La estructuración de responsabilidades judiciales volvió a tambalearse en medio de una investigación que involucra propiedades de alto valor y presuntos esquemas de lavado de activos vinculados a dirigentes deportivos. La Cámara Federal de Casación Penal tomó una decisión que desarmó lo que parecía una resolución cerrada: anuló el fallo que había asignado la causa a un juzgado federal de Campana y ordenó que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico quien resuelva finalmente cuál tribunal debe intervenir. Este movimiento judicial, lejos de acelerar los trámites, reintroduce incertidumbre en una investigación ya atravesada por disputas sobre competencias y jurisdicciones. Lo que cambia es que nuevamente se pospone la definición institucional sobre quién juzgará este expediente, mientras los hechos investigados permanecen en una zona gris procesal.

El conflicto de jurisdicciones que no termina de resolverse

El epicentro de la disputa radica en una pregunta aparentemente simple pero institucionalmente compleja: ¿quién tiene autoridad para investigar los movimientos de bienes y dinero cuando el delito trasciende los límites territoriales y sectoriales? De un lado está Adrián González Charvay, juez federal de Campana, quien planteó que como las propiedades bajo análisis se ubican en el partido de Pilar, su jurisdicción es la competente. Del otro lado está Marcelo Aguinsky, a cargo del juzgado nacional en lo Penal Económico, quien argumentó que el meollo de la investigación no es territorial sino estructural: se trata de presuntos esquemas de administración fraudulenta y reciclaje de dinero ligados a una institución nacional. La Cámara Federal de San Martín había resuelto previamente a favor de González Charvay, pero esa decisión acaba de ser revocada. Ahora la pelota vuelve a la cancha de la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, con una solicitud expresa de que actúen "con la celeridad que el caso impone". Esta devolución de competencias demuestra un patrón frecuente en causas de complejidad jurídica: la dificultad institucional para definir responsabilidades cuando los hechos atraviesan múltiples dimensiones legales.

La mayoría de los magistrados de Casación, representada por Ángela Ledesma y Javier Carbajo, consideró que las normas procesales y la estructura del sistema judicial establecen con claridad que corresponde a la Cámara Penal Económico zanjar los conflictos entre tribunales en este tipo de materias. Sin embargo, no todos en el máximo tribunal penal federal pensaron igual. Mariano Borinsky votó en disidencia y expresó una preocupación que merece atención: la anulación de la resolución anterior y su reenviamiento a otra Cámara podría generar nuevas demoras en una investigación ya complicada por discusiones procesales. Borinsky argumentó además que no se había acreditado un perjuicio concreto ni una vulneración del derecho al "juez natural" que justificara la intervención de Casación. Su perspectiva priorizaba los principios de economía y celeridad judicial por sobre la nulidad formal. Esta tensión entre corregir procedimientos y avanzar sustantivamente es central en cualquier debate sobre cómo funciona la justicia cuando enfrenta casos sensibles.

Los detalles del patrimonio investigado y sus inconsistencias

Mientras los jueces discuten sobre competencias, los hechos bajo investigación mantienen su gravedad intacta. Todo comenzó con una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe, en la que se describía un presunto circuito de reciclaje de fondos materializado en adquisiciones de bienes de lujo. El catálogo de lo investigado es variado: propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, equinos de raza árabe y otros activos de considerable valor, todos presuntamente vinculados a integrantes de la AFA. El corazón de la causa, sin embargo, es una quinta ubicada en Villa Rosa, en el partido de Pilar, cuya titularidad se atribuye a Pablo Toviggino, identificado como una de las personas de máxima confianza del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Los números del inmueble revelan discrepancias que alimentan las sospechas de irregularidades. El registro oficial señala que la compra se formalizó en mayo de 2024 por US$ 1,8 millones. No obstante, cuando la Justicia encomendó una tasación profesional independiente, la valuación arrojó un resultado muy distinto: la propiedad podría valer aproximadamente US$ 17 millones. Una brecha de casi diez dígitos entre el precio declarado y el valor real constituye una señal de alerta en cualquier investigación de lavado. La causa explora la posibilidad de que la compra se haya realizado mediante estructuras de testaferros ligados al dirigente de la AFA. En los papeles del expediente aparecen nombres como Luciano Pantano, quien figura como titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. La documentación incorporada incluye registros de visitas, movimientos empresariales y papeles relativos a RealCentral SRL, la sociedad bajo la cual se formalizó la quinta. Los investigadores también analizaron el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos, lo que añade otra capa a la investigación sobre posibles desviaciones de recursos institucionales. Entre los visitantes frecuentes de la mansión aparece Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.

La cascada de investigaciones paralelas que cierran el círculo

La causa de la mansión de Pilar no existe en el vacío. Existe en contexto de otras investigaciones que envolverían a las mismas personas. La misma Cámara Penal Económico que ahora debe dirimir el conflicto de competencias ya tiene bajo su análisis otra causa que impacta frontalmente sobre las estructuras de la AFA. En ese expediente fueron procesados Toviggino, Tapia y otros dirigentes por la presunta retención indebida de aportes e impuestos que sumarían aproximadamente 19.300 millones de pesos. Ese tribunal también refrendó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes y desestimó una solicitud para archivar el expediente. De esta manera, la red de investigaciones sobre la AFA se expande: mientras una causa examina propiedades adquiridas con presuntos fondos reciclados, otra analiza la gestión de recursos propios de la institución. Los investigadores buscan determinar si hay conexiones entre ambas estructuras, es decir, si recursos institucionales de la AFA fueron utilizados para potenciar esquemas de enriquecimiento personal o lavado.

