El oficialismo libertario comienza a resquebrajarse en torno a una de sus prioridades legislativas: la modificación del sistema electoral que permita eliminar o suspender las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Lo que parecía una tarea de alcance limitado, capaz de alcanzarse mediante consensos menores, se revela cada vez más complejo en el terreno de las negociaciones parlamentarias y federales. Patricia Bullrich, quien lidera el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, expresó públicamente sus reservas respecto de la estrategia que está desarrollando la Casa Rosada, particularmente sobre la incorporación de las llamadas colectoras como mecanismo transitorio. Esta fricción interna cobra relevancia porque expone los límites del proyecto gobernante cuando debe enfrentar acuerdos que van más allá de su propia estructura partidaria.
El diagnóstico crudo sobre un sistema que divide
Según Bullrich, el sistema actual de primarias genera distorsiones que ameritan una solución de fondo, no parches transitorios. La senadora fue categórica al caracterizar el mecanismo de las colectoras —que la Casa Rosada contempla ofrecer como concesión a los gobernadores que resisten la eliminación directa de las primarias— como un retroceso que en realidad reproduce los problemas que pretende solucionar. Sostuvo que esto equivaldría a "llevar una parte de las PASO a la misma elección", con lo cual no se resolvería el trasfondo de la cuestión sino que se perpetuaría una modalidad que considera ineficiente. Su planteo evidencia una divergencia estratégica: mientras el Gobierno busca construir mayorías mediante concesiones graduales, Bullrich propone una eliminación radical del sistema de selección previa de candidatos.
El contexto de estas tensiones es significativo. Desde que Argentina reinstauró las primarias en 2009, después de casi dos décadas de ausencia, el sistema ha generado debates persistentes sobre su utilidad. Los defensores argumentan que permite una participación amplia de la ciudadanía en la selección de candidatos; los críticos sostienen que fragmenta innecesariamente el voto, genera costos electorales elevados y, en ciertos casos, desperdicia recursos en elecciones que no producen competencia real. El Gobierno de La Libertad Avanza ingresó en la gestión con la intención de reformular este mecanismo, pero las formas de hacerlo se han revelado mucho más complicadas que lo anticipado.
Las matemáticas de una mayoría esquiva
Para que cualquier reforma electoral prospere legislativamente, se requieren mayorías agravadas: 129 diputados y 37 senadores. La Libertad Avanza posee 21 legisladores propios en el Senado y cuenta con aliados que oscilan entre 7 y 9 senadores adicionales, lo que resulta insuficiente para alcanzar el umbral requerido. Esta ecuación matemática obliga al Gobierno a buscar acuerdos con gobernadores y con espacios políticos como el PRO y la Unión Cívica Radical. Sin embargo, en ambos casos encuentra resistencias significativas.
Las negociaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su trato con los gobernadores, mientras que Bullrich se ocupa de convencer a los legisladores sin afiliación de tierra adentro en la Cámara alta. El panorama que emerge es contradictorio: mientras algunos mandatarios radicales como Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Alfredo Cornejo de Mendoza se oponen a la eliminación de las primarias provinciales, otros como Leandro Zdero de Chaco y Juan Pablo Valdés de Corrientes parecerían dispuestos a acompañar al oficialismo. En el PRO, el expresidente Mauricio Macri mantiene una posición alineada con los gobernadores radicales disidentes, al igual que el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, ejemplifica la ambigüedad que prevalece: declaró su rechazo a la eliminación de las primarias, pero abrió la puerta a una posible suspensión temporal —tal como ocurrió anteriormente—, siempre que medien diálogos más fluidos entre gobernadores y legisladores. Esta flexibilidad es interpretada por algunos como un margen de negociación, pero también revela la fragilidad de los acuerdos que el oficialismo está intentando construir. En suma, hay consenso tácito en varios capítulos de la reforma electoral, pero la piedra de toque sigue siendo el método de selección previa de candidatos.
