La trama de presuntos movimientos financieros irregulares vinculados a Martín Insaurralde ganó nuevas dimensiones esta semana con el testimonio de quien administraba los registros contables de la estructura empresarial que supuestamente servía como vehículo para ocultar patrimonio. Lo relevante no es simplemente lo que el contador declaró, sino lo que no pudo explicar: cómo la residencia donde convivía en San Vicente, un inmueble de considerable valor, desapareció del universo contable de la organización que la poseía. La revelación abre interrogantes sobre cómo operaban las engranajes administrativos y legales que supuestamente respaldan la concentración de bienes cuando existe presunta ausencia de ingresos declarados que los justifiquen.
Walter de la Fuente, quien firma los papeles que dan forma legal a Sasaxa Libero S.A., compareció ante la justicia con un relato que desmorona cualquier pretensión de legitimidad contable. Su versión de cómo llevaba adelante funciones críticas de una empresa resulta casi caricaturesca: estados financieros rubricados en espacios públicos informales, lejos de cualquier oficina o estructura profesional. Pero lo que emergió del testimonio va más allá de la falta de rigor administrativo. El contador admitió sin tapujos que nunca realizó una supervisión genuina de los movimientos: desconocía si las cifras que plasmaba en documentos oficiales se correspondían con transacciones reales de la firma. Esto significa que la empresa operaba, en términos prácticos, sin un sistema interno de verificación que garantizara siquiera la coherencia básica entre lo que se reportaba y lo que efectivamente ocurría.
El fantasma en los registros contables
El aspecto más intrigante del testimonio de la Fuente radica en una ausencia que es, paradójicamente, una presencia abrumadora. La vivienda ubicada en San Vicente, el lugar donde convivía Insaurralde con la modelo Jésica Cirio, nunca figuró en los estados contables que el contador certificaba. Esto plantea un enigma operacional: si la empresa Sasaxa Libero S.A. era propietaria del inmueble, ¿cómo no aparecía en los registros de una organización que supuestamente funcionaba, aunque precariamente? La omisión no puede atribuirse a incompetencia administrativa menor. Representa un borramiento sistemático de un activo de alto valor del circuito oficial de cuentas. Este tipo de desaparición documentada coincide con patrones investigados históricamente en estructuras destinadas a occultamiento patrimonial. Cuando bienes sustanciales no figura en registros societarios, típicamente apunta a intencionalidad en su disimulación.
La investigación que lleva adelante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) comenzó meses atrás, pero se aceleró tras un acontecimiento que traspasó el terreno de lo administrativo para convertirse en evidencia visual. En septiembre de 2023, Insaurralde viajó a Marbella, España, acompañado por Sofía Clerici, en circunstancias que despertaron cuestionamientos sobre financiamiento. Este episodio derivó en su alejamiento de la estructura de gobierno provincial. Lo que parecía ser un escándalo circunscripto a cuestiones de imagen se transformó en la puerta de entrada a una investigación más vasta. Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, en octubre de 2024, iniciaron acciones legales contra Insaurralde imputándolo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, extendiendo la órbita de sospecha hacia allegados a quienes consideran posibles intermediarios patrimoniales.
Los dólares en el vestidor: un problema que crece
A la documentación deficiente y a la mansión desaparecida de los papeles se sumó, con efecto multiplicador, la circulación de registros audiovisuales que modificaron sustancialmente el panorama probatorio. Las grabaciones muestran a Cirio exhibiendo paquetes de billetes estadounidenses en el interior de la vivienda. El juez Luis Armella, responsable de la investigación, ordenó procedimientos de allanamiento tras la difusión de estos materiales y proyecta incorporarlos formalmente al expediente. Especialistas analizan las imágenes para cuantificar aproximadamente el monto de dinero visible, un dato que podría resultar determinante. Lo problemático para la defensa de Insaurralde radica en que este dinero, de confirmarse su existencia y procedencia no documentada, representa un pasivo probatorio adicional: fondos que nunca ingresaron en declaraciones de impuestos, que no aparecen en movimientos bancarios identificables, que no tienen explicación oficial. El dinero guardado en el vestidor de una residencia sin registros contables forma un cuadro de inconsistencias que demanda explicaciones.
El testimonio del contador, lejos de despejar dudas, consolidó una imagen de funcionamiento empresarial que no soporta escrutinio básico. De la Fuente reconoció que sus credenciales ante la AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas sin su intervención efectiva. Esto abre otro vector de investigación: si sus claves fueron empleadas sin su participación, ¿quién operaba la presentación de documentos? ¿Hubo manipulación de registros oficiales? ¿Existía un tercero con acceso a sistemas de la autoridad tributaria? Estos interrogantes no son marginales en una causa de lavado de dinero. Sugieren posibles alteraciones de documentación pública y participación de múltiples actores en estructuras de ocultamiento. El contador, además, manifestó nunca haber conocido personalmente a Insaurralde, lo que resulta paradójico tratándose de alguien que firma papeles oficiales de una empresa creada por él. Esta distancia personal, combinada con la escasez de supervisión real, dibuja el perfil de una estructura donde los responsables operaban con márgenes de ignorancia aparente estratégicamente mantenidos.
Las aristas que se multiplican conforme avanza la investigación presentan un panorama donde la acumulación de inconsistencias documentales, omisiones patrimoniales, registros fraudulentos potenciales y evidencia visual de dinero en efectivo forma un entramado que requiere explicaciones coordinadas y creíbles. Los fiscales tienen ante sí un caso donde la debilidad de los sistemas de verificación interno de la empresa, la desaparición del inmueble de los registros contables, el acceso no autorizado a credenciales tributarias y la existencia de efectivo no declarado generan un escenario donde la carga de prueba cambia de dirección. Mientras los investigadores continúan analizando los videos para dimensionar los montos involucrados, y mientras crece la lista de personas citadas a declarar, el caso avanza hacia una etapa donde los mecanismos de defensa deberán producir narraciones que integren coherentemente hechos que, hasta el momento, parecen diseñados para permanecer separados unos de otros.
