Una victoria judicial de envergadura llegó al despacho presidencial este jueves, aunque no alcanzó para frenar el clima de turbulencia que rodea al gobierno libertario. La Cámara del Trabajo, a través de sus magistrados María Dora González y Víctor Pesino, resolvió darle continuidad a la reforma laboral que había sido paralizada hace pocas semanas por una medida cautelar. Los jueces de la Sala VIII otorgaron efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado nacional, lo que significa que más de ochenta artículos de la nueva normativa vuelven a aplicarse desde inmediatamente, en tanto se define en última instancia cómo terminará esta batalla legal.
El triunfo en los tribunales representa un hito importante para la administración Milei, quien había enfrentado una derrota inicial cuando el juez Horacio Ojeda accedió a la solicitud de la CGT de congelar la aplicación de buena parte de la reforma. Aquella medida cautelar había dejado en suspenso la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, las nuevas restricciones al ejercicio del derecho a huelga, la alteración en cómo se calculan las indemnizaciones de los trabajadores cuando pierden sus empleos, el polémico banco de horas, la reorganización de los períodos vacacionales, y hasta el desmantelamiento de la Justicia laboral nacional con la intención de trasladar esas competencias a la jurisdicción porteña. Todo ello fue bloqueado durante varias semanas por decisión del magistrado de primera instancia.
El razonamiento judicial que abrió paso a la reforma
Los camaristas fundamentaron su decisión en una cuestión técnica pero fundamental: cuando una medida cautelar frena, total o parcialmente, la aplicación de una norma sancionada por el Congreso Nacional, la apelación debe ser concedida automáticamente con capacidad suspensiva. "La medida cautelar que fue solicitada por la CGT suspendió la vigencia de una cantidad importante de artículos pertenecientes a una ley emanada del Congreso Nacional, y este hecho convierte en obligatoria la aplicación de la norma que ya mencionamos", escribieron los jueces en sus considerandos. Esta interpretación técnica, aunque aparentemente neutra, tuvo efectos políticos inmediatos: la reforma volvía a estar operativa.
En la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni no esperó para celebrar lo que consideró un triunfo de su gestión y de las políticas implementadas. El funcionario interpretó el fallo como una validación de todo el proceso de reforma que había impulsado desde el inicio de la administración. Para el gobierno, se trataba de una confirmación de que sus iniciativas legislativas podían subsistir al escrutinio judicial, al menos en esta primera etapa. Adorni prepara para la próxima semana una exposición en el Congreso sobre la marcha de la gestión, evento que contará con la presencia del presidente Milei, quien confirmó personalmente que acudirá para apoyar a su funcionario.
El panorama político se remueve bajo los pies del oficialismo
Pero la satisfacción oficial por el triunfo judicial contrasta fuertemente con un escenario político que comienza a fragmentarse. El peronismo, que durante dos décadas dominó la República bajo diferentes máscaras ideológicas, que perdió cinco de las últimas seis elecciones nacionales y que hoy posee la menor representación legislativa de su historia democrática, da señales de movimiento. A pesar de haber sido relegado a una posición de extrema debilidad —tanto en poder territorial como en capacidad de bloqueo legislativo— el movimiento peronista busca reagruparse, se retuerce, se agita. La intención está clara: evitar convertirse en una simple confederación de caudillos provinciales y recuperar crédito como alternativa viable de poder. Este movimiento de fondo no constituye una amenaza inmediata a la gobernabilidad ni a la estabilidad, pero sí marca un cambio en la dinámica que hasta ahora había sido monopolizada por los éxitos y fracasos del proyecto libertario.
Mientras tanto, otros actores ponen en alerta al gobierno. Elisa Carrió, histórica dirigente de la Coalición Cívica, encendió las alarmas por la visita de Peter Thiel, el magnate tecnológico estadounidense que se reunió con Milei en la Casa Rosada. A través de su cuenta en la red social X, Carrió lanzó una advertencia que mezcla preocupaciones sobre seguridad nacional con críticas a la ideología del empresario. "Lo que Peter Thiel representa es absolutamente grave, pero que además se instale aquí es todavía peor", escribió la diputada. "Necesitamos investigar en profundidad qué es Palantir y sus alcances. Va frontalmente contra los fundamentos de la República democrática, contra las libertades individuales garantizadas por nuestra Constitución. Es pura estructura del Pentágono, es el eje del mal", continuó Carrió en sus posteos, levantando un debate que trasciende la economía y toca preocupaciones de soberanía e independencia.
