La maquinaria judicial argentina se pone nuevamente en movimiento. En uno de los procesos de selección más tensos de los últimos años, el Consejo de la Magistratura aprobó esta semana los nombres de quiénes podrían ocupar dos de las butacas más estratégicas del poder judicial: dos asientos en la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en Comodoro Py 2002. Estos cargos no son menores. Son los tribunales donde se definen los destinos de decenas de investigaciones por corrupción, donde se confirman o revocan procesamientos, y donde se decide si funcionarios presentes y pasados llegarán o no a juicio oral. Lo que sucedió esta semana marca un quiebre en una batalla que viene librándose hace una década sobre quién controla estas sillas judiciales.
Diez años de una batalla sin resolver
La historia tiene raíces profundas. Hace una década, durante la presidencia de Mauricio Macri, fueron trasladados más de veinte jueces de sus tribunales originales mediante decretos presidenciales. Entre ellos estaban Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron a la Cámara Federal por esa vía. En 2021, la Corte Suprema de Justicia intervino. Su fallo fue contundente: esos traslados debian revertirse y debían realizarse concursos públicos para todos los magistrados movidos de esta manera. La orden fue clara, pero la ejecución se convirtió en un laberinto institucional.
Lo curioso del asunto es que en toda una década, apenas uno de esos más de veinte concursos llegó a buen puerto: precisamente el de estos dos camaristas. Bruglia y Bertuzzi, afectados por esta situación, incluso presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el proceso avanzaba lentamente y de manera selectiva. El resto de los traslados quedaron en suspenso, sin resolverse. Ahora, con el gobierno actual impulsando con más energía este concurso, el proceso finalmente llegó a su segunda fase: la aprobación de candidatos.
Los nombres que ganaron: perfiles y conexiones políticas
La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura trabajó sobre tres propuestas distintas presentadas por diferentes consejeros. La propuesta que obtuvo más apoyo fue la impulsada por el consejero juez Diego Barroetaveña. Para uno de los dos cargos, esta terna está compuesta por Fernando Luis Poviña (juez de la Cámara Federal de Tucumán, con antecedentes en causas de violaciones a derechos humanos y cercanía con sectores peronistas), Agustina Inés Rodríguez (coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) y Pablo Yadarola (juez en lo penal económico). Para el otro cargo, la terna ganadora incluye al juez Julio César Di Giorgio (del tribunal oral federal de La Matanza), la fiscal federal Cecilia Incardona (radicada en Lomas de Zamora) y el mismo Pablo Bertuzzi, quien decidió concursar para conservar su propio puesto tras la orden de la Corte.
En la superficie, los nombres parecen técnicos y profesionales. Pero debajo hay una red de conexiones que ilumina cómo funcionan las lealtades en la estructura judicial. Yadarola, por ejemplo, es amigo personal del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Ambos integraron un viaje a Lago Escondido junto con el padre de Mahiques, el camarista Carlos "Coco" Mahiques, de la Cámara Nacional de Casación Penal. Incardona, por su parte, es la fiscal que actualmente investiga a Ariel Vallejo de Sur Finanzas y a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, en las causas acumuladas en torno a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.
Las líneas divisorias: quién votó a quién
Los votos revelaron las fracturas políticas que cruzan el Consejo de la Magistratura. La terna ganadora recibió apoyo de siete consejeros: Barroetaveña, la consejera abogada Jimena de la Torre (cercana a Pro), el académico Hugo Galderisi, la jueza Alejandra Provítola, el legislador de La Libertad Avanza Gonzalo Roca, el viceministro de Justicia Santiago Viola, y la consejera Fernanda Vázquez. Esa coalición liderada por el oficialismo logró imponer sus candidatos.
La oposición no quedó fuera del juego. La consejera diputada del kirchnerismo Vanesa Siley presentó una propuesta alternativa que propiciaba otros candidatos: Poviña, Incardona y Laura Mazzaferri (fiscal federal de Mar del Plata) para un cargo, y para el otro a Gonzalo Viña (juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de CABA), Di Giorgio y Rodríguez. Esta lista obtuvo apenas dos votos: el de Siley y el del consejero Grau. Hubo una tercera propuesta del consejero abogado Márques, que también reunió dos votos, y que combinaba parcialmente nombres de las otras listas.
El camino que falta: del Consejo al Senado
Ahora el proceso entra en su fase siguiente. Las dos ternas ganadoras serán elevadas al plenario completo del Consejo de la Magistratura. Allí, se necesitarán catorce votos para que cada terna se imponga definitivamente. Una vez que ambas ternas logren esos votos, serán remitidas al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, el ministro de Justicia Mahiques, con el respaldo del presidente Javier Milei, deberá seleccionar un candidato de cada terna y enviar esos nombres al Senado de la Nación. Los senadores, por mayoría simple, deberán aprobar los pliegos. Finalmente, el Poder Ejecutivo designará formalmente a los nuevos camaristas mediante decreto.
En paralelo, el Consejo también resolvió mantener en tercer lugar del orden de mérito a Miguel Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, para ocupar una vacante en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Licht había sido cuestionado porque incluyó citas falsas en un libro jurídico de dos tomos que realizó con asistencia de Inteligencia Artificial. Ahora reclamaba que se validaran antecedentes en docencia que no había presentado a tiempo. El Consejo aceptó sus impugnaciones y lo mantiene en carrera. Su candidatura seguirá avanzando hacia las entrevistas personales, donde se fijará el orden de mérito definitivo.
Las implicancias de una decisión pendiente
La ocupación de estos dos asientos en la Cámara Federal tiene ramificaciones que van mucho más allá de lo administrativo. Es en estos tribunales donde se resuelven cuestiones de enorme trascendencia política y social. Los jueces que allí se sienten determinarán qué investigaciones por corrupción avanzan hacia juicio, cuáles se detienen, cuáles se revocan. Son decisiones que impactan directamente sobre la capacidad estatal de perseguir delitos de funcionarios, sobre la confianza en las instituciones, y sobre cómo se distribuye el poder dentro del propio poder judicial. El hecho de que el gobierno actual haya logrado impulsar con éxito este concurso después de años de estancamiento, mientras que otros traslados decretados hace una década aún no se resuelven, genera una pregunta abierta sobre criterios de selección y velocidades de tramitación según la relevancia política de cada caso.
Los próximos pasos en el plenario del Consejo determinarán si la terna ganadora alcanza los catorce votos necesarios. Si lo logra, el ministro Mahiques tendrá que elegir entre los candidatos propuestos. Esas elecciones moldearan un tribunal que operará durante años. Las perspectivas son múltiples: desde quienes consideran que este avance representa finalmente el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de 2021, hasta quienes ven en el proceso evidencia de que ciertas causas avanzan rápido mientras otras permanecen congeladas, según conveniencias políticas. Los registros de cómo votaron los consejeros y las trayectorias de quiénes componen estas ternas hablan de cómo conviven en la Argentina contemporánea las estructuras legales formales con las redes informales de poder y lealtad que atraviesan todas las instancias del Estado.
