La tregua política dentro del peronismo bonaerense volverá a tensionarse en los próximos meses. Aunque existe un acuerdo de convivencia que evitó una ruptura abierta hace menos de un año, las diferencias sobre quién controla realmente los principales órganos del Partido Justicialista provincial asoman nuevamente como uno de los temas más espinosos de la interna. El Congreso partidario previsto para noviembre será el escenario donde estas divergencias saldrán a la luz, evidenciando que el pacto entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner tiene límites más frágiles de lo que la fachada de unidad sugiere. Lo que está en juego es nada menos que la capacidad de decisión sobre las estrategias electorales rumbo a 2027 y la definición de candidaturas que marcarán el futuro político de la provincia.

Durante los primeros meses de 2024, ambos sectores lograron alcanzar un entendimiento que permitió evitar que las diferencias terminaran desgarrando al peronismo provincial. El acuerdo establecía un reparto de funciones: Kicillof mantendría la presidencia del Consejo Provincial que asumió en marzo, mientras que Máximo Kirchner se haría cargo de la presidencia del Congreso partidario. Sin embargo, a medida que transcurren los meses, quedan al descubierto las grietas de esa fórmula. La cuestión de fondo radica en que ambas partes interpretan el alcance del acuerdo de manera distinta. Para el entorno del gobernador, el pacto sigue en vigencia tal como fue pactado. Pero desde el lado kirchnerista, la realidad es más compleja: consideran que tienen derecho a una mayor participación en la integración de la Junta Electoral y en la dirección administrativa del Congreso, instancia que cuenta con una estructura de 22 miembros en su Junta Directiva.

Las herramientas del poder partidario en disputa

Para entender por qué esto importa, es necesario desentrañar el verdadero significado de estos órganos dentro de la estructura peronista. La Junta Electoral no es un apéndice burocrático: es el organismo que supervisa y controla los procesos internos del partido, lo que le otorga capacidad de decisión sobre cómo se desarrollan las competencias. Por su parte, el Congreso provincial constituye quizás la arena más relevante en términos de poder político real. A través de este cuerpo transitan las definiciones sobre la estrategia política del peronismo bonaerense, se habilitan o cierran alianzas electorales, y se establecen los lineamientos que marcarán la marcha de la organización. El control sobre estas dos herramientas es determinante para influir en las decisiones más trascendentes que deberá tomar el peronismo en el período que media hasta los comicios de 2027.

Las fricciones entre los dos sectores quedaron más visibles hace poco cuando se suspendió una reunión programada para avanzar en estas cuestiones. Desde la estructura que comanda Máximo Kirchner, la explicación fue clara y directa: la reunión no se concretó porque no estaban garantizados ciertos puntos que ya habían sido negociados previamente con Kicillof. Según un referente de La Cámpora, existía la expectativa de que el encuentro se realizara un viernes específico, pero no llegó a producirse. La razón que trascendió fue que algo acordado anteriormente no estaba asegurado. Desde el kirchnerismo duro apuntan con el dedo acusador hacia Andrés Larroque, uno de los principales armadores políticos del gobernador, insinuando que desde ese sector se está dando marcha atrás en compromisos previamente adquiridos. No obstante, desde las cercanías de Kicillof desmienten cualquier retroceso, asegurando públicamente que el acuerdo sigue en pie tal como fue formulado originalmente.

La sucesión en la provincia y las candidaturas del futuro

Lo que ambos bandos saben, aunque no siempre lo expresen de manera explícita, es que estas negociaciones sobre la estructura interna del partido no son un asunto meramente administrativo. Están directamente conectadas con decisiones de mucho mayor envergadura. En primer lugar, la definición de quién será el candidato peronista a la gobernación cuando Kicillof culmine su mandato está omnipresente en estas discusiones. El Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación identificada con el gobernador, está atento a asegurar que las reglas del juego interno le permitan impulsar sus candidatos. Desde esta óptica, el control de los mecanismos internos del partido es crucial. Por su parte, el kirchnerismo también aspira a tener peso en la definición de esas candidaturas, lo que explica por qué demanda mayor incidencia en la composición de la Junta Electoral y en la conducción del Congreso. En el Movimiento Derecho al Futuro no descartan que una eventual primaria bonaerense podría funcionar como herramienta para ordenar a los distintos dirigentes que aspiren a competir por la silla de gobernador. En ese escenario, quien maneje las máquinas del partido tiene ventaja significativa.

La importancia del sello del Partido Justicialista también emerge como factor central en estas negociaciones. El partido como institución política tiene capacidad para definir alianzas electorales y para determinar si una candidatura competirá bajo la bandera tradicional del peronismo o bajo otros formatos políticos. Estas decisiones pasan obligatoriamente por el Congreso provincial, órgano que en teoría debería encabezar Máximo Kirchner según lo pactado. Justamente por eso, el sector gobernista quiere asegurarse de que la presidencia de ese cuerpo no le permita al kirchnerismo demasiada autonomía en la toma de decisiones. El control compartido sobre la Junta Directiva de 22 integrantes es un aspecto fundamental que ambas partes entienden como determinante. Más allá de estas cuestiones, existen también diferencias sobre aspectos que podrían parecer menores pero que en realidad encierran disputas territoriales profundas. La elección del lugar físico donde se realizará el próximo Congreso no es un detalle menor. Durante el año pasado ya hubo roces entre dirigentes de ambos bandos sobre dónde debería llevarse a cabo el encuentro. Esa discusión combinó argumentos sobre logística y organización con una realidad subyacente: cada sector quería demostrar su capacidad territorial y su peso dentro de la estructura provincial.

Mientras el calendario partidario avanza inexorablemente hacia las fechas clave de los próximos meses, Kicillof y Máximo Kirchner se verán obligados a volver a la mesa de negociaciones. El acuerdo de unidad sigue siendo formalmente vigente, pero la realidad política cotidiana está produciendo fisuras. La integración de las autoridades que presidirán diversos órganos, el control efectivo de los mecanismos internos de funcionamiento, y las decisiones que anticipen el armado electoral de 2027 serán las principales pruebas de resistencia para medir hasta dónde se estira ese entendimiento sin que finalmente se quiebre. Las próximas semanas dirán si ambas partes logran una reconfiguración del pacto que satisfaga los intereses de cada sector, o si por el contrario terminan enfrentadas en una disputa abierta que vuelva a exponer las fracturas históricas del peronismo bonaerense.

Las consecuencias políticas de cómo se resuelvan estas cuestiones trascienden los muros del partido. Un peronismo bonaerense fragmentado o debilitado en su capacidad de decisión interna podría impactar en su proyección nacional y en su capacidad de articular una alternativa política viable para el gobierno provincial post-Kicillof. Por el contrario, si el diálogo prevalece y se logra un nuevo pacto que satisfaga ambas partes, el peronismo podría presentarse más fortalecido de cara a los desafíos electorales. Lo que suceda en las próximas semanas marcará el tenor de la competencia política en la provincia durante los próximos años, con implicancias que van mucho más allá del funcionamiento interno de una organización partidaria.