La prueba bajo el escrutinio
Pasadas las doce horas de interrogatorio, un periodista salió de los juzgados federales mientras se teñía la noche porteña. Lo que cambió no fue solo el horario del reloj. Lo que se movió fue el tablero de un juicio que concentra las acusaciones de corrupción más voluminosas de la historia judicial argentina contemporánea. Diego Cabot, el comunicador que llevó adelante la investigación que puso en evidencia el circuito de pagos clandestinos durante una década de funcionarios kirchneristas, había sido sometido a un interrogatorio exhaustivo donde la defensa de los acusados buscaba desentrañar cada detalle de cómo aquellos cuadernos llegaron a sus manos. El dato no es menor: esos papeles, escritos de puño y letra por Oscar Centeno, chofer del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Cristina Kirchner, constituyen la columna vertebral de las acusaciones que hoy se ventilan ante un tribunal de jurado.
La pesquisa periodística que Cabot comenzó hace siete años descubrió un mecanismo de circulación de dinero que involucraba viajes frecuentes de funcionarios a distintos puntos del país para recaudar fondos de empresarios. Esos registros, meticulosamente anotados en ocho cuadernos durante diez años —entre 2005 y 2015—, hoy son materia de litigio. No porque su contenido sea controvertido, sino porque los abogados defensores cuestionan el origen de los documentos y cómo llegaron a poder del periodista. Un vecino, Jorge Bacigalupo, fue quien le entregó la caja con los manuscritos. Un detalle simple que en tribunales se convierte en objeto de escrutinio feroz.
La embestida en la sala: estrategia y desgaste
Lo que ocurrió dentro de los tribunales durante esas más de doce horas no fue un intercambio de preguntas y respuestas ordenado según un hilo conductor. Cabot tuvo que navegar una avalancha de consultas que, según su propio relato posterior, no seguían un orden lineal sino que lo llevaban de un momento a otro, forzando la memoria sobre sucesos que transcurrieron años atrás. En una atmósfera de tensión informativa, personal y sentimental extrema, el periodista debió rememorar detalles de una cobertura que, en su magnitud y complejidad, había implicado riesgos profesionales y personales sin igual en su carrera. Trece horas de un ejercicio mental brutal, donde los abogados —muchos de ellos representantes de empresarios y funcionarios acusados de participar en el esquema de coimas— intentaban generar inconsistencias que pudieran debilitar la validez de su testimonio.
Uno de los momentos críticos llegó cuando la defensa de Julio De Vido, representada en este tramo por una letrada que se desempeñó como ministra de Justicia durante la administración Fernández, exigió que Cabot revelara con cuáles empresarios se había reunido durante sus investigaciones. El periodista se amparó en un derecho fundamental: la protección de las fuentes periodísticas. Un derecho que, aunque está consagrado en la legislación y jurisprudencia, se vio cuestionado en la sala. El tribunal debió intervenir para definir el alcance de esa garantía. Cabot percibió —con razón— que se trataba de un momento que podría haber alterado no solo su situación personal sino la de toda la profesión periodística argentina. Si se hubiera establecido el precedente de que un comunicador debe revelar sus contactos durante investigaciones de corrupción, las consecuencias hubieran sido devastadoras para futuras indagaciones sobre temas de interés público.
La reacción de la profesión: una trinchera de palabras
Horas después de que el periodista abandonara los tribunales, la reacción del gremio fue inmediata. Conductores de programas de noticias, colegas de diferentes emisoras, abogados especialistas en libertad de prensa y figuras políticas convergieron en un mensaje similar: lo que presenciaban no era un interrogatorio ordinario sino un intento por desacreditar al mensajero cuando la evidencia que había recopilado resultaba incómoda. Cristina Pérez, desde su plataforma en una señal de cable, calificó lo sucedido como un "juego sucio" donde la estrategia consistía en "embarrar" al periodista, en debilitarlo mediante contradicciones y en cuestionar su profesionalismo. Su análisis fue más allá: destacó que los defensores de los acusados no habían podido invalidar ni los testimonios de los arrepentidos ni las pruebas documentales, por lo que recurrir al ataque contra quien llevó adelante la investigación constituía un cambio de táctica desesperado.
Pablo Rossi, desde otra plataforma informativa, utilizó un lenguaje más directo: habló de un "circo de hostigamiento" montado de manera coordinada, una suerte de "pelotón de fusilamiento simbólico" que evidenciaba la impotencia de la defensa. Su mensaje contenía una referencia explícita a una expresión histórica de la expresidenta Kirchner sobre "enjuiciar al periodismo", lo cual sugería que el comportamiento procesal respondía a un patrón de desconfianza hacia el trabajo de investigación periodística que había expuesto la trama de movimientos de dinero. Luis Novaresio fue más conciso: calificó de "vergonzoso" lo que estaba ocurriendo. Eduardo Feinmann replicó con un mensaje de apoyo explícito. Claudio Savoriale escribió una frase reflexiva sobre la insuficiencia del reconocimiento que recibe el periodismo en Argentina. Sergio Suppo, desde Cadena 3, sumó su voz de agradecimiento hacia Cabot por su trabajo.
