La trama judicial que rodea la investigación sobre una propiedad rural ubicada en las afueras de Buenos Aires y los circuitos financieros internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un nuevo capítulo de turbulencia institucional. En los últimos días, dos protagonistas distantes en origen pero convergentes en intereses han presentado sendos pedidos de apartamiento contra magistrados que deberán definir dónde y cómo continúan las pesquisas sobre presuntos desvíos de recursos. La novedad radica en que estas impugnaciones señalan directamente los vínculos pretéritos de los magistrados con la entidad futbolística, cuestionando su imparcialidad desde argumentos que trascienden los habituales en este tipo de conflictos procesales.
El caso gira alrededor de una quinta ubicada en Pilar que habría estado bajo dominio de jerarcas de la AFA, así como de operaciones financieras internacionales donde al menos US$300 millones fueron canalizados a través de una empresa intermediaria. Lo que comenzó como una denuncia sobre posibles irregularidades patrimoniales se convirtió rápidamente en un conflicto de competencias entre distintos fueros, donde cada decisión jurisdiccional sobre dónde debe tramitarse genera consecuencias enormes para los investigados y los denunciantes. En este contexto, los recusantes buscan influir no solo en el fondo de la cuestión, sino en la arena misma donde se dirán las batallas legales futuras.
Las impugnaciones cruzadas: quiénes cuestionan a quiénes
Guillermo Tofoni, empresario que desde Estados Unidos impulsó herramientas legales de discovery para acceder a información sobre los movimientos de fondos de la AFA, presentó una recusación contra dos magistrados de la Cámara de Casación Penal: Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Estos jueces, junto a Alejandro Slokar, integran el tribunal que debe zanjar la disputa competencial que enfrenta al fuero federal con el fuero Penal Económico. En paralelo, Elisa Carrió, exdiputada y referente de la Coalición Cívica que originó la denuncia sobre la denominada "mansión de Pilar", presentó su propia impugnación contra Barroetaveña, reforzando los cuestionamientos sobre su participación en el tribunal.
Los argumentos de ambos recusantes coinciden en un punto fundamental: los magistrados impugnados mantienen o mantuvieron vínculos institucionales directos con la AFA que comprometerían su independencia de criterio. En el caso de Barroetaveña, la acusación es particularmente incisiva. Según los escritos presentados, el juez integró durante años el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, del cual renunció en diciembre del año pasado. El timing resulta relevante: mientras que supuestamente se ejecutaban operaciones de desvío y blanqueo de fondos, Barroetaveña presidía y participaba activamente en uno de los órganos de decisión interna de la entidad ahora bajo investigación. Carrió, en su escrito, subraya que no se trata de un vínculo casual, sino de una conexión institucional "estable y reciente", acreditada por documentación emanada de la propia AFA.
El cuestionamiento sobre la presencia del juez en la estancia bajo investigación
Un aspecto que eleva aún más la intensidad del cuestionamiento proviene de una solicitud adicional que formula Carrió. La exdiputada pide que se ordene un informe específico sobre la participación de Barroetaveña en actividades sociales desarrolladas en la estancia Villa Rosa, adquirida en 2024 por Real Central S.R.L., la sociedad que figura como titular de la quinta en Pilar y objeto central de la causa. Este punto trasciende el análisis formal de incompatibilidades y apunta directamente a cuestionar si el magistrado tuvo contacto directo con el bien bajo investigación o participó en eventos organizados en la propiedad. Si así fuera, el grado de contaminación de su imparcialidad sería prácticamente irreversible desde una perspectiva de razonabilidad judicial.
Respecto de Borinsky, Tofoni presentó objeciones basadas en pronunciamientos previos del magistrado. En mayo de este año, Borinsky había manifestado su criterio sobre la competencia federal versus la competencia penal económica, expresando su opinión de que el fuero federal retiene la causa. El recusante interpreta esta declaración anticipada como evidencia de predisposición, argumentando que cuando un juez se pronuncia públicamente sobre cómo debería resolverse la cuestión que luego deberá dirimir como miembro de un tribunal de casación, existe un riesgo concreto de parcialidad. La lógica es que quien ya adelantó cuál es su postura difícilmente pueda genuinamente reconsiderarla a la luz de los argumentos que presenten las partes en una audiencia posterior.
