El operativo que tiembla a La Paternal

Las primeras luces del jueves encontraron a La Paternal en pie de guerra. Desde temprano, efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a rodear un terreno ubicado en la intersección de San Blas y Andrés Lamas, cerrando accesos con vallas metálicas mientras más de cien personas que habitaban el lugar se veían obligadas a abandonar sus viviendas. El despliegue policial fue contundente: camionetas de seguridad, agentes en formación y un operativo coordinado que buscaba, según la versión oficial, recuperar una propiedad que llevaba casi tres décadas bajo ocupación ilegal. Sin embargo, lo que el gobierno porteño presentaba como un acto de restauración del orden público se transformaba rápidamente en un escenario de tensión, denuncias cruzadas y testimonios de familias que aseguraban ser víctimas de un procedimiento viciado desde su inicio.

El terreno en cuestión no era un inmueble cualquiera. Sus construcciones albergaban a decenas de familias que habían montado sus vidas en ese espacio durante años, creando una pequeña comunidad con niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Lo que comenzó como una operación de desalojo rutinaria se convirtió en un episodio que evidencia las grietas profundas en los mecanismos de aplicación de la ley, la falta de transparencia en los procedimientos judiciales y el abismo que separa a los habitantes de territorios ocupados de quienes toman decisiones sobre sus destinos. La mañana avanzaba mientras las autoridades municipales validaban su accionar bajo el argumento de una sentencia judicial de casi quince años de antigüedad.

Quién está detrás: el hombre del féretro de Maradona

Cuando las fuentes gubernamentales identificaron al líder de la ocupación, el nombre de Diego Molina resonó con una carga que iba más allá de la disputa inmobiliaria. Molina no era un desconocido en los pasillos de la justicia porteña. En 2021, este empleado de una funeraria había sido condenado por los tribunales por el delito de profanación de cadáver humano, luego de que una fotografía suya posando junto al cuerpo de Diego Armando Maradona dentro del féretro circulara viralmente por redes sociales, generando indignación nacional. Aquella imagen capturaba un momento de irreverencia que muchos consideraron una falta grave hacia la memoria del ídolo deportivo. Ahora, ese mismo personaje reaparecía en la escena pública como articulador de la resistencia contra el desalojo de un predio que representaba, para sus habitantes, el único refugio disponible.

La confirmación de su rol central en la usurpación llegó directamente desde los despachos del gobierno municipal, lo que planteaba interrogantes incómodas: ¿cómo alguien con sus antecedentes judiciales había logrado consolidar un liderazgo tan visible en la toma? ¿Qué mecanismos le permitieron ejercer autoridad sobre un grupo tan numeroso? Más intrigante aún resultaba que, pese a su identificación como figura clave en el procedimiento ilegal, Molina no fuera detenido durante el operativo. Las fuentes oficiales guardaron silencio sobre los motivos de esta omisión, generando especulaciones sobre las verdaderas prioridades de la intervención policial.

La batalla judicial que no termina: treinta años de disputa

Retroceder en el tiempo era esencial para comprender la complejidad del asunto. El conflicto no brotaba de la nada ni era producto de una ocupación reciente. Sus raíces se hundían en los últimos años de la década de 1990, cuando la propietaria original del inmueble delegó su administración a un tercero en 1998. Cuando la dueña decidió verificar el estado de su propiedad tiempo después, descubrió una realidad transformada: múltiples familias se habían instalado en el lugar, construyendo estructuras y estableciendo una vida comunitaria que ya había adquirido una inercia propia. Desde aquel momento hasta el jueves de desalojo mediaba una maraña de disputas legales, apelaciones, recursos y trámites que ejemplificaban la lentitud del sistema judicial argentino.

Una sentencia firme de desalojo había llegado en 2009, hace más de quince años, pero su ejecución se había demorado lo suficiente como para que generaciones nacieran y crecieran dentro del predio ocupado. Este desfasaje entre la decisión judicial y su implementación no era un detalle menor: era el reflejo de cómo el Estado permitía que situaciones de hecho se cristalizaran, creando realidades sociales que, al momento de intentar revertirlas, golpeaban a personas concretas con historias, vínculos y necesidades reales. La intervención de esta mañana no era, entonces, la rápida aplicación de una ley, sino el cierre tardío de un capítulo que el sistema había dejado abierto durante años.

