El expediente que rodea a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, acaba de adquirir un nuevo impulso después de transitar una etapa de enlentecimiento procesal. El fiscal Claudio Navas Rial asumió recientemente la conducción de la investigación, delegada por la jueza Verónica Straccia, y ya ha comenzado a ordenar medidas de prueba que permanecían en suspenso. Lo que parecía un expediente estancado por cuestiones de competencia jurisdiccional ahora muestra signos de reactivación, aunque el panorama sigue siendo complejo: diferentes tribunales se disputan la facultad de investigar, y una audiencia programada para mediados de agosto podría redefinir todo nuevamente. Detrás de esta propiedad de extraordinario valor no solo hay bienes suntuarios, sino también preguntas sin responder sobre el origen del dinero y los mecanismos utilizados para su adquisición.
La magnitud de los activos involucrados resulta abrumadora. El inmueble en cuestión, registrado a nombre de la empresa Real Central SRL, está tasado en más de diecisiete millones de dólares estadounidenses. Pero eso es apenas el comienzo del inventario. Dentro de las instalaciones existe un helipuerto funcional, caballerizas equipadas, una piscina de dimensiones considerables, canchas deportivas multipropósito y un garaje que alberga una colección de automóviles de lujo y alto valor histórico. Solo la flota de vehículos representa aproximadamente tres millones de dólares adicionales, transformando el conjunto en un portafolio de activos que superaría los veinte millones de dólares en términos consolidados. Este nivel de concentración de bienes lujosos en manos privadas, especialmente cuando se investiga su origen, plantea interrogantes que trascienden lo puramente patrimonial.
Las figuras detrás de la pantalla empresarial
La estructura que ampara legalmente la propiedad exhibe características que han llamado la atención de los investigadores. Real Central SRL aparece vinculada a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes conforme a la hipótesis que maneja la Justicia habrían actuado en calidad de testaferros. Esto significa que serían intermediarios sin patrimonio de origen compatible con tales operaciones, utilizados para ocultar la verdadera titularidad de los bienes. La tesis de los investigadores apunta a que Pablo Toviggino, funcionario que desempeña el cargo de tesorero en la Asociación del Fútbol Argentino, sería el auténtico propietario detrás de esta estructura corporativa. Pantano, por su lado, ostentaba también una posición dentro de la estructura administrativa de la AFA, lo que generaría un vínculo directo entre la organización deportiva y esta propiedad. Un elemento que refuerza esta teoría es el descubrimiento de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, instrumento que fue empleado para realizar gastos vinculados directamente con los vehículos almacenados en el complejo de Pilar.
Lo llamativo de la trayectoria empresarial de Real Central SRL radica en la velocidad y los cambios sustanciales operados en poco tiempo. La sociedad nació originalmente bajo la denominación Central Parks Drinks SRL, con un capital social declarado de trescientos mil pesos. Sin embargo, en mayo de dos mil veinticuatro, experimentó una transformación significativa: modificó su nombre, pasando a llamarse Real Central SRL, e incrementó drásticamente su capital, llevándolo a cincuenta y ocho millones de pesos. Apenas catorce días después de esta remodelación societaria, la empresa consumó la compra del predio de Villa Rosa. Este recorrido temporal comprimido entre el cambio estructural y la adquisición inmobiliaria constituye uno de los núcleos centrales de la investigación, pues sugiere una operación coordinada diseñada con anticipación. La pregunta que persiste es cómo una empresa que previamente operaba en el ramo de bebidas logró disponer de tal volumen de capital en un lapso tan breve y sin justificación aparente de flujos de ingresos correspondientes.
La disputa territorial de la Justicia
Paralela a la reactivación de medidas probatorias, persiste una confrontación entre distintos órganos judiciales respecto de quién debe conducir efectivamente la investigación. El fiscal Navas Rial sostiene que la investigación debe radicarse en los tribunales con competencia en Penal Económico ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que allí habría iniciado el ciclo de las operaciones cuestionadas de lavado de activos. Por el contrario, el juzgado federal con asiento en Campana reclama competencia basándose en que el inmueble se localiza dentro de su circunscripción territorial. En mayo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución previa que había asignado el caso a Campana, ordenando que se dictara una nueva decisión jurisdiccional. Ese mandato quedó en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, pero la situación se complicó cuando los magistrados Mariano Borinsky y Barroetaveña resolvieron convocar a una audiencia en la que se escucharían todas las partes involucradas antes de definir la cuestión de competencia. Esta audiencia está programada para el próximo doce de agosto, y su resultado podría reconfigurar completamente el rumbo del expediente.
