Después de casi siete meses de inhabilitación legislativa provocada por disputas internas del peronismo bonaerense, el Senado provincial reabrió sus puertas el miércoles pasado con un escenario que evidenció, sin filtros, la profundidad de las fracturas que atraviesan al oficialismo. La sesión no fue una simple reanudación de actividades: fue un espejo de la crisis que paraliza las decisiones provinciales y que genera consecuencias concretas en la prestación de servicios públicos. Lo que quedó expuesto en el recinto de La Plata no es un mero conflicto parlamentario de rutina, sino la cristalización de una batalla de poder entre sectores del peronismo que compiten por la hegemonía dentro del espacio que debería representar la continuidad del proyecto oficial. Este enfrentamiento tiene un costo mensurable: mientras los legisladores discutían sobre autoridades y competencias, la estructura administrativa insumía 13.017 millones de pesos mensuales, según el presupuesto aprobado en diciembre pasado.
El cuestionamiento al funcionamiento de la Cámara Alta
Sergio Berni, quien integra el bloque denominado Fuerza Patria y que en el pasado ocupó carteras ministeriales en la administración provincial, utilizó la sesión para cuestionar públicamente los procedimientos implementados por Verónica Magario, quien preside la Cámara Alta. El senador apuntó directamente contra lo que denominó como "desorden" en la renovación de licencias extraordinarias de legisladores que se desempeñan simultáneamente como funcionarios públicos. Sus críticas no fueron menores: señaló inconsistencias en los criterios utilizados para autorizar las ausencias de senadores que continúan en sus cargos ejecutivos.
El reclamo de Berni cobró sustancia cuando detalló situaciones concretas. Mencionó la licencia de Florencia Saintout y la de Gabriel Katopodis, ambos funcionarios provinciales que mantienen sus bancas, argumentando que los procedimientos no guardaban coherencia ni regularidad administrativa. Criticó además el tratamiento de Valenzuela, cuya situación fue votada en una sesión extraordinaria cuestionada por la ausencia de legitimidad del quórum en ese contexto. El senador enfatizó que la designación de Valenzuela en la conducción de una comisión agravaba aún más la confusión normativa que reinaba en el cuerpo legislativo. Estos cuestionamientos no apuntaban meramente a detalles procedimentales: cuestionaban la capacidad de Magario para ordenar y conducir institucionalmente el Senado.
El conflicto no era nuevo. Meses atrás, Magario había rubricado un decreto para conformar las comisiones permanentes, medida que fue repudiada por el sector vinculado a Cristina Kirchner, que alegaba incumplimiento de acuerdos previos. Bajo esa presión, la vicegobernadora debió retractarse y emitir un nuevo decreto que modificó 12 de las 27 comisiones permanentes, buscando satisfacer tanto a los kirchneristas como a la oposición. Este tira y afloja administrativo revelaba que la autoridad presidencial de la Cámara no era respaldada unificadamente por el sector que debería sostenerla.
Las denuncias sobre la crisis territorial
Mario Ishii, senador del conurbano, escaló el nivel de conflictividad al trasladar el debate desde cuestiones administrativas hacia la realidad vivida en los territorios. Su intervención fue un grito de alarma sobre las condiciones de vida en distritos como José C. Paz. Con una formulación provocadora, señaló que "el conurbano se está incendiando", expresión que sintetizaba su diagnóstico sobre la situación sanitaria, alimentaria y social de la región metropolitana. Detalló que los hospitales funcionan al borde del colapso, saturados de pacientes, y que ha proliferado la instalación de ollas populares en varios distritos como mecanismo de contención alimentaria.
Lo significativo del discurso de Ishii fue su viraje hacia la gobernanza. No se limitó a describir crisis: apuntó contra Axel Kicillof por bloquear proyectos legislativos que presumiblemente buscaban paliar estas situaciones. Su frase "nosotros somos representantes del pueblo, no del Poder Ejecutivo" constituyó una ruptura retórica respecto al respaldo tradicional que el sector peronista ofrece a su gobernador. El senador desnudaba una tensión fundamental: la administración provincial se debate en conflictos de poder internos mientras las bases del conurbano enfrentan emergencias sociales y sanitarias. Esto no era una crítica lateral o tácita, sino una acusación directa sobre las prioridades de la gestión, que parecería estar más abocada a resolver disputas internas que a resolver problemas de la población.
