Hace varios meses que la justicia federal trabaja sobre un entramado de transferencias digitales que suman casi cinco millones de dólares y que quedaron registradas en la blockchain durante el período inmediatamente anterior y posterior al lanzamiento del $LIBRA. A mediados de abril pasado, sin embargo, un organismo especializado en investigaciones de ciberdelito reconoció estar imposibilitado de avanzar en el análisis de esas operaciones. La razón que esgrimió fue la ausencia de herramientas tecnológicas. Lo que genera interrogantes es si esa limitación constituye un obstáculo insalvable para el esclarecimiento de los hechos o si, por el contrario, representa una situación que puede subsanarse con metodologías alternativas que ya están disponibles en el mercado.
Meses de espera y una respuesta de apenas una página
A principios de 2025, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a la UFECI —una unidad especializada en delitos informáticos que integra el Ministerio Público— que profundizara la investigación sobre una serie de movimientos de dinero realizados a través de billeteras virtuales. El análisis debería enfocarse en operaciones ocurridas en enero y febrero de ese año, especialmente en aquellas que tenían conexión con el lanzamiento del activo digital respaldado por una figura pública. Transcurrieron ocho meses antes de que la UFECI respondiera. Cuando lo hizo, la contestación no superó una carilla. En ese breve documento, el organismo a cargo del fiscal Horacio Azzolin reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante la tarea encomendada. Indicó que carecía de las herramientas y las denominadas "licencias" tecnológicas necesarias para realizar el trabajo forense requerido. A pesar de esta limitación inicial, la misma unidad había demostrado capacidad para realizar tareas de gran envergadura en fases anteriores de la investigación.
Ese contraste resulta significativo. Meses atrás, la UFECI había logrado identificar un grupo de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo digital durante una ventana temporal de apenas 22 segundos —justo antes de que se hiciera público el anuncio presidencial en redes sociales—. Esas compras totalizaban más de 13 millones de dólares. La capacidad para detectar ese patrón anómalo había sido posible gracias a una versión de demostración de un software de análisis de criptoactivos que el organismo había utilizado en forma temporal. Sin embargo, esa licencia gratuita venció, y aunque la Procuraduría trabaja en la adquisición de una versión paga, los ajustes presupuestarios han impedido concretar la compra hasta el momento.
El costo de las herramientas y sus alternativas disponibles
Las plataformas de análisis forense de criptoactivos representan inversiones considerables. Dependiendo de la versión, la cantidad de usuarios simultáneos permitidos y la naturaleza del comprador —sector privado u organismos públicos—, estos productos pueden oscilar entre los 50.000 y 400.000 dólares anuales. En el mercado internacional, Chainalysis domina de manera preponderante tanto en Argentina como a nivel mundial. Sin embargo, existen otras empresas como TRM Labs y QLUE que buscan ganar terreno con soluciones de prestaciones comparables pero a precios más accesibles. Todas ellas ofrecen ventajas innegables: facilitan la identificación de patrones, permiten procesar grandes volúmenes de información, y brindan acceso a bases de datos especializadas que ahorran tiempo en las investigaciones.
No obstante, especialistas consultados en la materia coinciden en un punto crucial: la ausencia de estas herramientas premium no hace imposible avanzar en investigaciones sobre movimientos de criptoactivos. Consultores externos que dictan capacitaciones incluso en organismos internacionales como la ONU sostienen que es "totalmente posible" realizar trazabilidad de transacciones digitales utilizando exclusivamente plataformas de acceso público y gratuito. Estos programas de libre disponibilidad presentan perspectivas complementarias entre sí: mientras que uno puede exceler en la visualización de redes de transacciones, otro puede ser más eficaz en la detección de patrones de lavado o en la correlación temporal de movimientos. El uso combinado de varias de estas herramientas gratuitas permite obtener resultados rigurosos, aunque requiere mayor dedicación y conocimiento por parte del investigador que las versiones pagas.