La complejidad jurisdiccional no es un dato menor en el desarrollo de cualquier causa penal de envergadura. Cada cambio de tribunal implica releer expedientes, familiarizarse con criterios previos, reevaluar pruebas y, en algunos casos, retrotraerse en plazos de investigación. Los denunciantes vinculados a la Coalición Cívica albergan la expectativa de que la Cámara de Casación resuelva devolver el caso nuevamente al juez con competencia en Campana, lo que significaría una vuelta atrás en un proceso que ya ha navegado múltiples giros procesales. Sin embargo, el hecho de que Borinsky y Barroetaveña hayan optado por escuchar a todas las partes antes de decidir sugiere que la cuestión no es tan sencilla como podría parecer a primera vista. La decisión de dilatar el proceso mediante una audiencia, en lugar de resolver directamente en base a los antecedentes, introduce un elemento de incertidumbre sobre cuál será la dirección final.
El historial del fiscal y la conexión con otras causas
La designación de Navas Rial para esta investigación no es casual ni carece de antecedentes relevantes. Este fiscal ha participado activamente en otras causas que involucran a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que le confiere un conocimiento acumulado sobre las dinámicas de operación financiera dentro de esa institución. Concretamente, Navas Rial impulsó la acusación contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros miembros de la conducción de la AFA en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes y contribuciones del sistema de seguridad social. En esa investigación, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero y de la propia entidad como persona jurídica. Ampliando su labor investigativa, el fiscal también promovió la apertura de una línea de indagación a partir de una denuncia presentada por ARCA, la agencia recaudadora, que apunta a presunta evasión tributaria agravada a través de la utilización de facturas falsas. Estas nuevas medidas de prueba buscan determinar si existieron otras maniobras de corte tributario dentro de la estructura de la AFA que no han sido aún esclarecidas.
Los círculos judiciales caracteriza a Navas Rial como un profesional de bajo perfil público, técnico en sus abordajes y contundente a la hora de adoptar decisiones con sustento procesal. Esto contrasta con algunos otros magistrados que tienden a hacer más visible su accionar mediático. Su incorporación a esta causa sobre la mansión de Pilar sugiere que se espera un trabajo minucioso de reconstrucción de hechos, sin que necesariamente exista una intención de generar ruido público alrededor de la investigación. Al mismo tiempo, su trayectoria previa en causas relacionadas con la AFA lo posiciona como alguien que comprende la lógica interna de esa institución y sus mecanismos de operación financiera, lo cual podría resultar determinante para desentrañar las cadenas de transacciones que dieron origen a esta propiedad extraordinaria.
Las consecuencias de cómo evolucione esta investigación en los próximos meses podrían ser múltiples y desplegarse en distintas direcciones. Si la Cámara de Casación resuelve mantener la competencia en Buenos Aires, la investigación podría avanzar con mayor celeridad bajo la conducción de Navas Rial, permitiendo que la recopilación de pruebas se complete sin nuevos cambios de jurisdicción. Por el contrario, si se decide devolver el caso a Campana, se produciría un nuevo desplazamiento procesal que implicaría nuevos tiempos y posiblemente retrasos adicionales. Asimismo, los resultados de la investigación sobre la mansión podrían tener implicaciones para las otras causas ya en marcha contra funcionarios de la AFA, generando un efecto multiplicador en términos de esclarecimiento de prácticas institucionales. Finalmente, el desenlace también dependerá de la capacidad de los investigadores para desentrañar las cadenas de transacciones, tanto nacionales como potencialmente internacionales, que permitieron la concentración de semejante volumen de activos en manos de personas cuyo perfil patrimonial, según sugiere la hipótesis investigativa, resultaría incompatible con tales operaciones.
