La geografía de Neuquén guarda una ironía cruel: palabra capicúa que se lee igual de adelante hacia atrás, como si la ciudad misma estuviera condenada a recorrer sus propios pasos sin avanzar. En esta localidad patagónica donde abunda el terreno pero escasean los techos, un fenómeno ha crecido durante dos décadas transformando el acceso a la vivienda en un negocio turbio de intermediación política. Más de 340 familias han presentado denuncias judiciales contra Jorge Salas, quien pasó de ser un vecino común durante la crisis de 2001 a convertirse en lo que la comunidad describe como "el repartidor de casas", ejerciendo una influencia tal que llegó a ocupar el cargo de director de Hábitat y Urbanismo provincial en 2023. Lo que comenzó como gestión social se transformó en un esquema donde aquellos con conexiones personales con Salas accedían al sueño de la casa propia, mientras centenares de otros pagaban año tras año sin recibir nada a cambio.

La arquitectura del poder a través de la vivienda

El mecanismo operaba con una simplicidad desconcertante. Salas canalizaba su influencia a través de la Cooperativa 127 hectáreas, organización que en su apogeo llegó a congregar 11 mil afiliados en una ciudad cuya población actual ronda los 290 mil habitantes. La propuesta era tentadora: inscribirse en la cooperativa, pagar cuotas mensuales de forma sistemática, aportar sumas extraordinarias cuando era requerido, y dentro de cinco años como máximo, obtener una vivienda propia. Todo en efectivo. Todo en la oficina de la cooperativa. Toda operación completamente rastreable, aunque aparentemente nadie rastreó nada mientras sucedía.

Los proyectos inmobiliarios que Salas promocionaba en actos políticos llevaban nombres que sonaban a promesas de futuro: La Sirena I, La Sirena Unificada (que abarcaba sectores II y III), y un loteo en La Meseta presentado como Sirena IV. Estos emprendimientos, supuestamente financiados con recursos estatales provinciales o nacionales, se convirtieron en el campo de batalla judicial donde hoy se dirimen los reclamos. Las cifras revelan el colapso del sistema: en La Sirena Unificada, 200 familias reclaman por viviendas mientras apenas existen 90 casas terminadas. En La Meseta, la situación alcanza niveles más dramáticos aún: la cooperativa vendió 400 lotes a familias, pero las tierras se encuentran fuera del ejido municipal, lo que genera problemas legales que ninguna de las 120 familias que judicializaron el caso esperaba enfrentar.

El privilegio en los detalles: quiénes sí recibieron sus casas

Mientras centenares de ciudadanos aguardaban indefinidamente sus viviendas, la familia cercana a Salas avanzaba sin obstáculos en el proceso. Su hija obtuvo una casa en La Sirena, aunque formalmente figura a nombre de su pareja. Otros parientes también lograron acceder al patrimonio inmobiliario prometido. Cuando se le cuestionó directamente sobre esta aparente contradicción, Salas justificó la situación argumentando que en cualquier programa de vivienda social es común encontrar a múltiples familiares de personas con poder de decisión accediendo a beneficios, comparando su situación incluso con la de funcionarios nacionales que tienen a sus allegados en posiciones de privilegio. La respuesta, lejos de disipar las sospechas, profundizó la percepción de que existía un sistema de dos velocidades: uno para los cercanos al poder decisorio, otro para la población general que pagaba sin garantías.

La centralidad de Salas en el ecosistema político neuquino facilitó este esquema durante años. Gobernadores sucesivos del Movimiento Popular Neuquino —partido que controló la provincia durante seis décadas— así como autoridades posteriores del partido Comunidad, avalaron implícitamente la operatoria. Esto no fue casualidad, sino consecuencia directa de cómo funcionaba la intermediación política: con 11 mil afiliados en una ciudad de 290 mil habitantes, la Cooperativa 127 hectáreas representaba un bloque electoral cuyo peso no podía ignorarse en procesos electorales ni en asignación de recursos públicos. Salas utilizaba esa palanca constantemente, incluso cuando su posición administrativa oficial requería, teóricamente, neutralidad política.

Los testimonios: cómo el tiempo convirtió la esperanza en amargura

Cristina Alonso tiene 76 años y durante diecinueve años consecutivos abonó su cuota cooperativa. No se atrasó una sola vez. Asistió a los actos políticos donde Salas pronunciaba sus promesas. Llegó a medir el terreno donde construiría su vivienda, compró el metro de acero necesario para materializarlo, guardó ese objeto como símbolo de un futuro que nunca llegaría. Cuando habla de lo sucedido, su voz se quiebra. Los años de espera, los montos pagados, las humillaciones de sentirse engañada, convergen en una frase que resume el sentimiento: "Este hombre se ha burlado de nosotros". Lorena Lepe, cuyo padre vivía en la misma cuadra que Salas, depositó su confianza en la cercanía geográfica y la apariencia de solidez. Salas le prometió que dentro de quince días tendría su duplex. No alquilara, le recomendó. Años después, sigue esperando. Los fondos que la familia aportó para trabajos preliminares —paredones, remoción de suelo, construcción de cordones cuneta— resultaron ser contribuciones destinadas a un pozo sin fondo.