La estructura de poder fragmentada
Detrás de estos cruces parlamentarios subyace una realidad más profunda: el bloque oficial denominado Fuerza Patria funciona como arena de competencia entre tres sectores distintos del peronismo bonaerense. De un lado están los referentes cercanos a Cristina Kirchner, que históricamente han ejercido influencia en la provincia. Del otro, los aliados de Kicillof, que representa la gobernación actual. Un tercero lo ocupan los allegados a Sergio Massa, quien mantiene una presencia política aunque no ocupe cargos ejecutivos provinciales. Esta triple fragmentación hace que cada asignación de responsabilidades, cada conformación de comisiones, cada licencia extraordinaria, se conviertan en batallas por el reparto de poder, recursos y visibilidad política.
El parate legislativo de siete meses fue consecuencia directa de esta incapacidad para negociar un mínimo denominador común. Mientras las bancadas peronistas discutían cuotas de poder, la máquina estatal continuaba su funcionamiento: el Senado bonaerense, que preside Magario, consume diariamente 428 millones de pesos según la asignación presupuestaria más reciente. Anualizado, esto representa 156.204 millones de pesos, cifra susceptible de aumentar por la inflación que continúa erosionando los salarios de empleados públicos y los ingresos de la población general. Este costo no es abstracto: representa recursos que podrían destinarse a otros servicios o inversiones, o que simplemente no se gastarían si la institución funcionara en plena actividad legislativa resolviendo cuestiones en tiempo oportuno.
La observación de la oposición
Desde la bancada libertaria, Carlos Curestis no perdió oportunidad para señalar el espectáculo que representaba la sesión. Su observación fue quirúrgica: destacó que los conflictos internos del oficialismo habían quedado expuestos públicamente, un reconocimiento implícito de que los peronistas no lograban ocultar sus fracturas. La ironía de Curestis apuntaba a un temor de la oposición: que el oficialismo volviera a suspender sesiones y nuevamente paralizara la Cámara hasta diciembre, cuando nuevamente tendría que convocarse obligatoriamente. Esta posibilidad no era remota, considerando que el único instrumento que aparentemente podía forzar la actividad legislativa era el paso del tiempo calendárico, no la capacidad de negociación interna del peronismo.
Durante esta misma sesión se resolvió que Berni, Fernando Coronel (ambos del bloque Fuerza Patria) y María Luz Bambaci de la bancada libertaria integrarían el Consejo de la Magistratura provincial. Esta designación fue uno de los pocos acuerdos que logró cristalizarse, mostrando que existen puntos de confluencia entre sectores, aunque claramente insuficientes para destrabar la parálisis general.
Implicancias y perspectivas a futuro
La reapertura del Senado bonaerense marca un punto de inflexión cuyas consecuencias pueden interpretarse de múltiples maneras. Desde una óptica optimista, podría señalarse que la sesión del miércoles permitió que disputas que estaban enquistadas salieran a la luz, creando las condiciones para un posterior acuerdo institucional basado en el reconocimiento mutuo de las diferencias. Bajo esta lectura, la exposición de los "trapitos al sol", para utilizar la expresión del legislador opositor, sería un paso necesario hacia la institucionalización de la convivencia entre sectores.
Desde otra perspectiva, la reactivación legislativa podría resultar efímera si no se resuelven las causas estructurales que paralizaron el Senado durante siete meses. La competencia por poder y recursos dentro del peronismo bonaerense seguirá generando incentivos para bloquear o acelerar decisiones legislativas según convenga a cada sector. En ese escenario, nuevas parálisis legislativas podrían repetirse, prolongando un ciclo de disfuncionalidad que no beneficia la tramitación de leyes ni la representación de los intereses que cada senador debería canalizar. Los reclamos de Ishii sobre las crisis del conurbano quedarían una vez más sin respuesta legislativa concreta, mientras los costos administrativos de mantener una Cámara Alta sin actividad efectiva continuarían acumulándose en las arcas públicas. La capacidad de los sectores peronistas para construir consensos más amplios que los acuerdos coyunturales seguiría siendo el interrogante central que definiría el funcionamiento futuro de la institución.