Las PASO en la encrucijada: suspensión versus eliminación
El debate se polariza entre dos opciones: suspender temporalmente el sistema de primarias, como fue el caso durante la pandemia de COVID-19, o eliminarlo de manera definitiva. Los gobernadores que resisten la eliminación pura encuentran en la suspensión una salida intermedia que evita confrontaciones abiertas. Bullrich rechaza esta lógica, argumentando que una suspensión no resuelve el problema de fondo y que el Gobierno debe defender una postura más clara y contundente. Su perspectiva refleja una visión más ideológica de la reforma: no se trata únicamente de ajustes procedimentales, sino de replantear el modelo de democracia interna partidaria que Argentina ha construido en los últimos años.
Esta posición pone en evidencia una fisura importante dentro del oficialismo. Mientras algunos funcionarios aceptan transacciones en pos de avanzar legislativamente, Bullrich parece priorizar la consistencia ideológica por sobre los logros parciales. Su advertencia de que "el tema electoral está muy discutido" es una forma indirecta de reconocer que el Gobierno aún no cuenta con los respaldos que creía tener en la negociación con los gobernadores. Las conversaciones se encuentran trabadas en la comisión de Asuntos Constitucionales, y no se vislumbran progresos significativos hasta después del receso parlamentario invernal.
Las estrategias electorales futuras y sus implicancias
Paralelamente, desde la Casa Rosada se está replanteando la estrategia de coaliciones para 2027. El Gobierno descarta por el momento una alianza macro con los gobernadores aliados y avanza en un esquema de negociaciones "mano a mano", en función del peso electoral de cada provincia, los votos legislativos disponibles y la conveniencia política para La Libertad Avanza. Esta decisión modifica el tablero completamente: si el oficialismo no busca una coalición general con los mandatarios, entonces la presión por cerrar acuerdos electorales conjuntos se reduce, lo que otorga mayor libertad de acción pero también riesgo de fragmentación.
La reforma electoral deja de ser, en este contexto, simplemente un ajuste procedimentario para convertirse en un instrumento de posicionamiento estratégico. Eliminar o suspender las PASO beneficiaría diferencialmente a distintos espacios políticos según la provincia de que se trate. Para el Gobierno, una eliminación total sería más limpia; para los gobernadores de oposición o aliados críticos, la suspensión representa un escudo contra cambios bruscos. Las colectoras, por su parte, intentarían resolver la tensión permitiendo que provinciales mantengan cierto mecanismo de interna abierta sin afectar la elección nacional.
Perspectivas en disputa: qué significa cada opción para la política argentina
La paralización actual de las negociaciones sobre reforma electoral refleja algo más profundo que desacuerdos técnicos: se trata de una divergencia fundamental sobre qué tipo de democracia interna desea construir el país. Quienes defienden las primarias —en su formato original o suspendidas— entienden que la participación amplia en la selección de candidatos es un valor democrático que debe preservarse, incluso con los costos que ello implica. Quienes las rechazan argumentan que generan ineficiencias, fragmentan el voto y no producen elecciones competitivas genuinas en muchos casos.
Las posiciones expresadas por Bullrich y los gobernadores resistentes evidencian que no existe una única respuesta "libertaria" o "una sola" respuesta dentro del radicalismo o el PRO. Cada actor político evalúa la reforma a través de sus propios intereses electorales y su visión sobre cómo debe funcionar la democracia. El Gobierno enfrenta así una tarea más ardua de lo previsto: debe construir mayorías parlamentarias agravadas sin poder contar con el respaldo unánime de sus propios socios políticos. Bullrich, en particular, representa una línea dentro del oficialismo que insiste en coherencia ideológica frente a los pragmatismos negociadores que otros sectores privilegian. La tensión es real, los plazos se estiran, y las chances de alcanzar una reforma durante este período legislativo se reducen con cada semana que pasa sin acuerdos fundamentales. Lo que suceda con este proyecto tendrá consecuencias directas en cómo se estructuren las campañas electorales de 2025 y, especialmente, las de 2027.