Lo que la justicia ya logró demostrar que es posible
La propia investigación sobre el $LIBRA proporciona ejemplos concretos de lo que se puede alcanzar con estos recursos alternativos. Utilizando únicamente plataformas de libre acceso, la justicia federal identificó las cuentas detrás de transferencias vinculadas a Orlando Mellino, un jubilado argentino que recibió más de un millón de dólares. Asimismo, logró rastrear operaciones por más de 730.000 dólares dirigidas a Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy durante enero y febrero de 2025. En enero, mientras se registraba una reunión en la Casa Rosada, 499.000 dólares fueron transferidos desde una billetera virtual hacia una cuenta desconocida. Posteriormente, otras operaciones de más de un millón movieron dinero hacia el jubilado mencionado. Expertos independientes han reconstructado públicamente gran parte de la red de transacciones utilizando solamente herramientas gratuitas como Arkham Intel, visualizando conexiones y flujos que demuestran la viabilidad técnica de estos análisis sin acceso a plataformas costosas.
Los profesionales consultados describen el trabajo con herramientas gratuitas como "de hormiga", engorroso y que exige mayor profundidad de conocimiento por parte del investigador. Los programas pagos indudablemente agilizan los tiempos de análisis y pueden identificar automáticamente billeteras previamente asociadas a actividades ilícitas, además de mapear conexiones entre cuentas de manera más eficiente. Sin embargo, el reconocimiento unánime es que estas ventajas operativas no representan una condición sine qua non para avanzar en investigaciones de criptodelitos. Es posible hacerlo de manera manual, combinando múltiples fuentes, realizando análisis públicos de la blockchain y utilizando diferentes programas de acceso abierto que complementen sus perspectivas particulares.
La capacidad dispersa en otras fuerzas y organismos
Más allá de la UFECI, existen otras instituciones dentro del aparato de seguridad y justicia que sí disponen de acceso a estas plataformas especializadas. El fiscal Taiano decidió redirigir el pedido que una de las querellas había formulado —a través de su letrado Nicolás Oszust— hacia el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Esa fuerza mantiene capacidades operativas en este campo. Asimismo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tramitó una licencia anual de Chainalysis a mediados del año anterior, específicamente orientada a análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Hasta hace poco tiempo, también existía la posibilidad de recurrir a la Procuraduría de la Ciudad, cuyo titular ejerce actualmente como ministro de Justicia nacional en uso de licencia. Sin embargo, hace aproximadamente diez días, esa institución porteña decidió suspender la licitación que había iniciado en marzo para la contratación de herramientas de análisis forense. La suspensión fue solicitada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que pidió "redefinir las necesidades forenses" de la contratación contemplada.
Esta fragmentación de capacidades entre diferentes organismos plantea interrogantes sobre la coordinación entre fuerzas. Mientras que la UFECI federal declara carecer de recursos tecnológicos, otras instituciones sí los poseen. La pregunta que surge es si existe un mecanismo eficaz para que estas capacidades se compartan en el marco de una investigación que involucra a múltiples organismos y que requiere análisis exhaustivo de un volumen considerable de información. El hecho de que Taiano haya redirigido el pedido hacia la Policía Federal sugiere que existen alternativas institucionales, pero también revela que la concentración de herramientas en ciertos organismos genera cuellos de botella cuando otros requieren realizar análisis similares simultáneamente.
Perspectivas sobre el camino por delante
Los movimientos de dinero que permanecen sin rastrear completamente representan una de las aristas más sensibles de la investigación sobre el $LIBRA. Existe un volumen importante de cuentas con actividad significativa en ese ecosistema digital cuyos propietarios reales aún no han sido identificados. El flujo de información que aparentemente circuló antes del anuncio público sugiere que hubo actores que gozaban de ventajas informativas respecto del cronograma y de los detalles del lanzamiento. Identificar quiénes fueron esos actores requiere precisamente el tipo de análisis forense que la UFECI considera que no puede llevar adelante en este momento. Sin embargo, la metodología alternativa basada en herramientas de acceso público, aunque demande mayor esfuerzo, ya ha demostrado su eficacia en la misma causa y en otras investigaciones de naturaleza similar. Lo que parece estar en cuestión no es tanto si es posible continuar avanzando, sino bajo qué modelo de asignación de recursos y con qué grado de prioridad las instituciones deciden hacerlo. El ajuste presupuestario que atraviesa la administración pública representa un contexto real que condiciona las decisiones de inversión, pero también plantea la necesidad de evaluar si los recursos existentes en otros organismos se están canalizando de manera óptima hacia investigaciones que requieren análisis de esta naturaleza.
