Más allá de cifras presupuestarias y argumentos de austeridad, lo que está en juego en la Ciudad de Buenos Aires es una redistribución radical del poder territorial. El partido de Javier Milei impulsa una reforma que busca transformar la naturaleza misma de las juntas comunales, aquellas estructuras descentralizadas que durante dos décadas han funcionado como eslabones entre los vecinos y la gestión central porteña. La iniciativa encendió una alarma en Pro, que ve amenazada su presencia institucional en los barrios y, de paso, su capacidad para mantener influencia en espacios donde históricamente ha dominado. Los números son secundarios aquí; el verdadero conflicto toca la distribución del poder político en la capital argentina.

Una reforma que busca reconfigurar el tablero local

El proyecto que la bancada conducida por Pilar Ramírez presentó en la Legislatura porteña apunta a un cambio estructural de considerables dimensiones. La propuesta establece que solo 15 personas —los presidentes de cada una de las comunas— mantendrían remuneración mensual, mientras que los restantes 90 comuneros pasarían a desempeñar sus funciones sin percibir salario alguno. Esto significa convertir al 86% de los cargos en posiciones ad honorem, lo que en la práctica eliminaría prácticamente toda compensación económica más allá de la estructura de dirección.

La arquitectura administrativa de la Ciudad se divide en 15 comunas, cada una con una junta comunal compuesta por siete miembros: un presidente con atribuciones ejecutivas y seis comuneros. En total, esto suma 105 representantes territoriales distribuidos a lo largo de la capital. Actualmente, según los cálculos disponibles, la administración porteña desembolsa aproximadamente $5.300 millones anuales en concepto de salarios para estas estructuras. Un comunero percibe mensualmente un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño, cifra que ronda los $4 millones netos mensuales en la actualidad. El presidente de la junta, en cambio, cobra el 70% de esa referencia. Bajo la reforma propuesta, el ahorro mensual rondaría los $380 millones, según las proyecciones del bloque libertario, aunque en términos del presupuesto anual porteño —que alcanza aproximadamente $17,3 billones— representa un porcentaje marginal.

Lo interesante es que para sortear obstáculos constitucionales, La Libertad Avanza optó por una estrategia alternativa. El artículo 30 de la Constitución de la Ciudad fija el número de integrantes de las juntas comunales, por lo que una reducción directa requeriría mayoría especial de 40 votos en la Legislatura. En lugar de intentar ese camino, el bloque que lidera Ramírez —directora de la estrategia urbana de Karina Milei— decidió mantener la cantidad de miembros pero eliminar sus salarios. Es una solución técnica ingeniosa que evita el escollo constitucional y logra prácticamente el mismo efecto: transformar la mayoría de esos cargos en posiciones de participación ciudadana sin compensación económica.

El diagnóstico libertario sobre estructuras "sin contenido"

Desde el bloque violeta argumentan que esta reforma responde a una lógica más amplia de eficiencia estatal y simplificación de aparatos burocráticos, alineada con la agenda nacional de Javier Milei. El diagnóstico que presentan en el proyecto remitido a mediados de abril sostiene que las comunas han funcionado principalmente como un mecanismo de ampliación del aparato estatal sin traducirse en mejoras sustantivas en la calidad de servicios ni en mayor eficacia en la gestión territorial. Señalan que, aunque existe un proceso de descentralización que aún no se completó en su totalidad, las facultades propias de las juntas comunales son en realidad limitadas.

En la práctica, los órganos comunales se concentran en dos funciones centrales: mantenimiento de arbolado y espacios verdes, competencias exclusivas que incluyen poda, reposición y cuidado de veredas adyacentes. Más allá de estas atribuciones, también se encargan de la preservación del patrimonio cultural de cada barrio y realizan relevamientos sobre seguridad, educación, salud, transporte y obras urbanas que elevan a la jefatura de gobierno. Funcionan, entonces, como un primer puente entre la ciudadanía y la cúpula municipal, aunque compartan muchas de sus competencias con el poder ejecutivo central. Desde LLA consideran que esa superposición de funciones y la estructura actual representan un costo político e institucional innecesario, especialmente cuando sus efectos en términos de mejora de servicios son discutibles. El argumento es directo: menos estructura, menos gasto, más eficiencia.

Pro contraataca: la advertencia sobre concentración y abandono territorial

El partido amarillo rechaza completamente este diagnóstico. Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, sostuvo públicamente que cuando una comuna cuenta con financiamiento y atribuciones adecuadas, se convierte en una herramienta excelente para la gestión territorial. Desde esta perspectiva, vaciar esos espacios de recursos humanos comprometidos solo provocaría que la gestión central pierda foco y los problemas de los vecinos queden sin respuesta. El funcionario porteño caracterizó la iniciativa libertaria como una propuesta que implica un alejamiento peligroso de la agenda real de los ciudadanos.

