bullrich por la manera en que se había conducido el procedimiento. Ante los periodistas acreditados en el Senado, la vicepresidenta desplegó un discurso que evidenciaba su malestar: destacó la falta de seriedad de un proceso donde los números cambiaban constantemente, donde se pasaba de una cantidad de candidatos a otra sin explicación coherente. Su ironía fue contundente: "Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco". Con esa frase, Villarruel intentaba señalar que la designación de magistrados requiere seriedad institucional, precisión y criterios claros, no improvisación.
Lo que sucedió a continuación fue igualmente significativo. Lilia Lemoine, diputada cercana al presidente Javier Milei y parte de su círculo más leal, decidió intervenir en la contienda interna pero no para defender a Bullrich, sino para atacar a Villarruel. A través de redes sociales, lanzó una crítica que combinaba lo personal con lo político: cuestionaba a la vicepresidenta sobre su legitimidad para cuestionar a Bullrich, y lo hacía con una expresión que desbordaba la zona de lo estrictamente institucional. El tono de Lemoine reflejaba una realidad incómoda dentro del oficialismo: no se trata simplemente de desacuerdos sobre procedimientos o criterios judiciales, sino de divisiones profundas entre sectores que compiten por influencia y espacios dentro de la administración Milei.
El caso Michelli: el nudo gordiano de la sesión
Subyacente a todo este conflicto estaba la nominación de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal cuya postulación había sido rechazada explícitamente por el presidente. La objeción de Milei respondía a su vínculo familiar con Hugo Alconada Mon, periodista que mantiene investigaciones relacionadas con el caso Libra, un asunto sensible para el entorno presidencial. Sin embargo, durante la sesión, Bullrich adoptó una posición ambigua: se abstuvo de votar en contra, invocando lo que denominó "objeción de conciencia" como "decisión individual". Esta estrategia le permitía no comprometer al bloque ni enfrentarse directamente con quienes apoyaban a Michelli, pero también la dejaba en una posición incómoda respecto de las preferencias presidenciales.
El resultado final fue que Michelli fue aprobada como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata con 44 votos a favor, 18 en contra (todos del oficialismo) y dos abstenciones. Este desglose es revelador: el rechazo presidencial no fue suficiente para frenar la designación, y los 18 votos en contra provenientes del bloque libertario muestran que ni siquiera existía consenso dentro del oficialismo para oponerla. La abstención de Bullrich, que presidía el proceso, añadía una capa más de complejidad a una situación ya enredada.
Lo que estos eventos evidencian es una tensión fundamental en el funcionamiento del gobierno libertario. Por un lado, existe una estructura formal donde el presidente tiene facultades y preferencias sobre los nombramientos judiciales. Por otro lado, hay actores con poder legislativo que no necesariamente alinean sus votos con las indicaciones presidenciales, o que adoptan posiciones ambiguas que satisfacen a múltiples audiencias simultáneamente. La ausencia de mecanismos internos para resolver estos conflictos de manera ordenada genera episodios como el de esta sesión, donde la improvisación y la falta de coordinación se vuelven evidentes ante la opinión pública.
Las implicancias de estos hechos se proyectan en múltiples direcciones. Desde una perspectiva institucional, la aprobación de 74 magistrados en una sola sesión con criterios tan difusos plantea preguntas sobre la calidad del proceso de selección y sobre la solidez de la legitimidad de estas designaciones. Desde una perspectiva política, la exposición pública de estas tensiones internas debilita la imagen de un oficialismo que frecuentemente reclama tener un mandato claro y una dirección única. La confrontación entre Villarruel y Lemoine, a su vez, sugiere que las diferencias dentro de La Libertad Avanza no son simplemente tácticas, sino que reflejan visiones distintas sobre cómo debe funcionar el poder. Algunos actores parecen privilegiar la coordinación institucional y la seriedad de los procesos, mientras que otros priorizan la lealtad personal al presidente o la maximización de influencia. El tiempo dirá si estas grietas se amplían o si logran ser contenidas mediante negociaciones menos visibles.