La batalla por la competencia: por qué importa dónde se juzga
La disputa sobre dónde debe tramitarse la causa no es meramente administrativa ni burocrática. Durante los últimos años, el expediente transitó por cuatro jueces distintos: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y actualmente Verónica Straccia, del fuero Penal Económico. En su paso por González Charvay, juez federal con asiento en Campana, el expediente experimentó un crecimiento considerable. No solo incorporó la investigación sobre la quinta de Pilar, sino que también incluyó el análisis de los flujos de dinero canalizados a través de TourProdEnter, una empresa encargada de recaudar fondos de la AFA en el exterior. Meses después, sin que se registraran avances significativos y ante presiones de los denunciantes respecto del ritmo de la investigación, la Cámara de lo Penal Económico le extrajo la causa a González Charvay.
Este traslado generó la situación actual: ambos fueros reclaman competencia sobre la causa, y la resolución de esta controversia determina no solo quién investigará, sino también cuáles serán los plazos, los estándares probatorios, las herramientas procesales disponibles y el horizonte temporal para llegar a conclusiones. Un fuero federal operaría bajo marcos diferentes a los de un tribunal de Penal Económico. Los ritmos, las facultades instructorias, la disponibilidad de recursos y hasta la perspectiva sobre qué constituye un delito económico varían significativamente. Para los investigados —la AFA, la firma TourProdEnter y los titulares de las sociedades receptoras de fondos—, la competencia asignada es literalmente la mitad del juicio. Para los denunciantes, el fuero determina si sus acusaciones serán indagadas con la rapidez y severidad que reclaman.
El expediente muestra que TourProdEnter, encabezada por Érica Gillette y el empresario teatral Javier Faroni —quien fuera legislador bonaerense del Frente Renovador—, recaudó cantidades significativas para la AFA. De esos fondos, al menos US$57 millones fueron transferidos a sociedades constituidas en Miami sin empleados ni operaciones verificadas, cuyos titulares percibían asignaciones sociales dentro del territorio argentino. Este patrón es típico de lo que se conoce en materia de blanqueo de capitales: trasladar dinero al exterior, convertirlo mediante estructuras empresariales simuladas y repatriarlo bajo apariencia de legitimidad, o mantenerlo en jurisdicciones de baja regulación. Los denunciantes afirman que hubo "circulación posterior de bienes, incluyendo conversión de remesas en efectivo y realización de actos concretos de lavado de activos como la compra de propiedades", mencionando entre otros activos la quinta en cuestión, vehículos y equinos.
Los actores en la disputa y sus intereses diferenciados
Tofoni se perfila como un actor peculiar en esta batalla. No es un funcionario público ni un fiscalizador estatal, sino un empresario que desde el exterior activó mecanismos legales estadounidenses de discovery para acceder a información sobre TourProdEnter. Este recurso fue crucial para que salieran a la luz los detalles sobre los movimientos de dinero que ahora se investigan en Argentina. Su rol ha sido el de impulsor y querellante, utilizando herramientas procesales disponibles en otras jurisdicciones para presionar la investigación local. Al presentar ahora recusaciones contra magistrados, Tofoni busca garantizar que el tribunal que defina la competencia no esté compuesto por jueces que ya se pronunciaron de antemano sobre cómo debería resolverse.
Carrió, por su parte, es la cara política de la iniciativa denunciativa. La Coalición Cívica presentó la denuncia sobre la "mansión de Pilar" y ha mantenido una posición activa en la judicialización del caso, presentando escritos y solicitudes a lo largo del proceso. Su participación en las recusaciones refleja no solo un interés procesal, sino también una postura política sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones del fútbol argentino. Carrió va más allá que Tofoni: además de impugnar a Barroetaveña, solicita expresamente que se produzca un informe sobre la presencia de este juez en actividades sociales en la estancia, un nivel de escrutinio que apunta a lo que podría denominarse "incompatibilidad fáctica" más allá de la meramente legal.
