Un fallo judicial de primera instancia cerró una puerta que parecía entreabierta para un magistrado que intentaba mantenerse en su cargo más allá del límite constitucional. La decisión, aunque aún puede ser apelada, genera un efecto dominó importante: amplía el margen de maniobra del Gobierno nacional para rediseñar la composición de uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial argentino. Cuando en julio próximo venza el plazo establecido por la Constitución, se concretará una ausencia que el Ejecutivo puede aprovechar para colocar nuevos nombres en una estructura donde ya acumula otras dos vacantes de relevancia política.
El magistrado Martín Irurzun, quien ocupa un lugar en la Sala II de la Cámara Federal, había presentado un recurso de carácter cautelar buscando suspender la aplicación del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Ese apartado, incorporado durante la reforma de 1994, establece que los jueces de los tribunales federales deben someterse a un nuevo acuerdo del Senado al cumplir los 75 años para continuar en sus funciones. El juez Enrique Alonso Regueira, que conoció el caso en primera instancia en lo contencioso administrativo federal, rechazó de manera categórica esta solicitud. Su resolución se basó en un antecedente jurisprudencial de peso: el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso Schiffrin, emitido en 2017, donde la mayoría del máximo tribunal ratificó la validez constitucional de ese límite etario para los magistrados federales.
Un argumento que se debilita con el tiempo
La estrategia desplegada por Irurzun para impugnar esta limitación se apoyo en consideraciones de corte constitucional. El camarista argumentaba que la Convención Constituyente de 1994 excedió sus facultades al fijar un tope de edad. Según su razonamiento, el Congreso nacional únicamente le había encargado a esa Convención que se pronunciara sobre mecanismos de designación y remoción de magistrados, sin autorización explícita para introducir restricciones vinculadas a la edad. Para fortalecer su posición, Irurzun citó un voto en disidencia del juez Carlos Rosenkrantz en ese mismo caso Schiffrin, buscando demostrar que existían dudas incluso dentro de la Corte sobre la cuestión. Sin embargo, ese razonamiento chocó de frente contra la decisión mayoritaria del tribunal supremo, a la cual Alonso Regueira le otorgó preeminencia en su fallo.
Lo que resulta particularmente interesante en la defensa de Irurzun es que invocó la composición diferente que hoy integra la Corte Suprema. Cuando se dictó el precedente Schiffrin, la integración de ese tribunal era distinta a la actual. El magistrado también cuestionó específicamente a Horacio Rosatti, firmante del precedente mencionado, argumentando que Rosatti había sido convencional constituyente en 1994 y por lo tanto no debería juzgar un asunto que toca la reforma en la cual él mismo participó. Se trata de una observación que toca aspectos delicados sobre la composición de los tribunales y la conveniencia de que quienes participaron en cambios constitucionales se abstengan de fallar sobre ellos. A pesar de estas consideraciones, el juez de primera instancia decidió que tales argumentos no eran suficientes para justificar la suspensión de una norma constitucional avalada previamente por la máxima autoridad judicial del país. El Consejo de la Magistratura, agregó Alonso Regueira en su resolución, ya había dictado normas reglamentarias que ponen en práctica el procedimiento de cese de magistrados al cumplir los 75 años.
Tres caminos abiertos pero ninguno parece fácil
Con la puerta de primera instancia cerrada, Irurzun enfrenta un panorama con opciones limitadas. La primera consiste en apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, tribunal que deberá expedir su pronunciamiento antes del 18 de julio, fecha en que el camarista cumple los años que lo fuerzan a abandonar el cargo. Luego, si lo desea, podría pretender llevar el asunto hasta la Corte Suprema de Justicia. La segunda posibilidad implica que el Gobierno de Javier Milei decidiera enviar su pliego al Senado para solicitar un nuevo acuerdo que le permita continuar en funciones durante cinco años más. No obstante, la actitud del Estado nacional en el expediente anticipa que esto es poco probable: el Ejecutivo se presentó en el juicio oponiéndose a la concesión de la medida cautelar, lo cual constituye una señal inequívoca de sus intenciones. La tercera alternativa es que Irurzun simplemente acepte la jubilación que la norma constitucional le impone. Cualquiera de estos escenarios tiene consecuencias que trascienden el caso individual.
La Sala II de la Cámara Federal, donde Irurzun actualmente se desempeña, no es un tribunal cualquiera. Por sus escritorios circulan expedientes de gran trascendencia política y mediática. En esta sala se tramitan, entre otros asuntos, la investigación sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni, un expediente relacionado con presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad donde está procesado Diego Spagnuolo, y el caso denominado $LIBRA, en el cual se investiga tanto al presidente Javier Milei como a su hermana Karina Milei. Además, en este tribunal se tramitan causas vinculadas a inteligencia ilegal y monitoreos telefónicos, asuntos que históricamente han sido objeto de intenso debate público y que tocan aspectos sensibles de la seguridad democrática. Con la salida de Irurzun, se abre un espacio de poder en una estructura que resultará determinante para la resolución de estos casos.
Un panorama más amplio en la Cámara Federal
La vacancia que se abrirá con Irurzun será la tercera que el Gobierno podrá llenar en la Cámara Federal. Las otras dos corresponden a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, magistrados que habían sido trasladados a este tribunal mediante decreto durante la administración de Mauricio Macri. Cuando llegó la orden de la Corte Suprema de que esos traslados fueran revisados, sus cargos fueron nuevamente concursados. Los candidatos que participan en estos procesos de selección incluyen a Pablo Yadarola, a Bertuzzi mismo que volvió a presentarse para su puesto, y a la fiscal federal Cecilia Incardona. Mientras se define quién ocupará la vacante de Irurzun a través de un concurso público, los subrogarán jueces que serán designados dentro de la propia Cámara Federal, manteniendo la estructura funcionando pero bajo una configuración transitoria.
La situación que enfrenta ahora Irurzun representa un momento de tensión entre diferentes principios constitucionales que no siempre conviven de manera armónica. Por un lado está la inamovilidad de los jueces, una garantía fundamental que busca proteger la independencia del poder judicial frente a presiones políticas. Por el otro lado está el límite de edad, incorporado hace treinta años con la intención de renovar periódicamente la composición de los tribunales y evitar que magistrados muy ancianos continúen tomando decisiones de relevancia pública. La Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, optó por priorizar el segundo criterio, estableciendo que la garantía de inamovilidad se suspende al cumplirse esa edad. Los antecedentes jurisprudenciales existentes hasta ahora avalan esa interpretación, aunque como señala el propio Irurzun, la composición actual de la Corte Suprema es diferente a la que en su momento validó esta norma. Cómo resuelva finalmente el tribunal de apelaciones, y eventualmente la Corte si llega allí, podría tener implicaciones para otros magistrados que en el futuro enfrenten situaciones similares.
