La estrategia territorial del oficialismo libertario en la capital del país entra en una nueva fase de despliegue. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezó este miércoles una jornada de trabajo en Villa Lugano, zona históricamente postergada en términos de atención política, donde recorrió instalaciones de una empresa familiar que lleva más de siete décadas funcionando en el mismo ramo. La actividad marca un punto de inflexión: mientras el Gobierno nacional profundiza reformas estructurales en materia económica, la rama porteña del movimiento busca demostrar que también posee una agenda concreta para las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad. Esto importa porque define cómo el libertarianismo pretende gobernar a nivel local más allá de los discursos generales sobre libertad económica.
La compañía Fontenla representa exactamente el tipo de emprendimiento que los funcionarios visitantes querían resaltar: nació en 1948 como un pequeño negocio familiar y actualmente emplea a alrededor de trescientas personas, todas vinculadas directamente a oficios como la carpintería, la ebanistería y la tapicería. En un contexto donde las cifras de desempleo en el área metropolitana ronda porcentajes preocupantes y donde muchas industrias locales enfrentan presiones financieras constantes, una fábrica que mantiene su planta de personal y continúa operando representa un caso de relativo éxito. Los hermanos Fontenla —Roberto, Federico y Fernando— funcionaron durante el encuentro como interlocutores directos de la gestión, participando en diálogos sobre los obstáculos concretos que enfrenta la producción local para expandirse y generar nuevos empleos.
El proyecto que busca cambiar las reglas del juego administrativo
Más allá de la visita protocolaria, el evento sirvió como plataforma para presentar públicamente los contenidos de una iniciativa legislativa que el bloque libertario impulsa desde el Congreso de la Ciudad: la denominada Ley de Libertad Comercial. Pilar Ramírez, quien encabeza los diputados del movimiento en el distrito capitalino, aprovechó la oportunidad para detallar los pilares de una propuesta que plantea modificar sustancialmente la relación entre el Estado y los empresarios. El proyecto busca establecer cambios operacionales en los procedimientos administrativos, no solo cambios retóricos sobre la importancia del emprendedurismo.
Los ejes concretos del proyecto revelan una intención de simplificar la máquina estatal desde sus cimientos. La propuesta incluye habilitaciones automáticas para actividades clasificadas como de bajo riesgo, un mecanismo que transferiría responsabilidad a los empresarios en lugar de delegarla en evaluadores estatales. Otro componente central es el denominado silencio administrativo positivo, figura jurídica que presupone la aprobación de un trámite si la administración no responde dentro de plazos determinados. Complementariamente, la iniciativa prevé la instalación de una ventanilla única digital para concentrar todos los pasos burocráticos en un punto único de entrada, reduciendo así la fragmentación actual. Finalmente, el texto autoriza a los empresarios a corregir incumplimientos menores antes de que el Estado pueda proceder a clausuras o sanciones más severas. "Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle", sintetizó Ramírez la filosofía detrás de la propuesta.
Tiempos límite y automatismos: cómo funcionaría el nuevo sistema
Los mecanismos operativos de la Ley de Libertad Comercial establecen marcos temporales específicos diseñados para evitar la paralización administrativa que frecuentemente experimenta el tejido productivo local. El Gobierno de la Ciudad contaría con treinta días hábiles para resolver cualquier trámite relacionado con actividades comerciales e industriales. Si durante ese período emite observaciones o solicita información adicional, el empresario tendría cinco días más para responder. Lo relevante es que si la administración no se pronuncia al término de estos plazos, la solicitud quedará automáticamente aprobada. Este mecanismo invierte la carga de la prueba: ya no es el empresario quien debe perseguir al funcionario para obtener una respuesta, sino que la falta de respuesta genera una aprobación por defecto.
Otros detalles de la propuesta apuntan a evitar la duplicación de trámites y la multiplicación de papeleos característicos de la burocracia estatal. El proyecto prohíbe expresamente que el Estado vuelva a solicitar documentación que ya posee en sus archivos, lo que en teoría eliminaría un fenómeno común en muchas reparticiones: la solicitud repetida del mismo certificado o comprobante. Las observaciones que el Estado necesite realizar deberán hacerse de una sola vez, de forma integral, precisa y fundamentada, impidiendo el ciclo infinito de correcciones parciales que muchas veces se utilizan como mecanismo de dilación. "Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir", expresó Ramírez durante el encuentro en Villa Lugano, sintetizando la lógica que estructura la iniciativa.
El posicionamiento territorial hacia el ciclo electoral que se aproxima
Las actividades de esta naturaleza, frecuentes en las últimas semanas, responden a una estrategia comunicacional y política más amplia. El movimiento libertario ha intensificado las recorridas por distintos puntos de la Ciudad, incluyendo visitas de otros funcionarios nacionales como el ministro de Economía, quien hace poco transitó por comercios gastronómicos de la zona norte. Este martes, ese mismo funcionario recorrió la sucursal número cien de una cadena de heladerías, evento que forma parte del mismo patrón de posicionamiento. La intención de ocupar territorio se vuelve comprensible si se considera que La Libertad Avanza apunta a llegar a 2027 con un candidato propio para la jefatura de Gobierno porteño, independientemente de los acercamientos episódicos que ha mantenido con sectores del PRO y su líder histórico.
El calendario electoral genera urgencias políticas que explican esta presencia constante en barrios periféricos como Villa Lugano. El Sur de la Ciudad, históricamente descuidado por distintas administraciones, representa un territorio donde construir legitimidad requiere tiempo y trabajo sostenido. Las próximas semanas traerán nuevas recorridas con otros integrantes del gabinete nacional, como el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, profundizando así una presencia que busca convertirse en referencia territorial consolidada. Cada visita a una empresa, cada presentación de iniciativas legislativas, cada foto con empresarios busca transmitir un mensaje: que el libertarianismo no es solo diagnóstico de problemas, sino oferta de soluciones operacionales.
La convergencia de estas iniciativas plantea preguntas sobre sus posibles impactos futuros. La simplificación administrativa que propone la Ley de Libertad Comercial podría efectivamente acelerar trámites y reducir costos operacionales para empresas medianas y pequeñas, facilitando así expansiones que generarían empleo. Sin embargo, también existe la perspectiva de que una automatización excesiva de aprobaciones podría reducir controles sobre cuestiones como el cumplimiento de normas ambientales, laborales o de seguridad. El silencio administrativo positivo funciona como incentivo para que los empresarios tramiten más rápido, pero también puede interpretarse como una reducción de la capacidad estatal de verificación. Distintos actores evaluarán estas consecuencias según su posición: empresarios y pequeños comerciantes probablemente celebren la desburocratización, mientras que organizaciones de trabajadores o ambientalistas podrían expresar preocupaciones sobre estándares de fiscalización. La presentación pública de esta iniciativa en Villa Lugano marca el inicio de un debate que seguramente atravesará los próximos meses de la agenda legislativa porteña.