Irregularidades denunciadas: la versión de quienes fueron desalojados

Mientras los efectivos policiales aseguraban el perímetro, las voces de los afectados comenzaban a relatar su versión de los hechos. Una mujer cuestionó públicamente la legitimidad del procedimiento, señalando que no había habido notificaciones previas adecuadas y que las autoridades tampoco exhibieron las órdenes judiciales que respaldaban la acción. Su testimonio no era aislado: otros habitantes corroboraban que se sentían desprevenidos, atrapados por una intervención que parecía haber buscado deliberadamente la sorpresa como estrategia operativa. Varios afectados manifestaron su disposición a abandonar el lugar, pero únicamente si se les presentaban las pruebas documentales que legitimaran legalmente el desalojo.

Las denuncias iban más allá del procedimiento administrativo. Dentro del predio vivían niños y personas con discapacidad que requerían consideraciones especiales, según argumentaban los ocupantes. Además, surgieron testimonios que hablaban de estafas: algunas familias aseguraban haber pagado dinero para comprar o arrendar espacios dentro de la ocupación, desembolsos que las dejaban en una posición particularmente vulnerable. ¿Quién respondería por esas transacciones realizadas en un terreno cuya legalidad de ocupación era cuestionable? ¿De qué forma se garantizaría que las familias vulnerables tuvieran acceso a alternativas habitacionales? Estas preguntas quedaban flotando en el aire mientras la policía establecía su control sobre el espacio.

La narrativa oficial: recuperación de orden y respeto a la propiedad

Desde la administración municipal, la narrativa era diametralmente opuesta. Las autoridades porteñas justificaban el operativo como parte de una política integral de recuperación de propiedades ocupadas, argumentando que en los últimos meses habían logrado normalizar cerca de seiscientos inmuebles en toda la ciudad. La intervención de esta mañana encajaba, según el discurso oficial, dentro de un marco más amplio orientado a garantizar el respeto por la propiedad privada y el mantenimiento del orden público. El jefe de gobierno, Jorge Macri, había respaldado públicamente este tipo de intervenciones, presentándolas como medidas necesarias para evitar que los barrios cayeran en contextos de ilegalidad y conflictividad.

Sin embargo, esta lectura omitía deliberadamente las aristas sociales del problema. Desalojar a más de cien personas sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas no resolvía la crisis de vivienda que golpeaba a sectores amplios de la población, sino que la desplazaba geográficamente. La inspección que invocaban las autoridades como justificación adicional —un presunto peligro estructural en las viviendas— parecía una coartada conveniente para legitimar una medida que, en realidad, priorizaba el derecho de propiedad sobre la realidad habitacional de familias vulnerables. La ciudad recuperaba un predio, pero ¿a costa de qué y para beneficio de quién?

Reflexión final: las fracturas del Estado en La Paternal

El desalojo de La Paternal no era simplemente un acto de restitución de propiedad. Era un espejo que reflejaba las contradicciones profundas de una ciudad que, por un lado, proclamaba recuperar el orden y la legalidad, pero por otro, permitía que figuras como Diego Molina —alguien con antecedentes judiciales graves— ejercieran liderazgo sin consecuencias inmediatas. Era también la materialización de un dilema estructural: ¿cómo reconciliar el respeto por la propiedad privada con el derecho fundamental a la vivienda? ¿Cómo ejecutar decisiones judiciales sin vulnerar los derechos de personas que, durante años, habían construido sus vidas dentro de un vacío legal que el propio Estado permitió?

Las vallas de la policía en la esquina de San Blas y Andrés Lamas no cerraban una disputa: apenas la desplazaban hacia otro lugar, hacia otra familia buscando dónde vivir, hacia otro acto de resistencia que probablemente germinaría en otra ocupación. La máquina estatal había funcionado en La Paternal, pero sus engranajes continuaban generando preguntas incómodas que la narrativa oficial ni siquiera intentaba responder.