El argumento macrista apunta a un problema político concreto: convertir en honorarios los cargos de seis de los siete comuneros concentra todo el poder de decisión en la única figura remunerada, el presidente de la junta. Esto rompe con el modelo colegial que, según Pro, brinda eficacia, velocidad y precisión en cada barrio. Es un punto nada menor desde el punto de vista institucional. Una junta comunal con seis miembros ad honorem y un presidente asalariado no funciona de la misma manera que una donde todos los integrantes tienen dedicación equivalente y remuneración similar. La capacidad de negociación interna, la distribución de responsabilidades, el diálogo horizontal entre pares: todo eso se ve alterado cuando existe una asimetría tan profunda entre quien cobra y quien no.

El verdadero juego: las elecciones de 2025 como punto de inflexión

El trasfondo político de esta disputa es transparente cuando se analizan los números electorales. En los comicios locales de mayo de 2024, La Libertad Avanza salió primera en nueve de las 15 comunas, demostrando una capacidad organizativa importante en territorio. Sin embargo, en términos de control institucional de las juntas comunales, la situación es distinta. El partido de Milei cuenta actualmente con solo 12 comuneros de los 105 totales. La mayoría de las presidencias comunales —13 de las 15— están en manos de Pro y la Unión Cívica Radical, exaliados de Juntos por el Cambio, mientras que el Partido Justicialista preside las dos restantes.

Aquí es donde la reforma cobra su verdadera dimensión estratégica. Si en las próximas elecciones de 2025 —cuando se elegirá jefe de gobierno, 30 legisladores y los 105 comuneros— se replican los resultados electorales de mayo pasado con favoritismo hacia La Libertad Avanza, la distribución de poder podría cambiar radicalmente. Si los libertarios lograran convertirse en la mayoría dentro de las juntas comunales, bajo la estructura actual tendrían una influencia territorial considerable. Pero bajo la reforma que proponen, solo los presidentes de comunas tendrían poder real de decisión, y esos cargos dependerían en gran medida de la acción centralizada desde la jefatura de gobierno. En otras palabras, aunque Milei ganara elecciones en los barrios, los comuneros que resulten electos perderían casi toda centralidad en la toma de decisiones cotidianas.

Inversamente, para Pro representa una amenaza inmediata a su capacidad de control territorial. Si bien hoy domina las presidencias, un cambio en la composición de las juntas bajo la nueva estructura significaría que los presidentes macristas tendrían menos poder para ejercer, ya que los seis miembros honorarios de sus juntas no estarían comprometidos institucionalmente de la misma manera. En cierto sentido, es un movimiento que debilita a quien hoy domina pero que también limitaría el poder futuro de quien podría ganar. Lo que parece una reforma administrativa es, en realidad, una batalla por la reconfiguración del poder político barrial.

Descentralización incompleta y funciones difusas

Un elemento contextual importante es que la descentralización administrativa de la Ciudad de Buenos Aires nunca se completó del todo. Desde que se aprobó la Ley de Comunas en 2005, se buscaba transferir competencias del nivel central hacia las estructuras territoriales, pero ese proceso no llegó a su conclusión total. Las comunas siguen operando en un espacio gris donde sus responsabilidades se superponen con las del gobierno central, y donde sus capacidades de decisión autónoma son limitadas. Esto alimenta los argumentos de ambos lados. Para LLA, prueba de que son estructuras innecesarias; para Pro, evidencia de que nunca tuvieron los recursos adecuados para funcionar plenamente.

En las vísceras de esta disputa hay una pregunta más profunda sobre qué se espera que sea una estructura descentralizada en una ciudad moderna. ¿Espacios donde se debate y se decide colectivamente sobre asuntos barriales? ¿Meros ejecutores de políticas definidas desde arriba? ¿Canales de representación vecinal o estructuras administrativas de servicio? La respuesta a estas preguntas define cómo se organiza la vida política local y qué tan accesible es el gobierno para los ciudadanos comunes. El proyecto libertario parece inclinarse por la segunda opción, simplificando estructuras y concentrando decisiones. Pro, al menos en su retórica, defiende un modelo más participativo y colegiado.

Implicancias de una transformación institucional pendiente

Más allá de quién gane esta pulseada legislativa, la reforma plantea preguntas sobre el futuro de la gestión territorial porteña que trascienden las maniobras políticas inmediatas. Si se aprueba, la Ciudad enfrentará el desafío de mantener la calidad y la velocidad de los servicios barriales —poda de árboles, mantenimiento de espacios verdes, recopilación de demandas ciudadanas— con estructuras mayoritariamente ad honorem. Esto puede funcionar en contextos muy específicos, pero también puede generar vulnerabilidades cuando la capacidad de respuesta dependa de la disponibilidad voluntaria de ciudadanos sin compensación económica. Por otro lado, desde una perspectiva presupuestaria, los ahorros proyectados, aunque simbólicos en relación al presupuesto total, representan recursos que podrían destinarse a otras áreas. La pregunta es si el costo de esa reconfiguración institucional vale el ahorro obtenido. Distintos actores políticos, funcionarios, vecinos e investigadores académicos seguramente ofrecerán respuestas divergentes a esa cuestión en los meses por venir, mientras la Legislatura porteña debate una reforma que redefiniría la cara de la política barrial en Buenos Aires.