Las voces de la política institucional
El respaldo no provino únicamente del ámbito mediático. Legisladores de distintos bloques parlamentarios utilizaron sus canales de comunicación para expresar solidaridad con el periodista. Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, no solo reconoció la calidad profesional de Cabot como investigador sino que lo caracterizó como "cultor de lo cívico", resaltando que las horas dedicadas a declarar ante el tribunal respondían a un objetivo más amplio: contribuir al esclarecimiento de la verdad. La exdiputada Paula Oliveto fue directa al calificar el interrogatorio como una "vergüenza". Laura Alonso utilizó una imagen poderosa: describió a los abogados defensores como una "jauría" enfocada en desacreditar a quien había construido las bases de una investigación judicial "colosal". Su colega de bancada Silvia Lospennazo profundizó en una observación estadística crucial: en Argentina, menos del uno por ciento de las causas por corrupción terminan en condenadas firmes, lo cual significa que sin el periodismo investigativo, la impunidad alcanzaría cifras prácticamente totales. Maximiliano Ferraro sintetizó la posición de su bloque con una palabra: "disparate".
Fuera del espacio legislativo, María Eugenia Taglieri, quien fuera titular de la Unidad de Información Financiera durante una gestión anterior, ofreció un análisis que conectaba puntos más allá del caso inmediato. Observó que cuando la defensa no puede atacar las evidencias en sí misma, la estrategia se desplaza hacia quien las pone en público. Su argumento sugería que lo que estaba en juego trasciendía a Cabot: refería a la capacidad de ciertos sectores del establishment económico de mantenerse por encima del escrutinio legal. También hizo una reflexión sobre la paradoja histórica: el mismo kirchnerismo que durante años persiguió periodistas ahora se presentaba como defensor de la libertad de prensa cuando le resultaba conveniente. Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, elevó la mirada hacia cuestiones institucionales más profundas. Planteó una pregunta que trascendía lo inmediato: ¿qué República se construye cuando la verdad puede investigarse pero no se traduce en consecuencias institucionales claras? Su reflexión tocó un nervio central de la democracia argentina: la brecha entre lo que se descubre y lo que finalmente se castiga, la desconfianza en la justicia que provoca que los ciudadanos busquen jurisdicción en otros países y abandonen la creencia en un sistema que no llega a tiempo.
El costo personal de la verdad
Durante una conversación posterior, Cabot relató la intensidad de lo vivido. Señaló que los abogados defensores incluían a letrados "muy beligerantes", representantes de funcionarios y empresarios acusados. Todos esos años, desde que comenzó su investigación, habían sido "muy difíciles" porque estaba enfrentando "el poder establecido". Muchos de los empresarios involucrados en los registros de Centeno mantenían —o mantenían más que nunca— vigencia y recursos considerables. El riesgo no provenía solo de abogados combativos. Cabot mencionó amenazas que había recibido, un clima de operaciones contra su persona, agresiones y una descalificación constante de su trabajo. Aquello que comenzó como una cobertura periodística se transformó, con el paso de los años, en una situación de exposición permanente a presiones de distinto tipo. No se trataba de un episodio puntual sino de una realidad sostenida: vivir en medio de operaciones, en una atmósfera donde su credibilidad y su integridad eran cuestionadas de manera sistemática.
Lo notable es que el periodista decidió no aceptar medidas de seguridad adicionales, tal como mencionaron sus colegas. Eligió presentarse ante el tribunal sin custodias especiales, un gesto que fue interpretado como expresión de "decencia" y "sobria valentía". Ese acto, aparentemente simple, contenía un mensaje: no se retractaría de su trabajo bajo presión, no buscaría evadir el proceso mediante mecanismos que lo apartaran del contacto con la justicia.
Implicancias y perspectivas abiertas
Lo ocurrido en la sala de tribunales durante esas más de doce horas plantea interrogantes que van más allá del caso específico. Por un lado, está la pregunta sobre los límites del interrogatorio en contextos donde se busca cuestionar no los hechos sustantivos de una causa sino los orígenes de la información que permitió construirla. Por otro, la cuestión sobre cómo funciona en la práctica la protección de fuentes periodísticas cuando se enfrenta a defensas agresivas de personas con recursos para sostener litigios prolongados. También emerge el interrogante acerca de qué sucede cuando la investigación periodística, que cumple una función incómoda pero necesaria en democracia, debe pasar por el tamiz del sistema judicial: ¿se fortalece o se debilita el mecanismo de accountability cuando lo que se pone bajo escrutinio es el proceso de recopilación de información más que su veracidad? Desde una perspectiva, el cuestionamiento detallado del periodista podría ser visto como un ejercicio legítimo de defensa en un proceso judicial donde cada elemento probatorio debe ser examinado exhaustivamente. Desde otra, podría interpretarse como un intento de dilución de responsabilidades mediante el ataque a quien documentó la trama. La tensión entre ambas lecturas permanecerá abierta, probablemente, hasta que el tribunal de jurado emita su veredicto. Lo cierto es que la declaración de Cabot, independientemente de cómo sea valorada por los jueces, ya ha generado un efecto: visibilizar los riesgos que enfrenta el periodismo de investigación en un contexto donde los poderes cuestionados disponen de recursos legales y mediáticos considerables para contraatacar. Ello, a su vez, plantea preguntas sobre la sostenibilidad de este tipo de trabajos en una democracia donde la impunidad judicial persiste como fenómeno estructural.