Del otro lado, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte figuran como titulares de Real Central S.R.L., la sociedad propietaria de la quinta. Ambos permanecen en una posición defensiva pero activa: sus abogados presentarán escritos en la audiencia convocada para este miércoles. La AFA, bajo la presidencia de Claudio Tapia, y TourProdEnter, encabezada por Gillette y Faroni, han negado sistemáticamente las acusaciones en su contra. Sin embargo, los titulares de las sociedades receptoras de los US$57 millones en Miami han optado por el silencio, sin que hasta el momento presenten defensas públicas articuladas sobre las acusaciones que pesan sobre ellos.
El próximo paso: la audiencia de este miércoles y sus implicancias
Una audiencia está programada para este miércoles ante la Cámara de Casación Penal. En ella, según los indicios disponibles, no se espera que salga una resolución inmediata sobre la competencia, aunque tampoco se anticipa una dilación indefinida. Presentarán escritos el fiscal ante la Casación, Mario Villar, así como los abogados de los titulares de Real Central. Lo que se dirima en esta instancia marcará el rumbo de la investigación durante años. Si la Casación decide mantener la causa en el fuero federal, volverá a manos de González Charvay u otro juez federal que asuma el expediente. Si, por el contrario, ratifica que corresponde al fuero Penal Económico, Straccia continuará adelante bajo ese régimen.
La presentación de recusaciones justo antes de esta audiencia no es casual. Tofoni y Carrió buscan incidir sobre la composición del tribunal que decidirá. Si logran que Barroetaveña y Borinsky se aparten, la resolución quedará en manos exclusivamente de Slokar, modificando sustancialmente las dinámicas internas del tribunal. Un magistrado actuando solo tiene mayor dificultad para resistir presiones externas y debe ejercer una responsabilidad solitaria sobre decisiones de enorme trascendencia. Alternativamente, si las recusaciones prosperen, podrían designarse nuevos jueces, lo que reintroduciría incertidumbre sobre cómo resolverán la competencia.
Contextualmente, estos conflictos reflejan un patrón más amplio en el litigio argentino contemporáneo: cuando las causas adquieren magnitud política y mediática, y cuando intervienen múltiples actores con intereses encontrados, las batallas procedimentales —dónde se juzga, quién juzga, en qué orden se procesan— frecuentemente se vuelven tan relevantes como el fondo del asunto. Las recusaciones contra jueces que han tenido vinculaciones institucionales previas con entidades bajo investigación representan un mecanismo legítimo para cuestionar imparcialidad, pero también pueden ser utilizadas estratégicamente para dilatar procesos o modificar la composición de tribunales de manera favorable a ciertos intereses. La línea entre el ejercicio legítimo de derechos procesales y el abuso de herramientas judiciales es a menudo difusa y depende de perspectivas que varían según la posición del observador.
En términos más amplios, la persistencia de investigaciones sobre la AFA —en este caso específicamente sobre bienes inmuebles y circuitos financieros internacionales— revela la complejidad de fiscalizar instituciones futbolísticas que durante décadas operaron con baja transparencia y alta concentración de poder. La emergencia de actores no estatales como Tofoni, que utilizan jurisdicciones extranjeras para generar presión sobre investigaciones locales, constituye un fenómeno relativamente novedoso que muestra tanto las limitaciones de los mecanismos internos de control como la creciente sofisticación de quienes intentan accountability sobre instituciones de gran magnitud. Lo que ocurra en las próximas semanas en la Cámara de Casación determinará no solo si la investigación acelera o se paraliza, sino también qué precedentes se sientan sobre cómo se dirimen competencias en causas que involucran a entidades de importancia institucional y magnitudes financieras considerables.