Ema Ibáñez Castillo fue socia fundadora de la cooperativa y presenció la transformación desde adentro. Recuerda los primeros tiempos cuando todo parecía genuino, cuando Salas era apenas otro vecino con inquietud social. Pero con el paso de las décadas, observó cómo se metamorfoseaba en lo que ella describe como "un intocable": una figura política protegida por los aparatos institucionales, capaz de operar al margen de normas que para otros serían ineludibles. Víctor Guerrero se debate en la confusión cada vez que intenta ubicar La Meseta en el mapa: un loteo ubicado a doce kilómetros del centro neuquino, en plena estepa patagónica, sin servicios básicos, sin acceso formal, pero donde 400 familias pagaron para construir sus sueños de vivienda propia. Cuando visita el lugar, la desolación lo abruma. "Acá habita la nada", dice. La cooperativa le cobró incluso por seguridad en un territorio que parecía abandonado a su suerte.

La expansión sin fin: anuncios de proyectos mientras colapsan los anteriores

Pese a que las denuncias judiciales se acumulan, pese a que más de 340 familias reclaman por estafas millonarias, pese a que la Sirena Unificada está paralizada por fallos de justicia pendientes y La Meseta enfrenta cuestionamientos legales sobre su ubicación, Salas anunció recientemente un nuevo emprendimiento: La Sirena V, presentado como un megaproyecto que promete 4.500 viviendas con "espacios verdes, escuela de kayak, establecimientos educativos, anfiteatro, local gastronómico, canchas deportivas y ciclovía". El anuncio resulta incomprehensible a la luz de los fracasos anteriores. ¿De dónde provendrían los recursos? ¿Qué garantías existirían para que este proyecto no replicara el mismo patrón? La abogada Agustina Procopo, quien representa a numerosas víctimas, explica con precisión clínica que en La Meseta específicamente, 120 familias decidieron recurrir a los tribunales porque se dieron cuenta de que las tierras que compraban estaban ubicadas fuera del perímetro municipal, lo que invalida jurídicamente cualquier construcción formal.

El Estado, según Salas cuando se le confrontó sobre su responsabilidad, es el verdadero culpable. El Gobierno incumplió, el Gobierno no entregó las casas prometidas, el Gobierno tiene que resolver el problema. Mientras tanto, él reclama estar en posesión de más de 900 familias aún sin solucionar, con un horizonte temporal que proyecta todo hacia 2027. La pregunta obvia nunca fue respondida: ¿usted denunció formalmente al Estado en la Justicia por incumplimiento de sus obligaciones? El silencio resulta elocuente. En cambio, la Cooperativa 127 hectáreas continúa operando, continuamente cobrado cuotas, continuamente ofreciendo promesas, continuamente funcionando como una máquina de intermediación política que transforma la necesidad de vivienda en moneda de cambio electoral.

Implicancias y perspectivas sobre lo que viene

El colapso visible del modelo de intermediación que Salas construyó durante veinte años abre interrogantes complejas sobre cómo operan los sistemas de asignación de vivienda social en territorios donde las necesidades habitacionales exceden ampliamente la capacidad estatal de respuesta. Por un lado, existe un diagnóstico que sugiere que el fracaso refleja la incapacidad estructural del Estado nacional y provincial para construir y entregar viviendas en cantidad y calidad suficientes, lo que crearía vacíos que actores privados o semipúblicos como Salas aprovechan para posicionarse como intermediarios necesarios. Por otro lado, el caso evidencia cómo la concentración del poder decisorio sobre acceso a recursos escasos en manos de una sola persona permite la desviación sistemática de beneficios hacia círculos cercanos, erosionando la confianza institucional. Las resoluciones judiciales que se aproximan determinarán si existió fraude demostrable o si prevalecerá la narrativa de incumplimiento estatal. Lo que ya está establecido es que cientos de familias patagónicas pasaron años pagando por viviendas que nunca recibirán, mientras otros, mejor conectados, accedieron sin dificultad al mismo programa. Las consecuencias de esta bifurcación se extenderán más allá del sector habitacional, impactando en cómo los ciudadanos perciben la institucionalidad, la política y la posibilidad de acceso equitativo a derechos básicos.