La disputa entre González Charvay y Aguinsky sobre quién debe investigar refleja, en buena medida, dos visiones distintas sobre cómo categorizar los hechos. Para el juez federal de Campana, lo relevante es que hay un inmueble en su jurisdicción territorial. Para el juez de Penal Económico, lo relevante es que se trata de una trama económica y administrativa que excede cualquier localización geográfica específica. Ambas perspectivas tienen su lógica, pero generan fricción institucional. La solución que Casación propone —devolver el asunto a la Cámara Penal Económico— intenta resolver el conflicto apelando a la especialización: un tribunal abocado a delitos económicos debería estar mejor equipado para entender arquitecturas fraudulentas complejas que trascienden fronteras jurisdiccionales.

Las implicancias procedimentales de la demora

Cada aplazamiento en la definición de competencias tiene consecuencias tangibles sobre la marcha de la investigación. Mientras no exista resolución definitiva sobre qué tribunal lleva adelante los trámites, el expediente continúa bajo la órbita de González Charvay. Esto significa que formalmente, la investigación sigue avanzando en el juzgado federal de Campana, aunque su autoridad está siendo cuestionada. Es una situación incómoda: hay avance formal pero bajo una nube de incertidumbre institucional. Cuando finalmente la Cámara Penal Económico resuelva la competencia —situación que Casación instó a resolver con urgencia— será necesario evaluar si existe un archivo procesal completo y bien ordenado o si las discusiones jurisdiccionales han generado inconsistencias en la recopilación de pruebas. La jurisprudencia argentina ha sostenido en repetidas ocasiones que los conflictos de competencia deben resolverse con rapidez para no obstaculizar el curso de la justicia. Sin embargo, la realidad muestra patrones de demoras que parecen contrastar con esos principios formales. La intervención de Casación, lejos de cerrar el debate, lo reabrió al enviar el expediente a otra instancia. Esto plantea interrogantes sobre si el sistema cuenta con los mecanismos necesarios para tomar decisiones definitivas en tiempos razonables.

El contexto histórico de las investigaciones sobre la AFA demuestra que las discusiones sobre competencias y jurisdicciones son frecuentes en causas que involucran a dirigentes de instituciones públicas o con relevancia nacional. Estas disputas reflejan, en parte, la complejidad de un sistema judicial con múltiples fueros y niveles, pero también la necesidad de mecanismos más claros para evitar que cuestiones procedimentales paralicen investigaciones de fondo. La definición de competencia es técnicamente importante pero sustantivamente secundaria: lo que realmente importa es si las conductas investigadas constituyen delitos y si hay responsables. Las discusiones sobre quién juzga no deberían retrasar indefinidamente la investigación sobre el qué se juzga. Los magistrados de Casación que votaron en mayoría, Ledesma y Carbajo, probablemente consideraron que la solución formal es enviar el asunto a la Cámara Penal Económico. Borinsky, en cambio, advirtió que esa solución podría paradójicamente ralentizar los trámites. Ambas perspectivas reconocen un dilema real: cómo balancear la corrección de procedimientos con la necesidad de avanzar en investigaciones.

¿Qué sigue después de la revocación?

La Cámara Penal Económico, con Hornos y Robiglio a la cabeza, ahora debe tomar una decisión que Casación ya calificó como urgente. En teoría, estos magistrados analizarán argumentos que ya fueron desarrollados: si el eje de la investigación es territorial o sustancial, si una causa sobre estructuras de lavado y administración fraudulenta corresponde mejor a un juzgado de competencia general o a uno especializado en delitos económicos. Lo probable es que resuelvan a favor de Aguinsky y su juzgado de Penal Económico, dada la tendencia jurisprudencial de las últimas décadas a concentrar causas complejas en tribunales especializados. Sin embargo, cualquiera sea la resolución, habrá tiempo perdido y expedientes que transitarán de un lado a otro del sistema judicial. La pregunta que subyace a todo esto es si Argentina cuenta con una arquitectura judicial capaz de resolver casos de corrupción y lavado de activos con la eficiencia que la complejidad de estos asuntos demanda. Los tiempos procesales en causas económicas suelen extenderse considerablemente, y cuando además se suman conflictos de competencia, los plazos se multiplican. Los años transcurren y los expedientes avanzan lentamente. En paralelo, los bienes investigados continúan en el mercado, las estructuras persisten y los presuntos responsables mantienen sus posiciones, aunque con restricciones como la prohibición de salida del país.

Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo quién investiga sino también el ritmo y la profundidad con que se investigue. Si la Cámara Penal Económico confirma la competencia de Aguinsky, la causa puede consolidarse bajo una autoridad única y especializada. Si por el contrario resuelve de forma distinta, es posible que nuevas capas de litigio procesal se agreguen a una investigación que ya acumula complejidades. Las consecuencias de esta decisión trascienden el caso específico: afectan la credibilidad institucional, el mensaje que el sistema judicial envía sobre su capacidad para investigar a dirigentes de instituciones públicas, y la confianza ciudadana en que la justicia puede tramitar expedientes sensibles sin dilaciones excesivas. Distintos sectores observan estos movimientos: algunos ven en los conflictos de competencia una evidencia de que el sistema está diseñado para ralentizar investigaciones inconvenientes; otros sostienen que son fricciones normales en un sistema federal complejo; un tercer grupo simplemente espera que la Justicia resuelva con autoridad y celeridad. Lo que es incontestable es que cada día que transcurre sin una definición clara es un día en que la investigación avanza bajo un paraguas de incertidumbre institucional, con todas las implicancias que eso conlleva para la integridad del proceso.