La cuestión de la reforma laboral, aunque importante, termina siendo apenas una parte de una realidad política más compleja. El mercado financiero volvió a castigar al país con intensidad: los indicadores de riesgo se desplomaron considerablemente, los bonos referenciales cerraron con pérdidas significativas, y los papeles de empresas argentinas que cotizan en mercados internacionales sufrieron depreciaciones de consideración. Globant, por ejemplo, perdió casi el 9% de su valor. El principal índice bursátil local, el S&P Merval, cayó 2,31% en pesos y 2,57% en dólares ajustados. Los bancos fueron los más golpeados: Macro descendió un 4%, Galicia retrocedió 4,4%, Supervielle cayó 5,1% y BBVA Argentina perdió 6,2%. El volumen operado fue de $281.000 millones. Esta sería la confirmación de mercado de que la economía nacional no logra despegar de la crisis, a pesar de los anuncios oficiales.
El drama empresario se profundiza en el contexto macroeconómico
En el terreno más concreto de la actividad productiva, Goldmund, empresa fabricante de los electrodomésticos de marca Peabody, ingresó en concurso preventivo. La compañía solicitó protección a través de esta herramienta legal para reestructurar un pasivo que alcanza 497 acreedores y asegurar que pueda continuar operando. El Juzgado Comercial N° 21, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda, autorizó esta medida un mes después de que la empresa presentara su solicitud. Desde la compañía reconocen la realidad: una pérdida clara de competitividad frente al mercado local, una retracción visible en la actividad económica general y una tensión financiera que se volvió insostenible. Este tipo de situaciones, que se repiten en diferentes sectores, reflejan una economía que no encuentra todavía su punto de apoyo después de los sacudones de los últimos años.
En otro orden de situaciones, la relación entre el gobierno y la prensa vivió un episodio sin precedentes. El miércoles por la noche, desde las más altas esferas del poder —según explicaron fuentes cercanas a este diario— se tomó la decisión de impedir el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados. A diferencia de cualquier comunicado oficial, la medida se conoció cuando los primeros reporteros intentaron entrar a cumplir sus tareas y fueron detenidos en las rejas que separan la casa de gobierno de la Plaza de Mayo. La noticia se propagó como reguero de pólvora entre los casi cincuenta acreditados ante la sede presidencial. Casi inmediatamente se descubrió que la determinación estaba atribuida a la Casa Militar, aunque fuentes oficiales aseguraron que fue consensuada con Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de Presidencia, quienes regresaban ese mismo día de una gira por Israel. En nada se parecía este episodio a cualquier otro conflicto anterior entre gobiernos democráticos y la prensa nacional.
El origen de este conflictivo momento se ubicaba en las publicaciones que Milei había hecho en redes sociales contra dos periodistas de TN. Estos reporteros habían difundido, el domingo previo, imágenes de los pasillos internos de la Casa Rosada grabadas sin autorización usando anteojos dotados de inteligencia artificial. La furia presidencial fue inmediata: una cascada de mensajes en X que se sumaba a otros insultos que el mandatario había dirigido días antes contra diferentes miembros de la prensa. El material fue, además, objeto de una denuncia penal por espionaje. El jefe de la Casa Militar, el general de montaña Sebastián Ibáñez, presentó personalmente la acusación ante los tribunales de Comodoro Py. El sorteo derivó el caso al juzgado de Ariel Lijó y la fiscalía quedó a cargo de Gerardo Pollicita. Lo que comenzó como un conflicto por una filtración terminó transformándose en un caso penal de relevancia institucional.
En paralelo, el gobierno enfrentó otro pulso con los gremios estatales. El Servicio Meteorológico Nacional tenía convocado para este viernes un paro total que afectaría gravemente el tráfico aéreo comercial en todo el país. El gremio ATE había anunciado que desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía, los canales de información meteorológica no funcionarían, lo que imposibilitaría que los aviones pudieran despegar o aterrizar con seguridad. El gobierno emitió una resolución declarando ilegales estas medidas de fuerza, argumentando que el servicio meteorológico es un servicio público esencial conforme las leyes de la república. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, respondió que la convocatoria había sido publicada con seis días de anticipación, cumpliendo con creces el plazo de cinco días que exige la normativa. "La conducta delictiva es la de los funcionarios, que están poniendo en riesgo vidas humanas", contraatacó el líder sindical en diálogo con este medio. El paro fue convocado como respuesta a los despidos que se produjeron en la institución meteorológica.
El cuadro que se dibuja es el de un gobierno que logra victorias en lo institucional —como el fallo que reactiva su reforma laboral— pero que enfrenta presiones crecientes en múltiples frentes. La economía no despega, el mercado financiero vuelve a castigar al país, empresas que antes eran símbolos de producción nacional entran en concurso preventivo, la prensa vive un conflicto sin precedentes con el poder ejecutivo, y los gremios se movilizan contra medidas que consideran lesivas. Milei confirmó que buscará la reelección y que seguirá apoyando a Adorni, pero el terreno político se mueve bajo sus pies de formas que todavía no alcanza a controlar completamente. La reforma laboral está nuevamente vigente, pero el precio político de su implementación recién comienza a cobrarse en el escenario más amplio.